Roma, desde la ley Poetelia hasta la ley Julia o la de Pompeyo, condenaba el ambitu que cometían quienes recurrían al soborno y malas artes para lograr cargos públicos. Era frecuente que a la acusación de ambitu se uniese la de sodalicia, cuando detrás existía una banda, mafia o partido conspirador. Muchos siglos después, también los jesuitas tenían por una de sus faltas más graves la de ambitu, que cometía por ejemplo quien pretendiendo un obispado sobreactuaba buscando el estrellato: la Compañía le destituía de sus cargos y era discretamente retirado; cabía la rehabilitación si, tras permanecer un tiempo penitenciado, se apreciaba moderación en sus ambiciones.
Cuando se advirtió que el instructor Baltasar Garzón se preocupaba, tanto o más que del sumario, por verse acompañado de cámaras y fotógrafos en actuaciones que planeaba espectaculares y mediáticas, no hubo instrumento que atemperase aquel vicio. Y tras sus fracasados escarceos en la política partidista sectaria, pudo retornar sin más a la supuesta neutralidad que simbolizan los suyos con el fiel de una balanza.
Pronto España le resultó pequeña y aspiró a convertirse en juez de un imaginario Tribunal Universal de Justicia exento y por encima de los Estados, olvidando que el poder judicial es parte interna y esencial del poder político, y que su fuerza de obligar depende necesariamente del poder ejecutivo de cada sociedad política soberana.
Hace cuatro años ya pudo Bueno diagnosticar que Garzón sufría «complejo de Jesucristo», en su advocación de juez que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. No sólo había ampliado su jurisdicción a la Humanidad sino que se aprestaba a ser juzgador de los muertos, empezando por Franco, tras reconfirmar que había fallecido. Aquella delirante causa general que emprendió fue, sin embargo, muy bien jaleada por los mercenarios de la mal llamada memoria histórica. Sucede que España estaba y sigue estando muy enferma: no hay más que escuchar las memeces que estos días vienen excretando algunos políticos, intelectuales, opinadores y artistas.
El supremo tribunal de siete jueces españoles que, por unanimidad, ha expulsado a Garzón de ese oficio sólo ha podido hacerlo por prevaricador, por haber cometido vicios internos de procedimiento. ¿No sería necesario arbitrar mecanismos para que la sociedad pueda prescindir de jueces cuyas actuaciones y creencias resulten incompatibles con la responsabilidad que se les confía? ¿Tiene sentido encomendar una instrucción o el juicio público a un talibán consecuente, al redentor alucinado o al sectario de una banda? ¿No sería una aberración que un juez español pudiese practicar santería o vudú, por ejemplo, aunque fuese en la intimidad?
Garzón ha perdido definitivamente la posibilidad de servirse de España en sus pretensiones redentoras. Pero como por ahora no se le ha confinado, quizá otras Naciones se apresten a darle cobertura. Veinte años antes que Garzón nació Alberto Rivera Romero, un presunto jesuita que también hizo las Américas presentándose como víctima del franquismo y de la Iglesia. Vale la pena dedicar unos minutos a sus predicaciones, pues la leyenda negra da para mucho cuando se adereza con toques conspiranoicos y victimismo persecutorio. Bien es verdad que no acompañan a Garzón grandes cualidades oratorias, pero la degeneración es mucha y hay público para todo.
El Sr. Bueno Sánchez es profesor de Filosofía de la Universidad de Oviedo. Editor de la revista de pensamiento El Basilisco.