Las declaraciones del que fuera interventor de la Junta entre los años 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez, en las que ha asegurado a la juez Alaya que "todas las irregularidades" en el caso de los ERE "eran de notorio conocimiento" por parte de José Antonio Griñán, su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, y todo el Consejo de Gobierno, no supondrán novedad alguna con respecto a la carta que remitió al parlamento o lo que ya dijo ante la comisión de investigación constituida en la cámara andaluza el pasado verano. Sin embargo, el hecho de que el exinterventor las haya ratificado ahora en sede judicial tiene mucha mayor trascendencia y explica perfectamente tanto los denodados intentos del actual gobierno autonómico por impedir o, por lo menos, retrasar su declaración, como, una vez frustrados, la decisión de Griñán de anticipar su abandono de la presidencia de la Junta.
Por su parte, ya podrá la ex viceconsejera de Hacienda y actual responsable de este departamento, Carmen Martínez Aguayo, insistir en la versión con la que ha tratado de exculpar a Griñán, según la cual, no informó a su superior de lo que le alertaban los informes de Intervención, que semejante trola no se la cree nadie, empezando por la juez del caso: según atestiguan fuentes del caso la propia Alaya le habría manifestado al interventor durante su comparecencia que "ya sabemos que el consejero de Hacienda conoció los informes que usted emitía".
Y es que, por mucho que Martínez Aguayo esté dispuesta a ofrecerse como cabeza de turco nadie la cree tan incompetente como para no apreciar la gravedad de las advertencias que hacia el informe en el que el interventor pedía expresamente, además, que su contenido se pusiera en conocimiento del titular de la Consejeria. ¿Se cree alguien que no informó a Griñán de unas irregularidades que sólo en 2005 provocaron un desfase presupuestario de 93 millones de euros? ¿Se cree alguien que un Griñán y un Chaves que desconociesen dichas irregularidades no habrían pedido una explicación respecto de a qué se debía tan monumental trastoque presupuestario? Por otra parte, si fuera cierto que Martínez Aguayo ocultó todo a su superior, ¿cómo es que ni ha dimitido ni ha sido cesada en el cargo?
Ya podrá Griñán pretender que el asunto de los ERE tenga exclusivamente un "cauce judicial", que mucho, mucho tiene que confiar en la politización de la justicia para creer que ese "cauce judicial" no va a arrastrarle a él y a Chaves al banquillo.