El domingo 7 de diciembre, el pueblo uruguayo tuvo que dilucidar, mediante un referéndum, sobre el mantenimiento o no de una ley votada por el Parlamento en diciembre de 2001 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 4 de enero de 2002. Con la aplastante victoria del “Sí”, opción que suponía el derogamiento de la ley, culminó uno de los episodios políticos más absurdos, dignos de figurar en la serie de Ripley, “Aunque usted no lo crea”.
En el 2006, por los compromisos ya asumidos en el marco del Mercosur, deberán caer todos los monopolios y entrará en vigencia la libre circulación de bienes y servicios dentro del área regional. Este acuerdo fue ratificado por todos los partidos políticos con representación parlamentaria de nuestro país.
Sin embargo, el gobierno uruguayo pareció ver la necesidad de disponer, por medio de una ley, de la derogación del monopolio de la importación, exportación y refinación del petróleo crudo y el de exportación de derivados del petróleo, establecidos a favor del Estado y administrado por ANCAP, empresa estatal, desde el 15 de octubre de 1931. Esto, a pesar de que Uruguay no produce petróleo.
Lo que a simple vista parecería una desmonopolización para “agilizar” los tiempos, se vuelve un tanto “turbio” cuando se fija la fecha de la caída de ese monopolio, a partir del momento en que el gobierno apruebe, luego de un llamado a licitación pública internacional, una asociación de ANCAP con empresas públicas o privadas en el área de los combustibles. O sea, lo que era preciso ahora queda indefinido y sujeto a la voluntad del ejecutivo de turno.
Para la elaboración de ese proyecto se tomó en consideración la opinión de todos los sectores políticos. Las demandas de la izquierda fueron todas incluidas, y tres de sus senadores participaron activamente en su redacción. El resultado de las negociaciones fue una norma que buscaba una asociación para fortalecer a ANCAP (que irremediablemente sucumbiría al estar expuesta a la competencia), beneficiar de manera insólita a los funcionarios de esa compañía estatal y permitirle al Estado seguir teniendo una fuente de ingresos no tributarios que maneja a discreción, según las necesidades fiscales y políticas del momento.
No era una ley pensada en el país ni en el bienestar de su gente. Nada hay en ella que garantice, ni la desmonopolización efectiva, ni que los precios de los combustibles –los más caros de la región, y casi del mundo– fuesen realmente a bajar.
Pero, por una de esas cosas de lo “real maravilloso” tan propio de los latinoamericanos, el propio sindicato de funcionarios de ANCAP, esos que de forma tan descarada eran privilegiados por la norma en cuestión, propiciaron su derogación mediante un referéndum. Y empujaron a la izquierda con ellos.
Y esos que en un primer momento acompañaron la elaboración de la ley, incluso imponiendo pautas, una vez acomodada a su gusto, no la votaron.
El Partido Comunista abogó por la estrategia “del camino largo” (recolección de firmas durante un año entero, para crear inseguridad y desalentar a futuros inversores). De ese modo, triunfó el dogma “cuanto peor le vaya al país, mejor para nosotros”. El mismo que se esgrimía en los años setenta y que terminó con una seguidilla de dictaduras, de las más siniestras que se recuerdan.
Durante la campaña electoral la izquierda mintió descaradamente. Dijo que la ley (que ella ayudó a redactar) era una “venta” encubierta. El principal defensor de la norma, el por dos veces ex presidente de la república Julio María Sanguinetti, fue el mismo que en 1992 torpedeó una reforma de las empresas públicas similar, cuando quien intentó llevarla a cabo fue un presidente de un partido opositor.
Lo gracioso es que las dos posturas políticas aparentemente enfrentadas defienden dos visones igualmente estatistas, protectoras de la inamovilidad del empleado público. El voto por “Sí” o por “No” no se diferencia en su resultado práctico para el habitante común.
Por lo tanto, no es más que una ilusión el pensar que el ciudadano con su voto orientó al país hacia una dirección u otra. Este referéndum fue simplemente otro capítulo más de una verdadera “guerra de guerrillas” que está llevando adelante una porción del sistema político uruguayo. Pero como lo dice la sabiduría popular, “El que juega con fuego…”
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