La crisis de Honduras presenta diversas opciones: la de la OEA, reinstalar sin condiciones al depuesto presidente Zelaya; otra negociada, mediante un cogobierno de reconciliación, de éste con la oposición, y una tercera, que decidan los hondureños en inmediatas elecciones, sin interferencias de Zelaya, de Chávez, de la OEA, de Estados Unidos ni de otros intervinientes.
A pesar de los cinismos y de la retórica de quienes lo apoyan, el destituido Zelaya fracasó en su intento de autogolpe para perpetuarse en el poder. Ahora, alentado por el ultimátum de la OEA y respaldado por su mentor Chávez y por las fuerzas sandinistas, promueve la insurrección y la violencia para retomar el poder, para siempre. Si regresa, será capturado. Debería enfrentarse a un juicio por abusos y por desacato al Congreso y a la Corte Suprema. Debe responder por convocar un plebiscito inconstitucional e impartir órdenes ilegales a las Fuerzas Armadas.
Su retorno es insensato, pues expone a su pueblo a enfrentamientos muy arriesgados. Así lo han advertido los dirigentes de su propio partido, de la oposición, de la sociedad civil y el cardenal de Honduras. Ya su frustrado intento de aterrizar en Tegucigalpa en el avión proporcionado por Chávez causó un muerto. Si es por las formas, que renuncie y, a cambio, que se le garantice inmunidad.
La intervención de la OEA para reponer a Zelaya fracasó y desprestigió a esa organización. Ella guarda silencio ante los atropellos a los pueblos de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Honduras, y omite el compromiso de la Carta Democrática con la invitación a Cuba a reintegrarse. Asimismo, ignoró un principio fundamental de la diplomacia, la negociación. Prefirió un aberrante ultimátum de 72 horas para reinstalar sin condiciones a Zelaya. Y así le fue. Quedó en la irrelevancia y en el ridículo. El ideologismo fracasó y debe recurrirse a una solución pragmática y rápida. Porque la discriminación que ha aplicado la comunidad internacional está perjudicando al empobrecido pueblo hondureño y dando nuevas ínfulas a Chávez y a Zelaya para desencadenar la violencia.
El presidente interino, Micheletti, debería convocar lo antes posible elecciones presidenciales y renunciar a su cargo, para garantizar la independencia del proceso.
Que se vayan todos los involucrados y que se respete el derecho de los hondureños a decidir su futuro, sin interferencias. Ellos son los únicos legítimamente interesados. Menospreciar sus capacidades y derechos para resolver sus diferencias es volver a las repúblicas bananeras. Lo que está en juego no es la OEA ni las influencias foráneas: es la soberanía de Honduras.