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JACOBINOS CONTRA LA IGLESIA

Religión y derechos humanos

Pio Moa

La actual ofensiva jacobina contra la Iglesia va contra el espíritu y la letra de la Constitución, cuyo artículo 16 señala: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones". Salta a la vista que el gobierno de Rodríguez no busca nada parecido a la cooperación, sino más bien el hostigamiento a los católicos.

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Una argucia empleada a menudo por estos jacobinos es la pretensión de que la religión pertenece al ámbito íntimo y personal, ajeno a la esfera pública. No pocas veces quienes así hablan invocan los derechos humanos que, evidentemente, no conocen en la teoría ni en la práctica. La "Declaración de los Derechos del Hombre" salida de la revolución francesa establecía en su artículo 10: "Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, a condición de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley". Nótese el "inclusive", delator de la aversión al cristianismo por parte de los revolucionarios franceses quienes, por lo demás, no cumplieron su precepto, sino que sometieron a la Iglesia a una persecución sanguinaria, con miles de clérigos asesinados y destrucción de buena parte del patrimonio cultural francés.
 
Conducta práctica aparte, el artículo podría interpretarse en un sentido favorable la idea de nuestros actuales jacobinos, considerando la religión perturbadora para "el orden público", y por tanto perseguible, salvo que se limite al ámbito de las opiniones puramente privadas. Sin embargo el artículo 11 prescribe: "La libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; en consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, a trueque de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley". Obviamente esto atañe también a las ideas religiosas.
 
Además, según los jacobinos, cuyo sentido de la contradicción no está muy desarrollado, la religión no es otra cosa que una ideología más. Si así fuera, está claro que también las ideologías de los partidos debieran restringirse al terreno puramente privado, lo que probablemente no aceptaría ninguno de esos partidos cuya sed de poder y de exhibición pública no precisa comentario.
 
Pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la ONU, inspirada más bien en la tradición anglosajona, es mucho más clara al respecto, y estatuye en su artículo 18: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia".
 
Los Rodríguez, Peces Barba y compañía, pretenden, pues, atentar contra un derecho humano fundamental en función de su sectaria y muy particular interpretación de la religión y de los derechos humanos, e intentan imponer tiránicamente esa interpretación, prevaliéndose de modo ilegítimo del poder. Esta es ya una tradición muy larga en el jacobinismo hispano, siempre dado a invocar los derechos y la libertad en abstracto para atacarlos en concreto, a menudo con ferocidad sanguinaria, como testimonia la historia del siglo XX. Tal actitud debe ser desenmascarada y combatida sin concesiones, no porque critique a la religión o ponga en duda sus fundamentos, pues ahí la opinión es libre, sino porque atenta contra la democracia y las libertades. Esto ocurrió ya con la sectaria constitución republicana: Azaña admitía que vulneraba los derechos de conciencia y otros, pero la justificaba en "la salud de la República". Una salud que él contribuyó a arruinar así. Los efectos históricos de tales medidas, efectos nefastos y violentos, como no podía ser de otro modo, son bien conocidos y no deben echarse en olvido, so pena de repetir viejos traumas.

Otra manera indirecta de socavar a la Iglesia es la presunción de que la religión católica es una más en España, y por tanto el estado debe prestarle la misma atención que a cualquier otra, sea la islámica o la budista. Viene a ser, salvando otras diferencias, como si partidos o grupos sindicales sin apenas presencia recibieran las mismas ayudas del estado que los partidos y sindicatos más representativos. Desde luego podría argumentarse contra de la concesión de ayudas públicas tanto a los partidos y sindicatos como a las confesiones religiosas, pero eso ni se les pasa por la cabeza a nuestros jacobinos. Se trata, por tanto, de otro claro abuso, contrario a la historia y realidad sociológica del país, pero merecedor de un artículo aparte.

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