Azaña y la democracia

Franco, durante la república, no era un demócrata, se limitaba a acatar el régimen, y no pensaba rebelarse contra él a menos que tomara una vía revolucionaria. Así, no entró en el golpe de Sanjurjo, frenó en tres ocasiones posibles un golpe de estado, y en octubre de 1934 defendió la legalidad contra los partidos izquierdistas que la asaltaban. Cuando él se sublevó, en julio de 1936, se habían alzado contra la república, además de Sanjurjo, los anarquistas, los socialistas, los nacionalistas catalanes y… Azaña.

Los panegiristas del político alcalaíno lo presentan como paradigma de demócrata y liberal, pero las pruebas que aducen se limitan a frases y expresiones del propio político al margen de su conducta práctica, la cual intentaré resumir aquí.

Azaña entró en la política republicana con un cántico al extremismo. Miembro del Pacto de San Sebastián, que trató de imponer la república mediante un golpe militar o pronunciamiento, expuso sus intenciones en varios discursos, poco antes de que el golpe fracasara, en diciembre de 1930. En ellos se proclamó orgullosamente “sectario”, anunció que no promovería la moderación, y definió el futuro régimen como una república “para todos los españoles, pero gobernada por los republicanos”. Para él, sólo los partidos autoproclamados republicanos poseían “títulos” para gobernar. Esta idea remite al despotismo ilustrado, no a la democracia, y menos aún si recordamos que los llamados republicanos eran pocos, divididos y mal avenidos entre sí. ¡Asombrosamente, el propio Azaña los ha retratado en sus diarios como una caterva de botarates!

No obstante, la república llegó como un régimen representativo de casi todas las tendencias, pues tanto el movimiento antimonárquico como la toma efectiva del poder, el 14 de abril, habían sido dirigidos por los conservadores católicos Alcalá-Zamora y Miguel Maura, y el primero de ellos era el presidente del Gobierno provisional. Parecía, y muchos así lo creían, que esta Segunda República iba a tener poco en común con la convulsa Primera. Pero esa esperanza inicial cayó por tierra ante de un mes, en mayo, por obra de la quema de iglesias, bibliotecas, centros de enseñanza, obras de arte, etc., a manos de turbas de exaltados. Las izquierdas identificaron a aquellos grupos de delincuentes con “el pueblo”, identificándose así implícitamente con ellos. Azaña, desde el Gobierno paralizó la reacción ante tal delincuencia, y presionó, en cambio, en pro del castigo a las víctimas, empezando por disolver a los Jesuitas, aunque la medida no se cumpliera de momento.

El alcalaíno influyó decisivamente en los rasgos más antirreligiosos y sectarios de la nueva Constitución, haciéndola no simplemente laica, como se dice, sino hostil a las creencias y sentimientos de la mayoría de la población. Sólo esto ya la volvía muy poco democrática, y peligrosa para la convivencia. No fue una constitución elaborada por consenso, como la actual, sino por el rodillo aplastante de la izquierda, método que Azaña loó. Al disolver a los Jesuitas y tratar de asfixiar a las órdenes religiosas, prohibiéndoles la enseñanza y cualquier actividad económica, la ley atentaba contra los derechos de asociación y expresión, y contra la voluntad de los padres en la enseñanza de los hijos. Consciente de ello, Azaña lo justificó en razones de seguridad del nuevo régimen, cuando los católicos no lo habían amenazado, y ni aun en las jornadas incendiarias de mayo habían respondido violentamente. La Constitución invitaba a la guerra civil, en palabras de Alcalá-Zamora, que había contribuido mucho más que Azaña a traer la república, y que dimitió por estos hechos.

La república nacía así como una democracia a medias, mal concebida, ajena a la realidad histórica y social del país. El hecho de que hubiera republicanos más extremistas que Azaña no disminuye la responsabilidad de éste en la formación de aquella democracia contrahecha. La realidad empeoró la teoría, pues la Ley de Defensa de la República, promovida también por Azaña (como la de Vagos y Maleantes, que muchos han creído franquista), permitía al Gobierno actuar al margen de la Constitución, dejando en papel mojado los artículos referentes a las libertades y la seguridad ciudadanas. Esa ley produjo innumerables detenciones sin acusación, deportaciones a las colonias, cierre de cientos de periódicos, más que en cualquier período equivalente anterior, etc. En sus diarios, Azaña explica cómo ordenó sofocar las rebeliones anarquistas fusilando sobre la marcha a quienes fueran cogidos con armas, actitud que desembocaría en la matanza de campesinos de Casas Viejas, a cargo de la republicana Guardia de Asalto. Pero, según sus admiradores, Azaña gobernaba “con la razón, la virtud y la palabra”.

Su concepción de que sólo los llamados republicanos tenían derecho a gobernar no quedaba en frase. En noviembre de 1933, el voto popular redujo a casi nada a los partidos republicanos, y el mismo Azaña pudo salir diputado gracias a haberse presentado por las listas del PSOE en Bilbao. Entonces intentó volver al poder por medio de un golpe de estado, proponiendo no convocar las nuevas Cortes y organizar nuevos comicios con garantía de victoria izquierdista. Este suceso, aunque a menudo ocultado, es conocido. No lo era en cambio otro intento golpista unos meses más tarde, en verano de 1934. En su libro Mi rebelión en Barcelona, Azaña dice haber mantenido una postura legalista, tratando de calmar a Companys, que entonces preparaba su propio golpe contra un Gobierno legítimo y democrático. Pero documentos de la dirección socialista prueban que el alcalaíno mintió, pues había tratado de que el PSOE apoyara un golpe con base en Barcelona. Los líderes socialistas rechazaron la propuesta, ya que estaban organizando su propia insurrección y no pensaban supeditarse a los partidos “burgueses”: estos partidos podían, si querían, apoyar en plan auxiliar al PSOE.

Y así fue. Azaña niega haber participado en la insurrección de octubre del 34, comienzo real de la guerra civil, pero su partido propugnó entonces públicamente el empleo de “todos los medios” para derribar al Gobierno salido de las urnas. Procesado el político republicano, su caso fue sobreseído, detalle sin importancia, pues la justicia era tan grotesca que absolvió por “falta de pruebas” a Largo Caballero, principal y reconocido líder de la insurrección. Azaña trató entonces de recomponer una alianza de izquierdas con el PSOE. Sus célebres discursos de 1935 cumplen su intención inicial de no predicar la moderación, y hay en ellos una verdadera apología de la insurrección de octubre, a la que iguala, en valor democrático, a las elecciones que le habían expulsado a él del poder. Apoyó también la campaña sobre la supuesta represión de Asturias, provocadora de un clima de guerra civil antes inexistente —por inexistente habían fracasado en octubre los llamamientos a las armas por parte del PSOE y los nacionalistas catalanes—. Y, en fin, tomó parte sin duda en la maniobra del straperlo, que liquidó al principal partido centrista, el de Lerroux, agravando los extremismos en el país.

De todo ello nació la coalición conocida en la historia como Frente Popular. Se componía de un sector relativamente moderado, el de los seguidores de Azaña y los socialistas de Prieto más los nacionalistas catalanes, y de un sector más fuerte y abiertamente revolucionario, el PSOE-UGT de Largo Caballero y los comunistas. La poderosa y revolucionaria CNT también apoyó con sus votos al Frente Popular. El sector “moderado” perseguía la llamada “republicanización del Estado”, consistente en eliminar la independencia judicial y condicionar las instituciones para impedir una vuelta de las derechas al poder. Proyecto antidemocrático muy próximo al del corrupto régimen del PRI mejicano, considerado modélico por los republicanos españoles. Apenas ganó las elecciones, Azaña proclamó que el poder no saldría ya de manos de la izquierda. Nuevamente, “un régimen para todos los españoles, pero gobernado por los republicanos”.

Para su desgracia, sus poderosos aliados pensaban de otro modo. Comunistas y socialistas de Largo instauraron un doble poder, imponiendo la ley desde la calle. Los comunistas presionaban a Azaña para obligarle a aplastar a la derecha, disolviendo sus organizaciones y encarcelando a sus líderes, en lugar de dejarlos como una apariencia justificatoria de una seudodemocracia. Los socialistas de Largo trataban de desgastar al Gobierno para heredarlo “legalmente”, sin el coste de una nueva insurrección. Y los anarquistas empujaban con fuerza hacia su propia revolución. El efecto fue el caos sangriento de aquellos meses. Azaña se había hecho la ilusión de dirigir a tan peligrosos amigos, y en realidad se vio arrastrado por ellos y por su propia demagogia. Finalmente hizo destituir, ilegítimamente, al presidente Alcalá-Zamora, cuyo puesto ocupó.

¿Ignoran estos hechos los panegiristas de Azaña? Muchos sí, pero otros muchos no. Bastantes de ellos, pervirtiendo el sentido de las palabras, llaman democracia a las actuaciones de su ídolo, y aspiran a repetir en España algo por el estilo. La experiencia histórica no les sirve de nada.