El filósofo y escritor francés Jean-Francois Revel acuñó el término “hemiplejia moral” para referirse a la ética que caracteriza a la izquierda mundial. Revel señala que los izquierdistas no juzgan los hechos, sino que catalogan a las personas y a las instituciones. Una misma acción tiene carácter positivo o negativo según sea el signo del gobierno que la realice.
Dándole la razón al pensador francés, la generalidad de los “progresistas” uruguayos han dividido a la humanidad en dos grupos antagónicos: el de los “buenos” y el de los “malos”. La derivación inmediata de este maniqueísmo es que las acciones –cualesquiera sean– de los integrantes del conjunto de los “nobles” izquierdistas sólo podrán ser generosas y desinteresadas. Mientras que las del clan de los “pérfidos” únicamente estarán guiadas por la maldad y el egoísmo.
Es por eso que desde que la extrema izquierda uruguaya asumió el poder, el Gobierno no hace más que proclamar que no será imparcial, sino que intervendrá activamente en favor de los “débiles”, quienes por definición pertenecen al grupo de los buenos.
Imbuido de ese espíritu, el elenco oficial parece sentirse omnipotente. Da la sensación que están convencidos que las trabas constitucionales, los elementales principios de derecho e incluso morales se requerían y se justificaban cuando las riendas del poder estaban en manos de los malvados. Pero ahora son totalmente innecesarias y hasta se indignan con cualquiera que opine lo contrario.
La izquierda latinoamericana califica a los Estados Unidos de imperialista. Uno de los argumentos que manejan como prueba irrefutable de tal aserto es lo que ha denominado “la doctrina del Gran Garrote”. Supuestamente fue aplicada hacia fines del siglo XIX por el entonces presidente de ese país, Theodore Roosevelt. La frase de Theodore Roosevelt que dio origen a ese mote, fue: “habla suavemente y carga un gran garrote”. Se la destaca como paradigma del cinismo político.
Esa doctrina del garrote, tan criticada cuando se trata de mostrar la “prepotencia yanqui” es la que están aplicando los “compañeros” criollos por estas latitudes.
El “estribillo” del discurso oficial incluye frases como las siguientes: “Nosotros apostamos a la negociación y al diálogo. No está planteada la expropiación de nada, no está planteado cuestionar la propiedad privada”, al tiempo que derogan el decreto que permitía recurrir a la policía para desalojar locales ocupados por gremialistas.
O la obligación que tienen los representantes de los empresarios de asistir a los “Consejos de Salarios” tripartitos, donde el Estado manifiestamente se pone del lado de los trabajadores y en contra de los intereses de los patronos y accionistas de las empresas.
El economista uruguayo-estadounidense Arturo Porzecanski, quien actualmente es profesor de finanzas internacionales en las universidades de Columbia y de Nueva York, declaró a la prensa que “si un inversionista me pregunta ‘si voy y abro una fábrica en Uruguay, ¿soy yo el que mando cuando hay que decidir qué salarios hay que pagar?’. La verdad es que no”, opinó.
Sin embargo el subsecretario de Economía uruguayo aseguró, muy suelto de cuerpo, que la negociación colectiva de salarios no apunta a “transformar la propiedad de las empresas en colegiados”.
Asimismo, en una difundida charla, la ministra de Salud Pública aseguró que uno de los objetivos de su ministerio es la regulación y racionalización de la incorporación de tecnología médica, tanto en el ámbito estatal como privado. Expresó que se ha ingresado tecnología al sector privado “con fines de lucro”. Y aunque no iba a “prohibir” la adquisición de nuevo equipamiento a las empresas privadas, “va a instrumentar los mecanismos necesarios para efectuar controles sobre su estado e impedir que reciban exoneraciones impositivas”.
