El socialismo, por definición, consiste en gobernar en forma autoritaria. Eso es cierto tanto para las socialdemocracias como para los comunismos más abyectos. Lo único que varía es el grado de coacción que el poder estatal está dispuesto a utilizar para alcanzar sus fines.
El socialismo, en cualquiera de sus variantes, se apoya en la tesis de que la intervención directriz del Estado ofrece mayores garantías de equidad, racionalidad y honradez que dejar al mercado obrar libremente y que ello es especialmente cierto en áreas particularmente “sensibles”. Por lo tanto, se utiliza la compulsión para obligar a individuos a que actúen de un modo que por su propia voluntad jamás hubieran escogido.
El monarca francés del siglo XVII, Luis XIV, es considerado el paradigma del poder absoluto. Absolutismo es sinónimo de arbitrariedad. Así que para justificar tal concentración del poder se apoyó en el pensamiento de Jacobo Bossuet, quien sostenía que la “soberanía” tiene, como rasgos distintivos, ser absoluta, sagrada, racional y paternalista.
Bajo esas premisas, los soberanos absolutos reinaron durante la Edad Moderna. Ese sistema de gobierno fue tan injusto que provocó varias revoluciones en Europa y en América.
Los hombres, que habían experimentado el yugo de la servidumbre y habían tenido que soportar inermes las arbitrariedades y privilegios de las clases favorecidas, reaccionaron enérgicamente al grito de igualdad ante la ley, descentralización del poder y, fundamentalmente, libertad económica.
Entonces, junto con las doctrinas socialistas que proclaman su preocupación por las “injusticias” del capitalismo, agazapados entre los móviles bienintencionados, volvieron los gobiernos de corte absolutista, sagrados (porque por su “origen” parecerían incuestionables), racionales y paternalistas.
El paternalismo es una de las tiranías más indignantes. Se sustenta en la idea de que el gobernante es “un buen padre de familia” que se ocupará amorosa y desinteresadamente de sus hijos “incapaces”, sus conciudadanos.
El gobierno uruguayo acaba de crear el Programa Nacional del Control del Cáncer (Pronacan). Tiene como objetivo coordinar a todos los prestadores de servicios de salud relacionados con el tratamiento del cáncer y el diseño de políticas nacionales que se aplicarán tanto en el sector privado como en el público.
El titular de Pronacan señaló que dirigirá la construcción de una red oncológica nacional que ponga en línea todas las prestaciones, públicas y privadas, relativas al cáncer. Indicó también que el Pronacan es “eminentemente normativo”, por lo cual una de sus tareas esenciales será fiscalizar la calidad de los servicios oncológicos públicos y privados.
Agregó que el Pronacan “es una deuda que tenía el país”, que ahora se concreta debido a que “es un tema en el cual Tabaré Vázquez (el presidente de la República) ha trabajado durante toda su vida médica”.
Escasos días antes, el opositor Partido Nacional había exigido la renuncia de la ministra y de las principales jerarquías del Ministerio de Salud Pública por el imprudente procedimiento en los episodios vinculados a la radioterapia oncológica y por entender que pueden existir graves implicancias entre el sector estatal y grupos privados.
