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ESPAÑA

La fabricación del odio

Un aspecto esencial de la transición fue la ausencia de odio político entre la inmensa mayoría de la gente: solo la ETA y sus colaboradores habían logrado crearlo en grado apreciable en Vizcaya y Guipúzcoa.

Tanto el referéndum para la reforma democrática de diciembre del 76 como las siguientes elecciones dejaron de manifiesto que los partidos más votados eran aquellos con imagen de moderación, fuera esta real o no. Porque en algunos casos no lo era, particularmente en el del PSOE, un partido de clase –aunque González, Guerra y compañía jamás habían probado el trabajo obrero– que salía prácticamente de la nada clamando por una economía autogestionaria y la autodeterminación de las nacionalidades, que rechazaba la monarquía y exigía la ruptura para enlazar con la legitimidad del Frente Popular. Aun así, disfrutó de una imagen moderada porque se tendía a asimilarlo a las socialdemocracias europeas y porque su terrorífica historia había quedado olvidada, hasta el punto de que se atribuía "cien años de honradez" sin otra réplica que algunas gracietas inocentes. En cambio, el PCE, que había aceptado la monarquía, la bandera, la economía de mercado, la unidad nacional, etc., daba la impresión de ser extremista, tanto por la experiencia histórica de su utilización de la democracia liberal para destruirla (algo que había hecho también el PSOE) como por el bagaje de los regímenes comunistas.

Casos curiosos fueron también los de UCD y AP. El primero de estos partidos, bajo el impulso de un Suárez deseoso de borrar su pasado en el Movimiento, facilitó que el término franquista se convirtiese en un sambenito radical, como pretendía la izquierda, y que fuese Fraga quien cargase con él. Paradójicamente, a UCD lo veía el electorado de derecha como el partido predilecto del rey Juan Carlos, con quien se identificaba la reforma democrática "de la ley a la ley" y cuya autoridad derivaba directamente de Franco. Esto influyó en gran medida en las dos victorias sucesivas cosechadas por esa formación.

Comoquiera que fuese, el hecho decisivo es que la población mostraba un talante moderado, esto es, reconciliado, y que ello, más que los aciertos de unos políticos en general superficiales y mediocres, facilitó una transición sin traumas, salvo el terrorismo. Con oportunismo en unos casos y falta de análisis en otros, se ha dicho que la transición reconcilió a los españoles, cuando fue precisamente al revés: los políticos de la transición pusieron en riesgo una reconciliación previamente alcanzada.

No extrañará, por tanto, que quienes, como el gobierno actual, atacan la transición por haberse hecho desde la legitimidad franquista, y no rompiendo con ella, traten simultáneamente de recrear odios como los que hundieron la república, de la que se pretenden herederos. Y el método adoptado recuerda mucho al empleado por las izquierdas para fabricar en los años 30 un ambiente irrespirable.

Conviene señalar que el odio es consustancial a las izquierdas mesiánicas, predominantes en el pasado y aún hoy en España: sus adversarios políticos eran, a su juicio, explotadores, opresores, oscurantistas, enemigos del progreso y, en general, del pueblo; nada más justo, pues, que el odio hacia ellos. Así las cosas, el odio, como indicaba no hace tanto Castilla del Pino, se convierte en un sentimiento positivo.

El método seguido en la república, y ahora, consiste en acusar obsesivamente al contrario de los crímenes más horrendos. Estas prácticas conocieron un auge espectacular después del fracaso de la insurrección de octubre del 34, con una campaña de infundios sobre la represión de Asturias que transformó la derrota político-militar de las izquierdas en una victoria moral: los autores de esa rebelión contra la república quedaron como víctimas de unas derechas vesánicas y de una crueldad insondable, en lo que fue una recuperación de las clásicas falsedades de la leyenda negra.

La campaña, terriblemente efectiva, logró llenar de odio a grandes masas de la población, y se convirtió en el eje de las elecciones de febrero del 36, en las que la izquierda prometió investigar aquel terror, achacado a la derecha. De su veracidad da cuenta el dato de que, una vez en el poder, las izquierdas olvidaron su promesa e hicieron caso omiso de las exigencias de la CEDA para que la cumpliesen.

Hoy, las izquierdas, irreconciliables e incapaces de aprender de la historia, insisten en campañas semejantes en torno a "los crímenes del franquismo", que ya han fanatizado a mucha gente, rompiendo el espíritu de la transición.

Durante un tiempo hablaron sobre todo del terror durante la guerra, hasta que las oportunas réplicas demostraron que el terror izquierdista no solo no había sido menor, sino que había resultado más sádico y sañudo. Entonces derivaron hacia la represión de posguerra, inflando los números de manera salvaje, al estilo de la campaña de Asturias. Pero aquella represión se hizo mediante juicios que probaron la responsabilidad de miles de izquierdistas en multitud de crímenes. ¿Cómo borrar esa realidad histórica? Afirmando la nulidad de aquellos juicios por "falta de garantías". Pero no solo tenían garantías, bastantes más que los tribunales populares, sino que, por esa norma, podrían anularse todos los juicios habidos en el pasado, en España y fuera de ella, que no cumplieran las garantías actualmente en vigor (y que siguen sin asegurar una justicia estricta, máxime cuando gobiernan los enterradores de Montesquieu).

Lo que intentan es borrar el rastro de los crímenes izquierdistas, equiparando a sus autores con los inocentes, a García Atadell con Peiró, bajo el epígrafe común de víctimas del franquismo. Esta equiparación exalta a los criminales y rebaja al nivel de estos a los inocentes, y solo puede nacer de gentes que se identifican con los culpables. Porque la campaña no busca clarificar la historia, sino fabricar odio, y es en sí misma tan criminal como la de la represión de Asturias. En estas malas artes, la tradición izquierdista-separatista viene de lejos.

 

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