No existen muchas esperanzas de que las medidas del anunciado plan económico tengan algún resultado positivo ya que los grupos de poder ejercen aún mucha influencia.
El plan económico de la administración Duhalde ha dejado en claro que el “default” en el pago de la deuda pública y el abandono de la convertibilidad del peso argentino no han logrado otra cosa que desatar las manos del Leviatán, despertando viejas prácticas que privilegian los intereses de poderosos grupos con influencia en la política económica. Lamentablemente, la reducción del desmesurado costo de la política, la reforma del ineficiente estado argentino, el restablecimiento de la seguridad jurídica, de los derechos de propiedad y de contratos vulnerados con la confiscación de depósitos bancarios no forman parte de las prioridades estratégicas anunciadas por el gobierno.
El abandono de la convertibilidad a través de la modificación de la carta orgánica del Banco Central permite al gobierno volver a financiar sus desequilibradas cuentas con la emisión de dinero sin respaldo, atentando contra el poder adquisitivo de los ciudadanos con el llamado ‘impuesto inflacionario’. La emisión anunciada por el gobierno representa 35% de la base monetaria del país, lo cual impactará negativamente el nivel de precios y en el poder adquisitivo de los ciudadanos. Este nuevo escenario no exige equilibrio fiscal ni eficiencia en la asignación de los recursos públicos, mientras que se abandonan las importantes reformas necesarias para reanimar a la agonizante economía argentina.
El espíritu y las medidas del anunciado plan económico hacen que las esperanzas de cambio en Argentina sean remotas. Especialmente porque quienes deberían realizar los cambios necesarios para modificar las reglas de juego son caníbales que desangran la economía y están comprometidos con grupos de poder que se benefician con un mercado cerrado y un Estado sobredimensionado, deficitario e ineficiente.
El llamado gobierno de ‘concertación’ nacional del presidente Duhalde se manifiesta como una coalición de grupos de interés políticos y económicos que coinciden en el retorno a un modelo de intervención y de economía cerrada, repartiendo privilegios y costos de forma arbitraria sobre la sociedad. Así, la “pesificación” de los depósitos bancarios a 1,40 pesos por dólar, cuando la cotización en el mercado libre es hoy de 2,40 pesos por dólar significa violentar los derechos de propiedad de los ahorristas por la intervención del Estado en los contratos privados, mientras que la “pesificación” de las deudas de empresas y particulares claramente benefició a importantes sectores y a grupos económicos locales con gran influencia política. Asimismo, la intromisión del gobierno al establecer una norma que confisca los depósitos -conocida como el ‘corralito’- por plazos hasta tres años es una protección artificial a los bancos, permitiéndoles eludir su responsabilidad frente a los depositantes. Esos mismos bancos serán compensados adicionalmente por el Estado con un bono para solventar el desequilibrio entre pasivos y activos.
Todos los argentinos pagaremos la fiesta de los deudores, del mismo modo que la devaluación del peso otorga una importante ventaja artificial a los productos nacionales, ventaja que ya se está esfumando con la inflación proyectada. Ahora, los grupos de poder están impulsando la “pesificación” de las deudas externas privadas (obligaciones negociables en dólares) a razón de un peso por un dólar, cargando el Estado nacional con la diferencia a través de un seguro de cambio.
Experimentamos así un ambiente opuesto al crecimiento económico, caracterizado por una creciente inflación, una alarmante tasa de desempleo de 22%, la desaparición total del crédito, una economía cerrada con consumidores a merced de los productores locales, falta de seguridad jurídica y baja rentabilidad en dólares. En este contexto difícilmente son creíbles las súper optimistas previsiones del gobierno para el año 2002: caída del PBI en 4,9%, inflación del 15% y déficit de $3.000 millones.
Argentina es el perfecto ejemplo del Estado copado por los grupos de interés, donde pequeños grupos de poder altamente organizados expolian al resto de la sociedad. ¿Podremos alguna vez romper este círculo vicioso de puja en la distribución de la renta, en lugar de esforzarnos en generar riquezas? La historia muestra que los países con reglas improductivas, defendidas a rajatabla por fuertes grupos de parásitos, logran escapar atando las instituciones a las de otras naciones con reglas sanas. Así, México desde su ingreso al NAFTA no sólo ha tenido tasas de crecimiento positivas sino que logró despojarse del monopolio político del PRI. También España, tras décadas de descontrol fiscal y monetario, ahora está atada a las políticas del Bundesbank.
A lo largo de la historia, Argentina no ha logrado imponer límites a la voracidad de un Estado siempre permeable a los intereses de grupos poderosos. Mientras el Leviatán no sea contenido, difícilmente puede esperarse un crecimiento sostenido de la economía argentina.
©AIPE
Guillermo M. Yeatts es presidente de la Fundación Atlas Argentina y autor del libro “Raíces de Pobreza”.
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