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ESPAÑA

La Constitución de la Segunda República

Verdaderamente, era muy difícil gobernar España con la Constitución de 1931, tan alabada en multitud de manuales, que aluden a su perfección técnica. No era para tanto, no era para tanto.

La republicana era una de esas "Constituciones de profesores" que tanto abundaron en el período de entreguerras. Sí, estaban muy bien redactadas, porque los autores eran catedráticos de Derecho Político o de Derecho Constitucional, pero a la hora de la verdad no funcionaban bien, porque generalmente aquéllos no eran gente práctica, sino teóricos. El máximo exponente de esta clase de textos normativos fue la Constitución de la República de Weimar, que acabó como el rosario de la Aurora y con Hitler en el poder...

Técnicamente hablando, la Constitución de 1931 estaba mejor redactada que la de 1978. Su gran problema era la enorme cantidad de contradicciones que albergaba. Y es que los puntos de vista políticos de las distintas fuerzas implicadas en su elaboración eran muy diferentes. No se buscó un texto para todos los españoles, sino que cada cual pugnó por colocar lo suyo.

Ya la propia definición que daba del Estado tenía su aquél. Así, España se configuraba como una república democrática de trabajadores de toda clase. Para algunos, con lo de "República" hubiera bastado; otros apostaron por "República democrática"; pero hubo que incluir la referencia a los trabajadores para satisfacer al Partido Socialista y las fuerzas obreristas. Otro problema, por cierto, era el concepto de trabajadores que manejaba el Partido Socialista, tan amplio –es un decir, claro– como el de Cándido Méndez, que se cree que las rentas del capital son las grandes posesiones de los grandes capitalistas, y no los ahorros de un jubilado...

Durante la redacción del texto se produjeron dos grandes debates. Fueron tremendos, y muestran hasta qué punto andaba desorientada la clase política del momento.

La primera redacción corrió a cargo de una comisión de expertos, de ahí que fuera una cosa notable, moderada, aceptable, y hubiera sido pasable. El problema es que los políticos que posteriormente la discutieron no estaban en esa línea. De ahí que el gran tema fuera el religioso. Lo terrible, cuando uno examina las actas del Congreso de esos días, es, precisamente, constatar que el religioso fue el gran tema, no el control parlamentario del Gobierno, o la constitución del Ejecutivo, o el funcionamiento del dichoso Tribunal de Garantías Constitucionales...

José Ortega y Gasset.En el texto inicial, el problema religioso se solucionaba de una manera a mi juicio bastante sensata, la misma por la que se apostó en 1978; es decir, se establecía la separación entre Iglesia y Estado pero se reconocía que la Iglesia Católica, por razones históricas y sociológicas, tenía un peso especial, por lo que la relación entre ambas instituciones había de ser igualmente especial.

Esa fue la solución que propusieron Ortega y la Agrupación al Servicio de la República y la que, repito, aparece en la Constitución de 1978; y parece bastante sensata. Sin embargo, para los masones se trataba de algo intolerable, y en los debates que se sucedieron entre el 27 de agosto y el 1 de octubre consiguieron dar un vuelco a la cuestión: se abandonó la senda moderada por otra que buscaba la condena de la Iglesia Católica a la clandestinidad, prácticamente. Los diputados masones responsables del vuelco acabaron ganando para su causa a todos los del Partido Socialista, a todos los radical-socialistas y a la Esquerra, que sólo tuvo un voto particular... para abogar por la disolución de todas las órdenes religiosas y la nacionalización de todos sus bienes; eso sí, los que estaban en Cataluña no podían salir de Cataluña. Es decir, que eso, más que una nacionalización, era una catalanización de los bienes eclesiásticos...

Al final, ¿cómo se solventó la cuestión religiosa? Pues con la disolución de la Compañía de Jesús, la prohibición de que las órdenes religiosas se dedicaran a la enseñanza –lo que sería letal para el sistema educativo, que en buena medida descansaba en los centros religiosos– y el encasillamiento de la Iglesia Católica en una situación legal muy difusa y, por ello, harto perjudicial.

A esto, ya de por sí terrible, pues significaba que la mitad de la población iba a mostrar, muy posiblemente, encono por la Constitución, se unían las contradicciones de la misma. Y es que el texto, por un lado, quería ser jacobino y, por el otro, dar satisfacción a los nacionalistas catalanes: de ahí que se hablara de un Estado integral al estilo jacobino y al mismo tiempo de los estatutos de autonomía. Igualmente, se aspiraba a erigir un Estado jacobino, con grandes clases republicanas de carácter medio, al estilo francés, pero a la vez se hacían concesiones al obrerismo...

En definitiva: la ley fundamental de la República era un auténtico campo de minas. Además, no abordaba los grandes problemas nacionales. En realidad, era imposible arreglar nada a partir de ella, porque era muy sectaria e irreal.

Lo más grave no es que la Constitución fuera mala, sino que sus redactores lo sabían. Los juicios de los grandes dirigentes republicanos sobre ella son tremendos. Alcalá-Zamora afirmará –antes incluso del año 34–: "[La Constitución] se dictó sin mirar a la realidad nacional. Se procuró legislar obedeciendo a teorías, sentimientos e intereses de partido, sin pensar en esa realidad de convivencia patria, sin cuidarse apenas de que se legislaba para España". Y añadirá: "Fue una Constitución que invitaba a la guerra civil; desde lo dogmático, en que imperaba la pasión sobre la serenidad justiciera, a lo orgánico, en que la improvisación, el equilibrio inestable sustituían a la experiencia, a la construcción sólida de poderes". Lerroux tenía el mismo juicio, y Azaña, en vísperas de la guerra, confesará: "El gran problema es que no hemos hecho una Constitución para todos los españoles".

A buenas horas, mangas verdes.


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