Menú
MáS QUE NúMEROS

El anteproyecto de la L.U.

El anteproyecto de la nueva Ley de Universidades presentado por el Ministerio de Educación recoge, en 156 puntos, las normas que regularán la forma de gobierno y la organización de las Universidades españolas tanto públicas como privadas.

0
A pesar de la polvareda levantada, después de leer las casi 50 páginas de la posible reforma, me atrevería a decir que no existen demasiadas diferencias entre el proyecto de futura ley y la, todavía vigente, LRU.

De la que podría ser la nueva forma de acceso de los bachilleres a la Universidad poco se puede decir mientras no esté lista la anunciada Ley de Calidad. En cuanto a la organización y gobierno de las Universidades, los cambios sustanciales aparecen tanto en la forma de elección de los rectores como en la habilitación de los profesores numerarios.

El actual Consejo de Universidades, presidido por la Ministra y del que forman parte los responsables de enseñanza universitaria de la CCAA, los rectores y representantes del Gobierno, Congreso y Senado, cambiará su nombre por el de Consejo de Coordinación Universitaria pero estará constituido de forma muy similar.

Los órganos de Gobierno: Junta de Gobierno, Consejo Social, Claustro, Consejo de Dirección, Junta de Facultad y Consejo de Departamento se mantienen con una estructura muy parecida. A la Junta de Gobierno, se le dará el nuevo nombre de Consejo de Gobierno y tendrá una composición más compleja. En el Claustro, la representación del profesorado que, hasta ahora, suponía un 60% pasará a ser del 70%. Como nuevo órgano de gobierno se creará la llamada Junta Consultiva formada por el rector, los decanos y los directores de Departamento.

Se conservan los mismos cargos directivos, rector, vicerrector, secretario general, gerente, decanos y directores de Departamento. Sin embargo, como ya ha sido recogido en múltiples ocasiones por la prensa, se propone una nueva forma de elegir al rector. Toda la comunidad educativa tendrá derecho al voto en vez de hacerlo sólo quienes ostentan su representación en el claustro de la Universidad.

Unos dicen que será una forma de elección más democrática, otros que con esta medida se evitarán ciertas situaciones de favor que reciben, actualmente, los alumnos y el personal administrativo que forman parte del Claustro. Pero hay también quien piensa que se trata de una medida puramente demagógica.

Frente a los tres tipos de profesores contratados por la Universidad: los Ayudantes o licenciados que, hechos los cursos de doctorado, preparan sus tesis, los Asociados que se contratan entre profesores que trabajaban fuera de la Universidad y los profesores Visitantes, la nueva Ley de Universidades prevé seis tipos distintos de profesores: Ayudante, Ayudante doctor, Colaborador, Contratado doctor, Asociado y Visitante, que, en realidad, no hace más que poner diferentes nombres a la variada casuística que actualmente se presenta en la Universidad.

El apartado de la ley que se refiere a la funcionarización del profesorado es el más novedoso, se ajusta al deseo de poner fin a la situación de endogamia que desde que se promulgó la LRU viene produciéndose en nuestra Universidad.

Con la ley vigente, un doctor con dos años de experiencia puede ser titular de Universidad si es considerado apto por un tribunal formado por cinco profesores numerarios, tres de los cuales son elegidos por sorteo y los otros dos han de pertenecer a la Universidad que convoca la plaza vacante. Para que un titular consiga una cátedra debe ser examinado por un tribunal formado de manera similar.

La nueva Ley de Universidades ha proyectado la creación de un “tribunal de habilitación nacional” formado por siete profesores funcionarios elegidos por sorteo público. Cuando un profesor adquiera la “habilitación” podrá participar en el concurso de acceso a los distintos cuerpos de funcionarios docentes. Concurso que será convocado por cada Universidad de acuerdo con sus Estatutos. También resultará una novedad la creación de una Agencia Nacional de Evaluación cuya estructura y misión están aún por concretar.

Muchas de las críticas que ya han llovido sobre este anteproyecto sólo obedecen al deseo de oponerse a cualquier plan que salga de un gobierno del PP. No están muy claras las razones dadas por los rectores que lo critican y son totalmente absurdas las quejas de los sindicatos de alumnos. Pero, en honor a la verdad, debo decir que algunas voces que, desde el Partido Socialista, reclaman tiempo para leer, pensar y discutir los 156 puntos de esta larga y compleja ley no están exentas de sensatez.
0
comentarios

Servicios