La globalización como palanca de progreso
A pesar del discurso pesimista que solemos encontrarnos en los medios de comunicación, las últimas décadas han estado marcadas por un notable progreso social y económico a nivel global. El derrumbe del comunismo, el avance del capitalismo, el progreso de la sanidad y el desarrollo de nuevas tecnologías han permitido que la incidencia de la pobreza haya caído de 2.000 a 800 millones de personas entre 1990 y 2015, de acuerdo con los datos de la ONU.
La confluencia de estos aceleradores del progreso ha resultado en una economía cada vez más globalizada. Las oportunidades de enriquecerse se han multiplicado, lo que se ha traducido en un crecimiento más inclusivo. Nos movemos, por tanto, en dirección a un paradigma más competitivo, más vibrante y más dinámico.
Desde el punto de vista fiscal, el avance de la globalización se traduce en un tablero de juego más diversificado y plural. En un mundo más cerrado, una empresa o un contribuyente tienen menos opciones de elegir un marco tributario que se ajuste a sus necesidades. Sin embargo, la realidad del siglo XXI es muy distinta y todos los días conocemos nuevos casos de compañías o profesionales que se mueven de un territorio a otro en busca de un mejor trato impositivo. Esta dinámica favorece necesariamente al sector privado, ya que la competencia tributaria entre distintas jurisdicciones actúa como un contrapeso que va en detrimento de políticas fiscales agresivas.
Fijémonos, por ejemplo, en la evolución del Impuesto sobre la Renta en los países de la OCDE: en 1980, su tramo superior alcanzaba, de media, el 70%, mientras que en la actualidad se mueve en tasas del 40%. Algo parecido ocurre con el Impuesto de Sociedades: hace cuatro décadas, la retención aplicada a los beneficios empresariales rondaba, de media, el 50%, mientras que hoy ronda el 25%. Estas rebajas fiscales han tenido un efecto expansivo en la economía, hasta el punto de que la recaudación obtenida de estos tributos no solamente no se ha desplomado, sino que en muchos casos ha crecido, como había anticipado en la década de 1980 el economista estadounidense Arthur B. Laffer.
La 'competencia tributaria' en Europa
Las autoridades comunitarias no ven con buenos ojos la existencia de regímenes fiscales diferenciados entre los distintos países de la Unión Europea. Como solución, se plantea la necesidad de armonizar los sistemas tributarios de los países miembros. Esta pretensión choca con la soberanía de aquellos gobiernos que apuestan por bajar impuestos para atraer empresas, capitales y trabajadores.
El debate está presente en el Viejo Continente desde hace años, aunque quizá Francia es el país en el que más se ha hablado de este fenómeno. El Consejo Económico de la Presidencia de la República estima que más de 10.000 empresarios y altos directivos han tomado el camino del exilio fiscal, lo que se traduce en una pérdida de 70.000 millones de euros para el PIB galo. Más abultadas aún son las cifras que maneja el Círculo de Contribuyentes, que cifra la riqueza perdida por Francia en más de 200.000 millones de euros. No pocos analistas habían alertado de este fenómeno desde la década de 1990, pero el debate no saltó a las portadas de los periódicos hasta que las salidas por motivos tributarios empezaron a ser protagonizadas por personalidades relevantes. Es el caso del actor Gérard Depardieu, la supermodelo Laetitia Casta, el crooner Charles Aznavour o la estrella de rock Johny Hallyday.
Uno de los destinos preferidos de los exiliados fiscales franceses es Reino Unido. Resulta curioso que las islas británicas se hayan convertido en un polo de atracción, pues hace algunas décadas eran todo lo contrario. Sonados fueron las salidas por motivos tributarios de The Beatles, The Rolling Stones, David Bowie, Phil Collins, Pink Floyd, Led Zeppelin, Ozzy Osbourne, Rod Stewart, Tom Jones, Freddie Mercury, Sting, Sean Connery, Roger Moore, Michael Caine…
Las rebajas fiscales aprobadas en la década de 1980 por los gobiernos de Margaret Thatcher empezaron a revertir esta tendencia. No obstante, la llegada al poder de Gordon Brown supuso un cambio de rumbo fiscal que volvió a poner encima de la mesa la importancia de adoptar políticas fiscales atractivas en tiempos de globalización. El primer ministro laborista subió los impuestos a las rentas altas pero se encontró con que el número de millonarios se redujo de 16.000 a 6.000 personas, una fuerte caída que se tradujo en un descenso de la recaudación. Entre los que han cambiado su residencia fiscal para abandonar su país natal nos encontramos con pilotos de Fórmula 1 como Jenson Button y Lewis Hamilton, así como con empresarios como Richard Branson, fundador del Grupo Virgin.
Donde no hay tantos vaivenes tributarios es en Irlanda o Suiza, dos países que han apostado de forma clara por un régimen de impuestos bajos para contribuyentes y empresarios. El caso de Irlanda es paradigmático, ya que las autoridades comunitarias llevan años pidiendo a la isla que aumente la presión fiscal que aplica a las empresas. A pesar de estas presiones, los sucesivos gobiernos han mantenido intacta la apuesta por los impuestos bajos que ha hecho que empresas multinacionales como Facebook, Microsoft o Google instalen allí su base de operaciones en Europa.
La 'competencia tributaria' en EEUU
A menudo se identifica a los Estados Unidos de América con un marco tributario basado en los impuestos bajos. En comparación con muchos países desarrollados o emergentes, este mito sigue siendo cierto; no en vano, podemos encontrar ciudades estadounidenses repletas de exiliados fiscales, como es el caso de Woodlands, un auténtico refugio de millonarios latinoamericanos.
Sin embargo, también es cierto que las políticas tributarias del país del Tío Sam han empujado al exilio fiscal a muchos contribuyentes. De hecho, el número de ciudadanos que renuncia cada año a su pasaporte estadounidense no para de crecer y se sitúa ya en niveles cercanos a las 1.500 personas. En la mayoría de los casos, el fisco ha detectado que estos profesionales se trasladan a países de impuestos bajos, siguiendo el ejemplo de personalidades como el empresario Eduardo Saverin, que se fue a Singapur, las cantantes Diana Ross y Tina Turner, que emigraron a Suiza, o el empresario John Templeton, que se trasladó a las Bahamas.
Quizá el principal reto que tiene EEUU en clave fiscal tiene que ver con las empresas. Bajo su código fiscal, las empresas que obtienen beneficios en el extranjero deben pagar una tasa para repatriar esos beneficios. ¿El resultado? Las sociedades del país norteamericano mantienen más de dos billones de dólares en el extranjero, evitando así un mordisco tributario que puede llegar al 40%.
Por otro lado, llama la atención que en EEUU también se observa una intensa competencia tributaria dentro de las fronteras del país. Y es que, a raíz de la descentralización fiscal, no pocos contribuyentes han cambiado su residencia de un Estado a otro. Los estudios de Travis H. Brown apuntan que estos movimientos han supuesto el desplazamiento de dos billones de dólares entre los diversos territorios de la Unión. Florida, Texas o Nevada son algunas de las jurisdicciones que salen mejor paradas, mientras que California o Nueva York se sitúan en el extremo opuesto.
Pero la competencia tributaria en el interior de Estados Unidos también se da en el ámbito local. Un ejemplo lo tenemos en Detroit: desde 1950, dicha urbe ha perdido el 60% de su población… pero buena parte de sus ciudadanos se han trasladado al condado vecino de Oakland, que ha triplicado su número de habitantes y se ha convertido en una de las demarcaciones más ricas del país del Tío Sam. Así, mientras la vieja ciudad del motor caía en bancarrota a lo largo de 2013, Oakland prosperaba con regímenes fiscales especiales que han captado miles de millones de dólares en nuevas inversiones.
La 'competencia tributaria' en España
En clave española, el fenómeno de la competencia tributaria también está muy presente. El mejor ejemplo lo tenemos en los datos de movimientos empresariales que se vienen produciendo desde que el gobierno autonómico de Cataluña empezó a poner encima de la mesa su hoja de ruta hacia la independencia. Así, si analizamos el periodo comprendido entre 2008 y el primer semestre de 2015, nos encontramos con más de 3.100 empresas que han trasladado su sede desde Cataluña a otras comunidades. Entre ellas figuran firmas como Coca Cola, Ausonia, Montblanc o NH Hoteles.
La mitad de estas sociedades han elegido Madrid como su nuevo centro de operaciones. No sorprende que así sea: al fin y al cabo, la región de la capital de España tiene un marco fiscal mucho más atractivo en todos los tributos que dependen del poder autonómico. En Madrid, el IRPF es más bajo, el gravamen de Sucesiones y Donaciones está prácticamente eliminado, no hay impuesto de Patrimonio y los tipos aplicados en gravámenes como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados están entre los más reducidos de España.
Semejantes diferencias suponen también un incentivo para que los contribuyentes se muevan de Cataluña a Madrid. Entre las rentas más altas, un trabajador con un sueldo de 500.000 euros paga 20.000 euros menos al fisco si fija su residencia en la capital del país y no en la Ciudad Condal. En cuanto al Impuesto de Patrimonio, una fortuna de cuatro millones de euros abonaría 40.000 euros al año en Cataluña mientras que en Madrid no abonaría ni un solo euro.
Así, si nos fijamos en los contribuyentes que ganan más de medio millón de euros, vemos que la mitad de este colectivo reside en Madrid, frente al 40% que se registraba en 2008. Bajando el umbral de ingresos a los 150.000 euros anuales, vemos que la capital de España atraía al 35% en 2008 frente a los niveles cercanos al 45% que se observan en la actualidad.
La tendencia también se observa si analizamos al resto de trabajadores. Se estima que, entre 2008 y 2015, la Comunidad de Madrid se ha mantenido como la región que recibe a más profesionales, con una ganancia neta de casi 30.000 personas. A continuación aparecen dos regiones caracterizadas por un marco de impuestos bajos: Baleares, que gana 12.000 profesionales en plena crisis, y País Vasco, que capta a 11.000 trabajadores desde 2008.
Por el contrario, regiones de impuestos altos se colocan entre las que pierden un mayor número de trabajadores. Es el caso de Andalucía, que vive un descenso de 15.000 profesionales, o de Cataluña, donde hay una caída de 11.000 personas.
Aprendiendo las lecciones: una reforma fiscal para enriquecer a España
Atendiendo a todo lo anterior, parece evidente que, desde el punto de vista fiscal, España haría bien en plantear una reforma fiscal coherente con las dinámicas de la globalización económica. Es más necesario que nunca aprender las lecciones de la competencia tributaria y actuar en consecuencia, para que nuestras leyes fiscales reflejen la realidad del mercado.
¿En qué se traduciría una reforma fiscal así? Vayamos punto por punto:
El primer gravamen sobre el que habría que actuar es el Impuesto sobre la Renta, que debe ser simplificado y rebajado. En los peores momentos de la crisis, con la recaudación por los suelos, los estudios de José Félix Sanz ya apuntaban que sería posible eliminar todos los tramos vigentes y sustituirlos por dos tipos, uno del 25% y otro del 35%. Dicha propuesta partía de un aumento del mínimo exento que aseguraba que todos los contribuyentes verían reducida su carga fiscal.
Ahora, en 2016, la situación fiscal es más favorable. De hecho, aunque en 2015 se recortaron los tipos del IRPF, la recaudación aumentó ligeramente. Por tanto, la propuesta original de Sanz puede ser revisada, con ánimo de adoptar dos nuevos tramos que se quedarían en el entorno del 20% y el 30%. Estos umbrales colocarían el sistema fiscal de España como uno de los más atractivos entre las grandes economías desarrolladas.
El segundo punto que se debería tocar es el Impuesto de Sociedades. De entrada, debe quedar garantizada la deducción total de los beneficios cosechados en el extranjero. Además, sería preciso eliminar deducciones a cambio de rebajar el tramo general para acercarlo al efectivo. Esto dejaría el Impuesto de Sociedades en niveles del 15%, lo que aumentaría notablemente la competitividad fiscal de España a la hora de captar empresas.
El tercer tributo que habría que abordar sería el Impuesto de Patrimonio, un gravamen que ha sido abolido en la mayoría de países de nuestro entorno pero que España ha recuperado en los últimos años. Para evitar esa desventaja comparativa, sería necesario derogar el Decreto Ley 13/2011 y recuperar la Ley 4/2008, que suprimía este impuesto.
El descenso recaudatorio no sería significativo: los ingresos que genera este gravamen apenas alcanzan los 1.000 millones de euros. Por el contrario, el cambio sería claramente positivo desde el punto de vista técnico (supondría la eliminación de una figura que supone una doble tributación), económico (facilitaría el incremento del patrimonio de las familias) y moral (enviaría un mensaje favorable respecto a la creación de riqueza).
El cuarto punto que sería necesario analizar sería el de los impuestos autonómicos, con especial énfasis en dos figuras: por un lado, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones; por otro lado, los más de 70 gravámenes que han introducido los gobiernos regionales. Ambas medidas supondrían un descenso recaudatorio de 4.000 millones de euros, menos del 1% del gasto público anual que asumen las Administraciones Públicas españolas.
Por tanto, en aras de tener un marco tributario más sencillo y atractivo, sería conveniente acabar con estos impuestos, revisando incluso la financiación territorial para cerrar la brecha fiscal que enfrentarían aquellas comunidades que se sumasen a la iniciativa.
En quinto y último lugar, parece lógica una reordenación del IVA orientada a simplificar su funcionamiento y converger hacia un tipo único que, de entrada, se situaría en el 14%.
Aplicar estos cinco grandes ejes de reforma fiscal no tendría un coste significativo para las arcas públicas pero sí enviaría un mensaje claro y certero a los contribuyentes y los empresarios nacionales e internacionales. El atractivo tributario resultante de una reforma así sería completado con rebajas impositivas adicionales que, con toda probabilidad, se podrían financiar con el aumento de los ingresos que generaría esta apuesta por enriquecer al sector privado.