El agua es vida, dice Boff. Y tiene razón. En el mundo, una de cada seis personas no tienen acceso a agua potable, lo que ocasiona la muerte por enfermedades de 11 millones al año. En lo que se equivoca Boff es al sostener que estas muertes podrían evitarse con la distribución igualitaria y gratuita. Es todo lo contrario: la escasez de agua que mata a millones de pobres se debe a la negativa de los socialistas, en todas partes, a permitir a las empresas privadas su distribución.
De aplicarse la irracional utopía socialista –"Nadie debe ganar dinero con la satisfacción de necesidades humanas básicas"– al suministro de alimentos, vestimentas y viviendas, el hombre volvería a las cavernas.
El acceso al agua potable es tan importante que su distribución nunca debió quedar a cargo de los políticos. De hecho, siempre que sea necesario satisfacer una necesidad económica esencial es imprescindible dejarlo a la empresa privada. Únicamente en el mercado se pueden satisfacer con eficiencia y al menor costo posible las necesidades humanas. Los gobiernos deben limitarse a proveer "bienes públicos" esenciales como la justicia, la seguridad y la defensa nacional.
Fredrik Segerfeldt, en su libro Water for sale, explica que la mejor estrategia para que los pueblos accedan al agua limpia y segura es dejar su provisión al sector privado. La empresa y el mercado pueden resolver la crisis mundial del agua; no se trata de escasez, como aseguran los ecologistas, pues sólo la lluvia provee más de 19.000 litros de agua por día y persona en el mundo.
La crisis surge de la falta de inversión. En los países pobres casi la totalidad del agua potable (97%) es suministrada por el sector público, que carece de los recursos necesarios. Sus gobiernos deben invertir más de 180.000 millones de dólares anuales para la provisión de agua, lo cual es irrealizable. Otros problemas del sector público son la insuficiencia del mantenimiento, la mala administración y las leyes y regulaciones anacrónicas.Los socialistas y los grupos de interés provocan el rechazo de la gente al suministro privado asegurando que dejará a los pobres sin acceso al agua potable. Al contrario, el que deja a los pobres sin agua es el sistema público actual. Segerfeldt explica que el precio del agua suministrada por empresas privadas, si bien puede aumentar para los usuarios que ya tienen conexiones, para los pobres que no están conectados a la red siempre disminuye. Además, en estos sistemas los pobres ya no precisan caminar largas distancias para conseguir agua, ni pagar a los aguateros mucho más que el costo del agua corriente. En Cochabamba, Bolivia, los pobres que no tienen conexiones pagan por el agua diez veces más que los ricos con acceso al sistema público.
En Buenos Aires, el suministro de agua por una empresa privada en 1993 aumentó en un 30% la cantidad de viviendas con agua corriente y en un 20% la red sanitaria. El sistema creció un 38% en seis años y el costo del agua para los usuarios se redujo en un 17%, y en muchos barrios pobres bajó a una décima parte. Más importante: el sistema salvó la vida de cientos de miles de niños que mueren por enfermedades causadas por el agua contaminada. Aun así, los ecologistas lo consideran un "fracaso".
En todas los lugares donde el suministro de agua pasó a la empresa privada, desde Macao (China) hasta Nueva Guinea, el aumento del consumo impulsó el crecimiento económico, dado que el agua es esencial para la salud, la producción de alimentos y el desarrollo industrial.
Los pobres a menudo pierden mucho tiempo en conseguir agua. Su provisión debiera estar a cargo exclusivo del mercado, nunca quedar sujeta al capricho e ineptitud de los gobiernos.
© AIPE