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CÓMO ESTÁ EL PATIO

¿Estamos o no en la ruina?

En principio, ésta es una pregunta difícil de contestar en términos generales, dada la desigualdad y la injusticia social características de cualquier legislatura socialista. Con el PSOE en el gobierno, las diferencias entre ricos y pobres se agudizan. A los progres esto no les gusta un pelo, salvo cuando mandan ellos, en cuyo caso la consecución de la igualdad pasa a segundo o tercer plano.

En circunstancias normales, quienes no pasan apuros económicos integran el mundo empresarial o son profesionales de éxito. El PSOE aporta una novedad, y es que bajo sus mandatos la situación general se depaupera a tal velocidad, que sólo mantienen un alto nivel de vida los dos especímenes clásicos del cotarro socialdemócrata: los políticos y los integrantes de los grupos de presión más progresistas.

Así pues, si le preguntamos a un diputado autonómico por la magnitud del desastre nos convencerá de que la crisis no es para tanto, sobre todo si el sujeto entró en las juventudes del partido con dieciséis añitos y lleva desde entonces amorrado a la ubre estatal, sin haber experimentado jamás las sensaciones asociadas a lo que vulgarmente conocemos con el verbo trabajar. Si el encuestado integra la junta directiva de una fundación o asociación cívica de carácter progresista, también responderá sin duda que hacía muchos años que no experimentaba una bonanza económica de tal magnitud.

En cambio, hay muchas personas que no hace falta que opinen, porque su situación personal habla perfectamente del nivel de ruina general a que está sometida la España de Zapatero. Casi diez millones de españoles, entre desempleados, jubilados, dependientes y pensionistas, pueden atestiguar el descenso de su calidad de vida de unos años a esta parte, por más que los ministros les cuenten en La Noria que esto es sólo una situación pasajera y que se trata de hacer un pequeño esfuerzo para que el maná vuelva a llover del cielo, en forma de actualización de las pensiones y subvenciones diversas.

Lo sorprendente es que gran parte de esos millones de expulsados al arroyo del subsidio permiten, con sus decisiones individuales, que la nueva aristocracia de ungidos siga trabajando para que la cosa empeore. O hemos descubierto que la resignación incondicional es una virtud española, o los primeros minutos de los telediarios convencionales están haciendo una labor asombrosa de adoctrinamiento colectivo.

Vivimos en un país cuyo gobierno invierte en captación de votos el doble de lo que extrae de los bolsillos de los ciudadanos y convence a una parte de éstos, incluidos muchos que lo están pasando muy mal, de que deben seguir dejándose expoliar en bien de la nación. Se trata del mismo país que mantiene a una clase política, hiperdimensionada y analfabeta, formada por profesionales del trinque a los que no les basta con tener unos sueldos que nadie les pagaría si tuvieran que defenderse en el mercado, contando únicamente con su formación, talento y capacidad de esfuerzo, sino que aprovechan su posición de poder para traficar con todo tipo de influencias y se convierten en nuevos ricos.

Más que la situación económica general, que por la inercia de los ciclos acabará siendo reversible, la ruina de España reside en la incapacidad de sus ciudadanos para exigir el fin de un sistema insostenible que premia a las manos muertas, retribuye al parásito y enaltece a los responsables de la tragedia colectiva como los únicos salvadores posibles del desastre que ellos mismos han provocado.

Los españoles somos socialistas vocacionales, y cualquier idea que ponga de manifiesto lo absurdo del sistema actual de partidos, con la catástrofe de las autonomías como uno de sus principales logros, es tachado de enemigo de la humanidad y expulsado del debate democrático. Esa es la verdadera ruina de España. Para nuestra desgracia, no es previsible que en las próximas décadas vaya a aparecer "brote verde" alguno que indique que el español medio ha comenzado, por fin, a pensar por sí mismo.

Nos iremos al carajo, pero las decenas de miles de políticos autonómicos pueden estar tranquilos. Nadie va a cuestionar su puesto de trabajo en varias generaciones.

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