1) Si usted cree que los atentados de Madrid del 11 de marzo tuvieron una incidencia significativa en los resultados electorales
El tratado sobre el que votaremos en febrero no habría sido firmado en sus actuales términos por un Gobierno del PP. Como se sabe, este tratado viene a corregir otro anterior, el de Niza, en el que España obtuvo condiciones ventajosas. La posición española actual es en realidad la posición del PSOE, que hizo del hecho de alcanzar un acuerdo algo más valioso que el contenido mismo del acuerdo. El PSOE, contra lo que ocurre en cualquier otro país, cree que defender los intereses nacionales es antieuropeísta, y ha procurado apropiarse de europeísmo español. Al respecto, conviene saber lo siguiente:
- Si hay algo que no distingue a los partidos democráticos españoles del régimen franquista es el europeísmo. Franco presentó dos veces la candidatura española a la adhesión, y durante su discurso de febrero de 1974 el presidente del Gobierno, Arias Navarro, reafirmó el europeísmo (y la retórica) franquista al reiterar “nuestro deseo de comparecer en el proceso de integración de Europa occidental”. No se es más demócrata por ser más europeísta, ni se deja de ser demócrata por criticar la UE. Todo depende de qué Europa se defiende y para qué.
- La adhesión de España a la UE fue culminada por el PSOE, pero, como ha afirmado un gran conocedor de este asunto, Raimundo Bassols, quienes firmaron el Tratado de Adhesión en 1985 “protagonizaron el último cuarto de hora de una película con final feliz”. La candidatura que fue aceptada fue presentada por la UCD, y fueron este partido y sus Gobiernos quienes encauzaron la negociación. Frente a lo que se suele creer y decir, el aprecio de los españoles por las instituciones europeas ha sido mucho mayor durante los Gobiernos del PP que durante los Gobiernos del PSOE. Se trata, además, de europeísmos diferentes. El PP ha entendido que la presencia de España en la UE tiene sentido en la medida en que eso fortalece a España y a los demás Estados miembro; el PSOE de Zapatero entiende que se ha de favorecer a los Estados centrales de la UE aun a costa de debilitar la posición relativa de España. Es una visión de Europa muy parecida a la que sostuvo el PSOE durante los primeros años ochenta, pero notablemente distinta de la del PSOE de Felipe González a partir de 1985, que también procuró la protección de los intereses españoles y llegó a amenazar con el bloqueo de la UE si no se atendían ciertas aspiraciones españolas, aunque en general el balance de los Gobiernos socialistas no fue satisfactorio, a juicio de la mayoría de los españoles. Por eso en 1996, cuando terminó la larga etapa de Gobierno del PSOE, el europeísmo español se encontraba en uno de los momentos más bajos de su historia, y al terminar los Gobiernos de Aznar vivía uno de sus mejores momentos.
El Eurobarómetro es un instrumento estadístico con el que las instituciones de la UE tratan de conocer la opinión de los ciudadanos de los Estados miembro acerca de numerosos asuntos políticos y de actualidad. Entre las preguntas que ha venido efectuando a lo largo de los últimos veinte años se encuentra la siguiente: “En general, ¿cree usted que su país se ha beneficiado o no de su pertenencia a la UE?”. En noviembre de 1996, cuando el PP accedió al Gobierno, la encuesta mostró que sólo el 37% de los españoles consideraba que la pertenencia de España a la UE había sido beneficiosa, el mismo porcentaje que la consideraba “no beneficiosa”. En abril de 2004, al finalizar los gobiernos de Aznar, el 69% la consideraba beneficiosa y sólo el 16% creía lo contrario. Entre 1997 y 2004 el porcentaje de españoles que han considerado que estar en la UE ha beneficiado a España ha sido siempre superior al porcentaje de los que han creído lo contrario, y ha seguido una senda claramente ascendente, hasta situarse, en abril de 2004, en el máximo mencionado. Por el contrario, desde octubre de 1992 hasta 1997 el porcentaje de los que efectuaban un balance positivo nunca superó al de quienes lo creían negativo, salvo en una ocasión (y por un solo punto). En diciembre de 1994 los porcentajes fueron 33 y 46, respectivamente.
Si contemplamos la evolución de esta variable con perspectiva histórica podemos decir que los Gobiernos de Aznar revitalizaron el moribundo europeísmo español que dejaron en herencia los Gobiernos de Felipe González. Los datos del Barómetro del Real Instituto Elcano son incluso más contundentes que los del Eurobarómetro: en febrero de 2004 esta institución elevó el porcentaje de españoles que consideraban beneficiosa la presencia de España en la UE hasta el 75%, y situó el de los europeístas en el 81%. Es posible que la inercia del europeísmo que el PP de Aznar supo crear entre los españoles se note durante algún tiempo, pero en conjunto las tendencias marcadas por el PP y por el PSOE en esta materia son muy claras.
En consecuencia, y como se ve, es ridículo dar pábulo a la identificación entre europeísmo y socialismo, y que los votantes de otras formaciones políticas –por ejemplo los del PP- se esfuercen por hacerse merecedores del título de “europeístas”, que han acreditado en mayor medida que otros. Ahora la cuestión es otra, y debe ser abordada sin complejos y sin temores: ¿es buena para España la Constitución europea?
El Gobierno del PP interpretó, con razón, que el deseo de anular el tratado de Niza y de sustituirlo por otro no se debía a un deseo de perfeccionar el proceso de integración europea, sino a la percepción que el Gobierno francés y otros tuvieron con motivo de la guerra en Irak: arrogándose un derecho que creían tener pero del que carecían, Francia y Alemania, entre otros Estados menores, rechazaron categóricamente la intervención en Irak en nombre de la UE, lo que motivó la respuesta de un buen número de Estados miembro de la Unión, liderados por el Gobierno español. La impresión de que sus posiciones podían ser contestadas por otros Estados, como España, que mantuvieron posiciones diferentes de las suyas llevó a la quiebra del Tratado de Niza aprovechando que se encontraba abierta una Convención Europea que, en principio, y según las instrucciones que había recibido originariamente, no tenía que ocuparse de reformar en profundidad el Tratado de Niza. De hecho, expresamente se le dijo a esa Convención que no debía tocar los acuerdos de Niza sobre el reparto de los votos, y que sus propuestas debían mantener intacto el contenido de los tratados existentes. Su cometido, por el contrario, debería haber sido proponer maneras de evitar que los Europeos sientan por la UE tanto desinterés como suelen manifestar. La absurda respuesta al desinterés de los europeos por la UE fue forzar una Constitución europea: es decir, se confunden las causas y los efectos. Como los europeos no acaban de ponerse de acuerdo porque tienen intereses y opiniones diferentes, lo que hay que hacer –parece decirse- es dejar de pedir su opinión. La Constitución europea es fruto del antieuropeísmo, no del europeísmo, que ha sido durante muchos años un modo prudente y flexible de ir acercando a los Estados europeos en las materias en que han querido cooperar, pero sabiendo que se trata de pueblos y de Estados diferentes, cuyo deseo de no cooperar en determinadas cuestiones o de revisar los acuerdos alcanzados ha sido siempre respetado.
Con frecuencia se olvida que la historia de la UE es esencialmente la de un gran fracaso. Los tratados firmados en 1957 no se cumplieron en la mayor parte de sus preceptos, y, por ello, en 1985 se redactó el Acta Única Europea, que reconoció explícitamente este hecho y trató de ponerle remedio mediante un plan que debía cumplirse en 1992. En todo caso, se trataba de preceptos relativos a la cooperación económica y monetaria, no a la unidad política. Ahora, según parece, algunos países, como Francia, desean suplir su evidente decadencia política internacional apropiándose de la UE, lo que le permitiría, en caso de lograrlo, comportarse como si siguiera siendo una gran potencia mundial. Una UE al servicio de los intereses particulares de algunos Estados, que percibieron en los movimientos del Gobierno español, y en otros, un obstáculo contra esta intención. Para empezar, se trataría de una UE opuesta a los Estados Unidos y no en cooperación con ellos, como desean la mayoría de los españoles, y de una Europa mucho más militarizada o indefensa, puesto que no contaría con el apoyo norteamericano si desarrollara un proyecto de defensa y de seguridad conjunto.
Dado que todos estos movimientos han tenido lugar porque en España se produjo un cambio de Gobierno inesperado en el mes de marzo, después de los atentados de Madrid, y dado que todavía desconocemos quién preparó esos atentados y quién los pudo evitar, conviene rechazar cualquier decisión irreversible o de difícil reversión mientras no esté suficientemente clara la autoría. Se trata de una medida mínima de prudencia que es coherente con lo que sabemos hasta ahora, a lo que cada cual puede dar el valor que desee: hubo atentados y cambió el Gobierno; los estudios de opinión indican que de no haber habido atentados no habría ganado el PSOE. La victoria socialista es legítima, lo que no quiere decir que debamos olvidar las circunstancias en que se produjo.
Por eso, si usted cree que los atentados de marzo influyeron en el cambio de Gobierno, aunque votara al PSOE, debería desear que, antes de proceder a comprometer la voluntad de España, se aclarara todo lo necesario quiénes fueron sus autores. Ahora, igual que siempre, antes de votar es necesario conocer la verdad, al menos algunas verdades particularmente determinantes; y puesto que ni se conocen ni parece haber voluntad de que se conozcan, lo mejor es evitar mediante un voto en contra de la Constitución europea que se cometa una monumental imprudencia: en el peor momento de nuestra historia reciente, y con el Gobierno más débil en muchos años, hemos firmado el tratado más importante de las últimas décadas.
2) Si usted cree que la Constitución Española de 1978 es útil para ordenar la vida política española, y que no se deben perder ni su contenido –aunque sea reformable para perfeccionarlo- ni su espíritu ni su sentido
La mayoría de los especialistas considera que el texto que se nos someterá a consulta el próximo día 20 de febrero no es una constitución. Y seguramente tienen razón. En lo que algunos de ellos parecen no reparar es en que, pese a no ser una constitución, el nuevo tratado europeo tiene de hecho poder constituyente. Y aquí reside precisamente la gravedad del caso, porque una norma jurídica que carece de la dignidad de una constitución actúa de hecho como si lo fuera, aunque sólo sea en algunas materias. El tratado no puede ser una constitución por la simple razón de que no existe un poder constituyente europeo, ni acontece circunstancia alguna que justifique la necesidad de proceder a un proceso constituyente que suponga el abandono de las constituciones de los Estados que son miembro de la Unión Europea. Sin embargo, y pese a esto, los gobiernos han procedido a aprobar un tratado que no sólo reforma de hecho las constituciones nacionales en puntos o artículos concretos, sino que mediante su artículo I-6 pretende que se conceda a la Unión Europea el poder de reformarlas en el futuro sin preguntar a los Estados afectados. Así, el Título X de la Constitución Española (el que dice cómo se debe proceder para reformarla) quedaría simplemente inutilizado de ser aprobado el tratado europeo, porque en lo sucesivo cualquier norma europea contradictoria de nuestra Constitución de 1978 valdrá más que ésta (eso es lo que dice el Artículo I-6: “La Constitución (europea) y el derecho adoptado por las instituciones de la Unión en el ejercicio de las competencias que se le atribuyen a éstas primarán sobre el derecho de los Estados miembro” ). Y si el Título X queda inutilizado, la Constitución entera deja de tener valor, puesto que se puede reformar sin atender a lo previsto en 1978.
Es verdad que esto sólo ocurriría en principio en las materias que expresamente han sido transferidas a la UE, pero cualquiera que conozca medianamente el derecho comunitario sabe que la Unión ha legislado sobre cosas que no formaban parte de lo que se le había transferido, y que mediante la “doctrina de los poderes implícitos” el Tribunal de Justicia de la Unión ha concedido a las instituciones europeas competencias que nadie les había otorgado. El caso más evidente es el del propio tratado sobre el que vamos a votar en febrero: nadie confirió a la Convención presidida por Giscard el poder de elaborar un tratado constitucional, y, sin embargo, aquí estamos, discutiendo sobre él.
La supremacía del derecho europeo sobre el derecho nacional no es un asunto nuevo, sino que forma parte de sus características desde hace muchos años. Pero el Tribunal Constitucional Español ha dejado claro –especialmente lo hizo en 1992- que lo que se puede hacer es transferir “competencias derivadas de la Constitución”, entre las que no se encuentra el propio poder de reformar nuestra Norma Fundamental. La Unión Europea, según estableció el Tribunal Constitucional en 1992, no puede "contrariar o rectificar mandatos o prohibiciones contenidos en la Norma Fundamental, pues ni tal precepto [el artículo 93. de la Constitución, que permite estar en la UE] es cauce legítimo para la "reforma implícita o tácita" constitucional, ni podría ser llamada atribución del ejercicio de competencias, en coherencia con ello, una tal contradicción, a través del Tratado, de los imperativos constitucionales”. A esto añadió que "los poderes públicos españoles no están menos sujetos a la Constitución cuando actúan en las relaciones internacionales o supranacionales que al ejercer "ad intra" sus atribuciones, y no otra cosa ha querido preservar el Art. 95, precepto cuya función de garantía no debe resultar contrariada o disminuida por lo prevenido en el Artículo 93 de la misma Norma Fundamental (...) En virtud del Artículo 93, las Cortes Generales pueden, en suma, ceder o atribuir el "ejercicio de competencias derivadas de la Constitución", no disponer de la Constitución misma contrariando o permitiendo contrariar sus determinaciones, pues ni el poder de revisión constitucional es una "competencia" cuyo ejercicio fuera susceptible de cesión, ni la propia Constitución admite ser reformada por otro cauce que no sea el de su Título X”
La aprobación del nuevo tratado europeo provocaría exactamente el efecto que el Tribunal Constitucional quiso evitar. El artículo I-6 de la Constitución europea no transfiere una competencia concreta sino que atribuye a la UE un poder que la Constitución Española ni siquiera atribuye al Parlamento español o a los Parlamentos autonómicos: que sus actos nunca serán inconstitucionales (contrarios a la Constitución Española), puesto que están por encima del ordenamiento nacional español; nunca podrán ser acusados de inconstitucionalidad, porque están por encima de la Constitución. Es verdad que el artículo 9 de la Constitución Española establece que los españoles y los poderes públicos estarán sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, pero carece de sentido interpretar ese artículo en el sentido de que el resto del ordenamiento jurídico puede anular la propia Constitución. Lo que dice es que la Constitución no es lo único que existe, pero lo demás debe ser compatible con ella, estar subordinado a ella; de otro modo los españoles y los poderes públicos estarían sujetos a la Constitución sólo en la medida en que el resto del ordenamiento jurídico lo permitiera, lo que sería manifiestamente absurdo.
Por esta razón, quien desee preservar la Constitución española debe votar en contra del nuevo tratado europeo y exigir que, en caso de ser aprobado en el referéndum, se proceda a una reforma constitucional expresa y según los procedimientos establecidos en la propia Constitución de 1978. Sería conveniente que, dada la improbabilidad de que otros países aprueben el tratado, no se consume la torpeza de reformar la Constitución por culpa de un tratado que probablemente no va a entrar en vigor.
La Constitución española de 1978 es un instrumento para la reconciliación de los españoles; la UE es principalmente un instrumento para la reconciliación de los europeos que hicieron la Segunda Guerra Mundial. España debe participar en la UE, pero no a costa de perder su propio instrumento de reconciliación, sino preservando su propio interés nacional. Lo que vivimos es un momento de decadencia en la defensa de nuestra Constitución, porque hemos decaído en nuestra propia reconciliación nacional. En el actual momento político, buena parte de nuestro europeísmo es una manifestación más de nuestro escaso compromiso con los valores propios de nuestra Constitución de 1978, como acaba de ponerse de manifiesto el día 6 de diciembre. Así, no sólo no ayudaremos a mejorar la reconciliación de los europeos, sino que la dificultaremos. Cuanto más defendamos la Constitución Española más serviremos a los valores más dignos del europeísmo. Cuanto más despreciemos nuestra Constitución, menos europeístas “serios” y útiles seremos. El europeísmo debe ser la expansión hacia el exterior de una virtud nacional, del aprecio por el pluralismo, del respeto por la democracia y por la libertad. Eso ha decaído en España en los últimos años, y por eso conviene desconfiar de nuestro europeísmo, que más bien parece ser un modo más de hacer desaparecer España como territorio de concordia y de libertad.
3) Si usted tiene pensado votar a favor sólo por miedo a quedarse fuera de la Unión Europea
Los Estados más importantes de Europa han rechazado en un momento o en otro algún tratado comunitario, o han registrado polémicas muy intensas y discusiones profundas sobre la conveniencia o no de estar en la UE, y en qué condiciones. La rareza de España no sería rechazar este tratado, sino el hecho de que aquí nunca se ha rechazado nada, nunca se ha discutido nada. La UE es un instrumento para defender los intereses nacionales, no un club de amigos. Todos los países lo han entendido siempre así, y muchos de ellos se han plantado y han dicho “no” cuando han creído que algo les perjudicaba. Si España dijera “no” el 20 de febrero se abriría una crisis en la UE, como tantas otras veces se han abierto cuando los demás Estados han rechazado un tratado o algún otro documento, pero pronto las cosas quedarían resueltas. Lo “europeo” no es decir que sí a todo, lo europeo es velar por los intereses nacionales procurando no perjudicar a los demás. España se “homologará” con Europa si rechaza la Constitución europea, y ocupará un lugar secundario y periférico si no lo hace.
Conviene no creerse la amenaza de muchos de los promotores del “sí”. Cuando se propone una pregunta con dos respuestas posibles, carece de sentido decir que una de ellas nos llevaría al desastre. Por el contrario, ambas son legítimas, pero sólo una protegerá los intereses de España, que es lo que debe preocuparnos ahora. Los franceses ya se preocupan de defender los suyos, como los alemanes o los holandeses: sólo nosotros podemos defender los nuestros, y es ingenuo esperar que otros lo hagan, porque dan por supuesto que nosotros lo estamos haciendo. Irlanda bloqueó durante años la entrada en vigor del Acta Única Europea, y rechazó en primera instancia el Tratado de Niza, entre otras cosas: hoy, gracias a estos hechos y a una secuencia de aciertos políticos, está a la cabeza de la UE en el desarrollo económico. Actuando así, estando dispuesta a defender sus intereses nacionales, Irlanda ha conseguido servirse de la UE como han hecho otros muchos, hasta situarse en pocos años en una posición extraordinaria desde la que puede ayudar a los nuevos Estados miembro. Dinamarca rechazó el Tratado de Maastricht y obtuvo una renegociación favorable a sus intereses, Noruega ha rechazado su ingreso en varias ocasiones, Suecia dijo “no” al euro... Todos los Estados han procurado renegociar lo que han considerado inaceptable, y España debe aprender a hacer lo mismo. Si ganara el “no” el día 20 de febrero, no pasaría nada. Mejor dicho, pasarían cosas que nos beneficiarían, porque la opinión pública estaría transmitiendo al Gobierno del PSOE algunos mensajes muy claros: ha de renegociarse el acuerdo y preservar en él los intereses nacionales mejor de lo que se ha hecho; ha de aclararse la autoría de los atentados de marzo antes de comprometer a España mediante tratados importantes; ha pasado el tiempo del europeísmo ingenuo del que se sirven otros para mejorar su posición mientras España la pierde.
4) Si usted cree que los acuerdos internacionales que firme España no deben ser hechos con la expresa intención de perjudicar a nuestro país
La elaboración del nuevo tratado europeo ha sido presidida por Valéry Giscard. En octubre de 2003 Giscard afirmó: “Precisamente porque su resultado (el del Tratado de Niza) no satisfacía las necesidades de la nueva Europa, lanzamos el proceso de Constitución”. Pero esta afirmación es estrictamente falsa, a la luz del propio Tratado de Niza, documento en el que los acuerdos fueron contemplados como un paso histórico y definitivo que satisfacía perfectamente las necesidades de la Unión Europea. Otra cosa es que, a la vista de los acontecimientos que tuvieron lugar con posterioridad, no fuera satisfactoria para su país, Francia. Quizás sin darse cuenta de la gravedad de lo que decía, Giscard afirmó públicamente que el asunto era que España había obtenido condiciones demasiado “ventajosas” en Niza, lo que no era bueno para la “asociación”, y esto lo dijo quien congeló las negociaciones de adhesión de España para satisfacer intereses tan estrictamente personales como los suyos como candidato a la Presidencia de Francia, y de quien algunos destacados políticos españoles han realizado acerbos retratos. El mero hecho de que quien lideró la elaboración del Tratado y accedió a pervertir el cometido originario de la Convención Europea para beneficiar a su país haya dicho en público que todo esto se hizo en parte para forzar la voluntad española –y, de paso, añadimos, para dar una lección de lo que le pasa a la gente cuando contraría a Francia- justifica el voto contrario a la Constitución, aunque existen, como estamos viendo, muchas otras razones.
5) Si usted cree que una Constitución no debería beneficiar a un partido político o a una ideología política concretos, sino que debería respetar a todas por igual
Para el primer ministro de Suecia, Göran Persson, "el nuevo texto inclina Europa a la izquierda", si bien considera el tratado "un paso de gigante que hace a la UE más democrática y transparente". No se entiende muy bien que algo que hace que un teórico sistema político abrace preferentemente una de las ideologías a las que debería contener sea “más democrático”, salvo que se confunda la democracia con la propia ideología. Para el líder de los socialistas franceses, François Hollande, el que todos los socialistas europeos apoyen el texto significa que la Carta Magna "no va hacia una Europa más liberal". En realidad, no todos los socialistas lo apoyan: en su propio partido el 41% lo rechaza.
Si usted no desea favorecer con su voto una Europa más socialista y menos liberal, debería votar “no”. Esto no quiere decir que no sea legítimo que Europa sea más socialista y menos liberal –podríamos decir menos liberal “todavía”, porque la UE apenas puede ser considerada como liberal-, sino que eso debería ser resultado de un aumento electoral del socialismo y de las opciones antiliberales, no del voto multipartidista que se pide para un supuesto proyecto que favorece por igual a todas las ideologías. Si no desea servir con su voto a opciones políticas que no son la suya debe votar “no”. Incluso si es usted socialista pero aprecia por encima de su ideología la existencia de sistemas políticos plurales, gobernables en sentidos diversos, debería votar “no”.
6) Si usted cree que la Unión Europea ha rendido alguna utilidad hasta ahora
La UE que promueve la Constitución europea constituye una ruptura con la historia de la UE. Como hemos dicho ya, constitucionalizar el proceso de integración europea es pegar un hachazo en su historia, durante la cual se ha procurado siempre evitar las imposiciones. El avance –muy modesto- y los éxitos –mucho más escasos de lo que se suele decir- de la UE han sido el fruto de la transacción, de la flexibilidad, y se han servido siempre de una situación de estabilidad política y de seguridad exterior que no habrían sido posibles sin el apoyo insustituible de EE.UU. La reunificación actual de Europa es también fruto, sobre todo, de la tenacidad norteamericana en la defensa de las democracias europeas. La UE nació para reforzar el bloque occidental contra la URSS, y fue posible porque las decisiones estratégicas fundamentales ya habían sido tomadas. La paz de Europa no es una consecuencia de la UE; más bien ha sido al contrario, la paz de Europa protegida por el ejército norteamericano hizo posible el desarrollo de la cooperación económica europea entre Francia y Alemania occidental, cooperación que fue instada inicialmente por EE.UU, aunque éste sea un dato que muchos europeístas suelen ignorar o hacer como que ignoran. Por otra parte, la prosperidad europea desde los años cincuenta tampoco puede atribuirse sólo a la UE. Muchos Estados europeos que no han formado parte de la UE hasta hace muy poco tiempo o que aún hoy están fuera de ella han sido tan prósperos y pacíficos como los que han estado dentro, o más: Suecia, Finlandia, Austria o Noruega (que ha rechazado su ingreso en dos ocasiones) son ejemplos de ello.
Ahora lo que se pretende es: 1º) terminar con las costumbres propias de la UE y sustituirlas por un sistema nuevo basado más en la imposición que en la transacción flexible y en la que cada cual participa cuando quiere y le conviene; 2º) crear un bloque de oposición a EE.UU bajo el liderazgo francés, que necesita de la imposición mencionada para sujetar en ese empeño a la mayor parte de los Estados europeos, que no desean ese enfrentamiento sistemático sino una relación cooperativa –aunque en ocasiones sea crítica- con EE.UU.
Esto constituye una ruptura con la propia historia de la UE, por lo que si usted se ha sentido habitualmente europeísta y desea proteger las virtudes (sabiendo de sus muchos defectos) que ha tenido la UE a lo largo de su historia debe votar “no”.
7) Si usted cree que es necesario que Europa coopere con los Estados Unidos, y cree inconveniente que se produzca una oposición sistemática a ellos (como efecto de la razón n.º 6)
8) Si piensa usted votar a favor porque ETA ha dicho que no le gusta este tratado
ETA, mediante su boletín de octubre de 2004, ha rechazado la Constitución europea. No será raro que, como se llegó a hacer en 1992 con motivo del Tratado de Maastricht, se diga que quien vota “no” hace lo mismo que ETA. ETA no es despreciable por tener opinión sobre la Constitución europea, sino por ser una banda terrorista. Las razones de ETA no son las nuestras. Por eso no decimos que quienes quieren vulneran la Constitución española de 1978, como hace ETA, estén de acuerdo con ETA, aunque hagan lo mismo. Lo que decimos es que vulneran la Constitución de 1978. El argumento es tan evidentemente ridículo como lo sería confundir a la víctima con el verdugo porque los dos estaban en el mismo sitio cuando se cometió el crimen.