De España dicen algunas encuestas que es un país donde domina ideológicamente la izquierda, pero también es un país muy conservador, existe mucha reticencia al cambio, o al menos a ciertos cambios. Cualquier nueva propuesta encuentra rápidamente la oposición no sólo de muchos grupos que viven del statu quo, también de los individuos que tienen como filosofía el "Que me quede como estoy" o el "Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer".
La liberalización del mercado laboral siempre ha contado con importantes detractores en los órganos de poder, sobre todo entre los sindicatos y partidos de izquierda, pero también entre las organizaciones de empresarios y en los partidos de derechas. En España hay mucha alergia a la libertad y a sus consecuencias.
Durante el franquismo, los sindicatos que vivían en la clandestinidad reivindicaron la libertad de los trabajadores para asociarse y luchar por sus propios derechos; pero cuando Franco murió y ganaron la legalidad, simplemente ocuparon el lugar de los sindicatos verticales de la dictadura. En vez de defender los derechos de los trabajadores, o al menos los de sus afiliados, trabajaron para afianzar y ampliar su poder. En España hay 5,2 millones de parados, las perspectivas son muy sombrías y avanzamos inexorablemente hacia los 6 millones. Pero no parece importarles mucho, dado su empecinamiento en defender el modelo laboral y económico que nos ha llevado a semejante desastre.
Sindicatos y patronal fueron avisados por Mariano Rajoy de que tenían hasta el 6 de enero para ponerse de acuerdo en una reforma profunda del mercado de trabajo. Pasó la fecha y el presidente del Gobierno, que no se caracteriza por su contundencia, amplió el plazo. Sindicatos y patronal parecen haberse especializado en marear la perdiz, no en buscar unas mejores condiciones a sus protegidos. Y muy sano para la perdiz no debe de ser. El acuerdo al que han llegado, subir los salarios por debajo del IPC, parece un mal chiste, porque no soluciona nada.
La liberalización es la única vía posible de mejora. Toda contratación lleva aparejada un posible despido, que tendrá muchas y variadas causas, desde la coyuntura económica hasta el capricho del empresario o del propio trabajador, pasando por problemas concretos del sector o las políticas económicas del Gobierno. Si para salvaguardar el sacrosanto derecho al trabajo encarecemos el despido hasta unos niveles inaceptables para el empresario, necesariamente estaremos haciendo muy difícil la contratación, pues éste se verá en la obligación de comprometer unos ingresos que a lo mejor no consigue en el futuro, o no llegan a tiempo, o que no puede permitirse detraer de otras partidas. Tendrá que tirar con lo que tenga o pueda tener, y no con lo que le gustaría tener.
Con las actuales condiciones laborales, el empresario se puede permitir jugar con el miedo del trabajador a ser despedido y formar parte de esos 5,2 millones de desesperados. Se puede permitir ofrecer sueldos relativamente bajos o malas condiciones laborales a cambio de estabilidad laboral. Ojo, no digo que esto ocurra necesariamente, sino que el empresario no tiene tantos incentivos para mejorar las condiciones, aunque ello tuviera consecuencias en la eficiencia de la empresa.
Las cosas serían muy distintas si el trabajador no tuviera miedo al despido. Si encontrar un empleo dependiera de su capacidad, de sus conocimientos, de su adaptación a las circunstancias y no tanto de factores ajenos a él, se podría permitir vender sus servicios a cambio de un sueldo adecuado a sus características, con unas condiciones laborales aceptables.
Los empresarios buscarían retener a sus mejores trabajadores, pondría más empeño en hacer más rentable su empresa, y lo conseguiría ofreciendo buenas condiciones, no sólo salariales, a sus empleados. La famosa conciliación familiar se puede conseguir sin necesidad de legislar al respecto, dado que contribuye a la eficiencia empresarial y, por tanto, a que el cliente obtenga satisfacción.
La libertad del trabajador es algo que molesta a los sindicatos porque les hace perder poder. Molesta a las empresas que se comportan como burocracias. Molesta a aquellos trabajadores que se niegan a mejorar, a evolucionar, que temen los cambios. Molesta a los que creen que su estatus es un derecho, que una carrera, unos estudios o una formación llevan implícito un sueldo digno, que la sociedad tiene que velar por ellos.
Creo que una gran mayoría de españoles aún piensa que la protección del puesto de trabajo mediante la penalización del despido es una ventaja y un derecho, sobre todo si aún no ha perdido el suyo. Mientras esta mentalidad sea la dominante y el miedo sea más potente que la capacidad de iniciativa, la repulsa a una reforma de gran calado será mayoritaria. Mariano Rajoy parece ser consciente de ello, y ha pronosticado movilizaciones y hasta una huelga general cuando presente su plan. No sé qué hará el presidente del Gobierno, pero si seguimos haciendo lo mismo o algo parecido a lo que hemos hecho hasta ahora, los resultados serán similares: más parados.