Los responsables de tamaña osadía fueron dos desconocidos: Alberto Ullastres y Mariano Navarro Rubio, que habían parido a la criatura con la anuencia del general Franco y los chillidos quejumbrosos de Girón de Velasco, Arrese, Fernández Cuesta y toda la patulea falangistoide que menudeaba por El Pardo estirándose la camisa y arqueando la espalda para ocultar sus tripones tras veinte años de poltrona. El propio Girón fue cesado por inútil. Luego, a modo de protesta, anduvo rumiando la derrota otros quince años, hasta que, ya muerto Franco, armó algo de ruido; pero le pilló la jubilación, se largó a Fuengirola y desapareció para siempre de la historia de España.
Los efectos de la estabilización fueron inmediatos. Entre 1960 y 1964 el país creció a un ritmo del 8,7% anual; la productividad lo hizo al 9%; la tasa de formación de capital, al 8%. La producción de energía eléctrica se multiplicó por dos; la de acero, por dos y medio; la de automóviles, por tres. Los ingresos por divisas pasaron de 296 a 1.104 millones de dólares; la balanza de pagos registró un inédito superávit en 1961, y las reservas del Banco de España, que en 1958 ascendían a 57 millones de dólares, se dispararon hasta los 1.500 millones seis años después. Los salarios –los reales, no los que fijaba Girón por decreto– crecieron a un ritmo inusitado del 10%, y la inflación, ese coco terrible que había traído la reforma, se mantuvo entre el 5 y el 9%.
Un milagro de los de verdad. Pero la alegría dura poco en la casa del pobre, así que, cuando todo iba viento en popa, el Gobierno pensó que todo ese crecimiento y esa prosperidad repentina eran poca cosa; que había que dar un empujoncito desde el Estado para "fortalecer y equilibrar el desarrollo". Así, con una idea tan tonta, nacieron los llamados Planes de Desarrollo. Serían, como en la Unión Soviética, quinquenales, y habrían de consistir en inyectar cantidades mareantes de dinero público en la economía para estimular el crecimiento.
La idea fue de Carrero Blanco, que encargó a un hombre de confianza, Laureano López Rodó, un catalán del Opus Dei (como Ullastres; lo que el Opus nos dio, el Opus nos lo quitó), llevarla a cabo en su integridad. Primero como comisario y más tarde como ministro plenipotenciario. Hubo tres planes, los tres igual de errados, que se extendieron desde 1964 hasta 1975. El más importante fue el primero, el del período 1964-69; los otros dos fueron parcheados hasta la muerte de Franco, momento en que los excesos del primero se habían manifestado en toda su amplitud.
El Plan, que es como se le conocía entre políticos y periodistas, era una inmensa asignación presupuestaria para que los ministerios se la gastasen a manos llenas donde López Rodó considerase oportuno. Podría ser en carreteras, en embalses, en regadíos, en vías férreas o en convertir una serena capital de provincia en un emporio industrial. A diferencia de lo que sucedía en la URSS, parte de ese dinero se canalizaba a través de empresas privadas, lo que dio lugar a extraordinarios negocios al amparo del poder. Otra parte se la gastaba el propio Estado por medio del mastodóntico Instituto Nacional de Industria y su rosario de empresas, que lo mismo fabricaban coches (Seat) que generaban electricidad (Endesa); hacían papel (Ence), trabajaban el acero (Ensidesa) o construían barcos (Bazán).
En aquellos planes se fijó, por ejemplo, que Valladolid, Vigo y Huelva fueran centros industriales, bilbaos en miniatura pero sin burguesía, sin Nervión y sin Bolsa de Comercio. Y así fue: en sólo una década, esos y otros cuatro polos elegidos de manera arbitraria entraron de golpe en la revolución industrial. Estos "ejes de desarrollo", más que equilibrar, lo que hicieron fue desequilibrar el mapa demográfico español.
En esos años se produjo la mayor migración interior de toda nuestra historia. Entre 1960 y 1973 la población de Madrid creció un 40%, y la de Barcelona y el País Vasco un 20%. Toda esa gente salió de los páramos olvidados por el Plan con una maleta de cartón y un bocadillo de panceta. En ese mismo periodo Extremadura perdió un tercio de sus habitantes; Castilla la Nueva, un 25%, y Andalucía un 10%. De haber continuado el trasiego a ese ritmo, hoy no quedaría un alma en muchas provincias; de hecho, en algunas...
Para López Rodó, éste era un sacrificio minúsculo en comparación con los beneficios que la nación en su conjunto iba a obtener. En su simpleza conceptual de burócrata satisfecho, nunca pudo comprender que el desarrollo económico no se puede incentivar desde arriba, más allá de la legislación. Pero en ese aspecto se hizo todo lo contrario. A petición de los industriales catalanes y vascos, todos muy franquistas y con mucha mano en Madrid, se fijó un nuevo y severo arancel, a modo de contrapartida por el libertinaje económico de Ullastres. Este arancel, que subsistió hasta la entrada de España en la CEE, era tan endemoniado y encarecía tanto los bienes importados, que fue objeto de más de mil decretos de modificación. Fue, en última instancia, el responsable de que a tantas pequeñas y medianas empresas españolas se las llevase el viento cuando las puertas del mercado común se abrieron de par en par, en 1986.
Los resultados de los sucesivos planes de desarrollo no fueron tan buenos como esperaba el Gobierno. Unos planes que, en palabras del ministro, iban a ser "la gran palanca de promoción social", que iban a dar la batalla "a las desigualdades en la distribución de la renta, a los desequilibrios regionales, a las estructuras defectuosas del sistema productivo y a las prácticas monopolísticas", consiguieron justo lo contrario de lo que perseguían. España se desarrolló, pero a pesar de los planes. El crecimiento del PIB no pudo igualar las tasas del lustro anterior y se mantuvo en torno al 5%... hasta el colapso del mercado petrolífero, en el 73, cuando todo el tinglado faraónico de López Rodó se vino abajo como un castillo de naipes.
Algunas de las taras que la economía española arrastra desde entonces provienen de la pésima idea de tratar de acelerar el desarrollo desde el Gobierno. Lo óptimo hubiera sido continuar la obra de Ullastres, un hombre al que jubilaron precipitadamente en Bruselas como embajador; pero no, y el país se despeñó por el precipicio del dirigismo económico, tan querido para nuestros gobernantes y tan oneroso para nuestros bolsillos.
El mercado laboral, por ejemplo, padece una legislación en lo esencial típicamente fascista y que data de los primeros 40. Algunos de los armatostes más costosos e ineficientes, como la Seguridad Social o la educación pública, adquirieron su insostenible formato actual con los planes de subdesarrollo que los tecnócratas nos endilgaron. España superó con el tiempo muchos de los disparates desarrollistas, porque este país en 500 años lo ha superado todo, especialmente ministros ineptos, pero su estela aún se deja sentir, para mal, en nuestra estructura económica.
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