Ideas
Noticias y opinión en la red
ENIGMAS DE LA HISTORIA

¿Cuál fue el primer escándalo sexual de la historia norteamericana?

Las revelaciones que periódicamente aparecen sobre la vida sexual de John F. Kennedy, las carreras políticas truncadas por infidelidades conyugales o el affaire Lewinsky que ensombreció parte de la presidencia de Clinton son pruebas evidentes del peso que la vida privada puede tener en el desempeño de una función pública en Estados Unidos. Curiosamente, esa cuestión resultó obvia desde el período de los Padres Fundadores aunque la respuesta dada al problema por el propio Washington distó mucho de rayar con el puritanismo.

A diferencia de lo que podría pensarse en la actualidad, la vida sexual de algunos de los Padres fundadores de Estados Unidos distó considerablemente de amoldarse a patrones de moralidad cristiana. Thomas Jefferson, el tercer presidente de la nación, mantuvo relaciones con algunas de sus esclavas negras de las que tuvo varios bastardos, bastardos que, dicho sea de paso, fueron vendidos en pública subasta para saldar las deudas del político.

Por su parte, George Washington, el primer presidente, contrajo matrimonio con una viuda con la que, previamente, había mantenido relaciones adulterinas. Si el caso de Jefferson podía tener alguna aceptación social, el de Washington resultaba especialmente censurable ya que implicaba incurrir en un delito. Sin embargo, ya para aquel entonces resultaba obvio en la mente de los Padres fundadores que ese tipo de asunto no debían afectar al desempeño de su cargo ni desencadenar posibles sanciones.

Corría el invierno de 1792-3 cuando el Congreso de Estados Unidos inició una investigación por acciones fraudulentas presuntamente cometidas por Alexander Hamilton, primer ministro del Tesoro de los Estados Unidos. Hamilton, que era el miembro más importante del gobierno de Washington, fue interrogado por tres miembros del Congreso -que incluían al presidente del Congreso, F. A. C. Muhlenberg y a James Monroe, el futuro presidente de Estados Unidos- acerca de los pagos que éste había efectuado en favor de un tal James Reynolds.

Éste no era sino un personaje especializado en manejos económicos poco claros al que, para colmo de males, Hamilton había puesto en libertad en cierta ocasión en que se hallaba detenido por llevar a cabo acciones delictivas. A los sobornos, por lo tanto, Hamilton había unido la prevaricación. Alexander Hamilton aceptó que había realizado los sobornos pero insistió en que sólo lo había hecho para que Reynolds no sacara a la luz su adulterio con Maria, la esposa de éste, lo que, dicho sea de paso, constituía en aquella época otro delito.

La historia ciertamente había sido muy escabrosa porque -quizá porque no se habían inventado los moteles- las citas no sólo habían tenido lugar en el lecho conyugal de Reynolds sino también en el de Hamilton, aprovechando que la esposa e hijos de éste andaban visitando a su suegro. Por si todo lo anterior fuera poco, además de la cuestión de los sobornos, de la prevaricación y del adulterio se descubrió que Hamilton y la señora Reynolds habían destruido pruebas de su poco ejemplar conducta. Los miembros del Congreso consideraron que aquellos actos podían ser ilegales pero que, en realidad, al afectar a cuestiones privadas no debían entrar dentro de las acciones sujetas a la pena de impeachment.

La conclusión era difícilmente sostenible -¿desde cuándo el soborno, la prevaricación y la destrucción de pruebas son sólo asuntos privados?- pero lo mismo pensaron George Washington, el presidente; John Adams, el vicepresidente; Thomas Jefferson, secretario de Estado; James Madison, jefe de la minoría en el Congreso y un largo etcétera de Padres Fundadores. El soborno, la destrucción de pruebas, el adulterio (un delito a la sazón) y la prevaricación consistente en poner en libertad a un Reynolds que debía estar en la cárcel se pasaron por alto considerando que era mejor guardar silencio y no dañar siquiera indirectamente las instituciones. No era ciertamente insignificante la estela del primer lío de faldas con repercusión política en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, la cuestión no concluyó ahí.

Semejante impunidad se vio sometida a un ataque nada insignificante cuando en 1797 John Beckley, un empleado del Congreso, le pasó la información a un periodista absolutamente sensacionalista llamado James Thomson Callender. De esta manera, todo Estados Unidos se enteró de la catadura moral de Hamilton y de que su lugar debía estar entre rejas. Sin embargo, nuevamente prevaleció la impunidad. No sólo no se inició ninguna acción judicial contra él sino que el 8 de julio de 1798 el presidente de Estados Unidos, John Adams, y el antiguo presidente Washington nominaron a Hamilton para convertirse en el inspector general del nuevo ejército de los Estados Unidos, un cargo militar que sólo era superado por el propio Washington. El Senado, que no deseaba complicar la vida de personajes como Monroe, Madison, Jefferson y otro buen puñado de Padres Fundadores, confirmó el nombramiento de Hamilton a sabiendas de que no era sino un delincuente de derecho común, aunque, eso sí, estaba protegido por altos personajes.

Aquel comportamiento contradecía radicalmente la Convención constitucional del 8 de septiembre de 1787 en la que, unánimemente, se declaraba que los “delitos y faltas” eran suficientes para provocar el impeachment de cualquier cargo público, pero semejante circunstancia no pareció afectar a los Padres fundadores. Esta resolución del episodio tendría dos consecuencias que se han repetido casi inexorablemente en la historia posterior de los Estados Unidos. La primera fue un deseo generalizado de evitar que una persona de conducta inmoral -sin excluir los aspectos privados- pudiera llegar a desempeñar un cargo público. La segunda consistió en evitar que si, a pesar de todo, lo alcanzaba, pudiera salir a la luz pública y derivara en sanciones concretas. El caso Clinton, más de un siglo después, no haría sino confirmar esa tesis.

Lo más popular