Varias veces advertí, en 1999, que el entonces candidato presidencial Ricardo Lagos, siendo en 1990 ministro de Educación, había actuado irresponsablemente, sin licitación ni decreto, a través de un particular carente de toda atribución legal, para pagar un sobreprecio de más de cuatro millones de dólares por compras en España a la empresa exportadora de un conocido personaje afín al gobierno socialista de allá.
Posteriormente se intentó investigar, pero como la Concertación manda en Chile, ninguna institución funcionó. La Contraloría comprobó los hechos, pero no inició sumario; el Consejo de Defensa del Estado los analizó, pero no entabló querella; la comisión investigadora de los diputados, con mayoría concertacionista, los confirmó, pero desechó un veredicto condenatorio.
Memorable resultó, sin embargo, el discurso del entonces diputado Nelson Avila, fiscalizador implacable, pero correligionario del ex ministro investigado: "Las irregularidades que nos ha tocado analizar" –dijo– provienen de "la situación sui generis que se da en España". Concordó en "no desconocer, porque es absurdo, el hecho de que hubo irregularidades", pero añadió: "Entonces, yo creo que tanto los aspectos de orden civil como penal están prescritos a esta altura", concluyendo que, "aparte de constatar este conjunto de hechos, no hay posibilidad real de ir más allá".
Y punto, como suele decir el mismo no-investigado.
¿De qué, entonces, extrañarse cuando ahora salen a luz el tráfico de influencias, los honorarios brujos, los sobres con billetes para los ministros y la plata fiscal para los partidos del régimen, e incluso para sus "amigos secretos", los comunistas? ¿O de la denuncia del ex senador Piñera, en el sentido de que más de cien mil millones de pesos del presupuesto van a "organizaciones no gubernamentales" (ONG), sin que la Contraloría ni nadie fuera de la Concertación sepan qué se hace con esa plata?
¡Qué ironía! Los que ganaron la Presidencia en 2000, prometiendo más igualdad entre los chilenos, ahora estiman –al decir de uno de sus exponentes más representativos– que el sueldo legal de un ministro, tres veces superior al que gana el promedio de los chilenos, es "miserable". Peor aún, quieren ser todavía más desiguales y subirles los sueldos a los ministros a un monto casi nueve veces mayor que el del promedio, y al presidente más todavía.
Y el mismo gobierno elegido en nombre de impedir la evasión tributaria resulta que entrega sobres con billetes que más que doblan el sueldo, libres de todo impuesto. Evasión flagrante.
El gobierno no da explicaciones. Dice que la ley lo obliga a guardar secreto acerca de sus gastos reservados. Entonces, ¿quiere decir que impunemente pueden eludir la Constitución y las leyes? Pues la primera ordena que los sueldos públicos sean fijados por ley, de modo que el sobre anónimo con billetes está fuera de la ley.
¡Cómo han cambiado los tiempos! Uno a uno salen a la luz pública ministros de la llamada "dictadura" precisando que el total de sus remuneraciones se pagaba con cheques perfectamente contabilizados e íntegramente tributables.
Pero hay más: ahora el gobierno, que domina todo –cámara fiscalizadora, Contraloría, Consejo de Defensa del Estado, tribunales– , anuncia una ley para sanear sus propias actuaciones. Al menos, esto es un reconocimiento de que actuaban fuera de la ley.
A propósito de eso, un lector agudo se me acercó el otro día y me señaló: Tú, que criticas a los chilenos por decir al revés los refranes, fíjate que ahora lo van a poder hacer con razón. Antes se decía: "Hecha la ley, hecha la trampa". Ahora, bajo la Concertación, se puede decir: "Hecha la trampa, hecha la ley".
Hermógenes Pérez de Arce es analista político chileno.
© AIPE
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