Cuando se aprobó la Ley contra el Tabaco, el pasado mes de diciembre, la secretaria de Bienestar Social del PSOE, Matilde Valentín, dijo ufana que la norma "evitará que [la población no fumadora] respire, de forma involuntaria, los malos humos de los demás". A simple vista, parecería que el Gobierno ha decidido defender los derechos individuales e impedir que se contamine el aire que respiran los no fumadores. Sin embargo, como veremos, el objeto de la norma es violar los derechos de los fumadores y de los empresarios.
1. Hacia la prohibición light: impuestos confiscatorios
Sin necesidad de llegar a la prohibición, un Gobierno cualquiera puede desincentivar el consumo de cualquier producto. Es tan sencillo como fijar precios mínimos que sean suficientemente altos o, directamente, gravar con impuestos extraordinarios el bien en cuestión.
Esto último es lo que ha hecho la Unión Europea con el tabaco. La excusa: el coste sanitario; la realidad: que los vicios, para algunos, son delitos, aunque no puedan tipificarlos de este modo en el Código Penal. Esta tesis de los eurócratas ya fue desmontada hace muchísimo tiempo por un desconocido abogado norteamericano, Lysander Spooner. En el ensayo 'Los vicios no son crímenes' Spooner advirtió del problema de que cualquier Gobierno se tome la libertad de castigar el vicio: "Son sólo aquellos que afirman que el Gobierno tiene algún poder legítimo, que ningún individuo o individuos le ha delegado o podido delegar, los que afirman que el Gobierno tiene algún poder legítimo para castigar los vicios".
Evidentemente, los burócratas que pacen en Bruselas nunca se atreverían a proclamar semejante tesis, ya que no son reyes que gobiernen por voluntad divina, aunque, como aquellos, se lo monten divinamente. Pero la idea de introducir gravámenes abusivos sobre un producto para hacerlo inasequible al común de los mortales les pareció extraordinaria.
Así pues, lanzaron una directiva en la que metieron en el mismo saco no sólo el tabaco, también el alcohol, otro de los grandes vicios de la humanidad, y los hidrocarburos. Dicho y hecho. A partir de ahí, cada Estado de la Unión Europea, dentro de un baremo, se puso a fiscalizar el alcohol y el tabaco. En España se consiguió que el vino escapara totalmente de la tributación, y, en buena medida, la cerveza. Por supuesto, el tabaco no mereció semejante tratamiento. No era, como dirían nuestros insistentes nacionalistas, un bien "cultural".
Actualmente, el tipo efectivo de tributación del tabaco, tomando los dos elementos que lo componen, un tipo específico y otro ad valorem, asciende, si le sumamos el IVA (16%), al 74,7% del precio final. Es decir, que las riquísimas tabaqueras se llevan menos del 30% de lo que recaudan. Con ese escaso beneficio deben pagar un 35% adicional a Hacienda; no sin antes descontar todos los costes, como salarios, instalaciones o publicidad.
El Estado español se embolsó en 2004 por la fiscalidad sobre el tabaco la escandalosa cifra de 5.955 millones de euros. Algunos, escuchando tales importes, pensarán que de mayor lo mejor es ser Estado y no un Beckham cualquiera. Aun con todo ese dinero, la obsesión del Gobierno por dictar a la gente su comportamiento no ha menguado en absoluto. De hecho, el último argumento para seguir elevando los impuestos sobre el tabaco ha sido la espuria tesis de que, si se incrementan los precios finales, los fumadores dejarán de fumar y los jóvenes no se convertirán en adictos a la nicotina.
Como saben los fumadores, el precio no les hace cambiar de producto sino, a lo sumo, de marca. Lo que realmente les anima a dejar el tabaco es ver cómo otros lo han logrado y viven mejor. Pero no necesitan que ningún poder político les saquee el bolsillo y, encima, les diga sin vergüenza que es por su bien. De nuevo, Spooner lo resumió a la perfección, en una cita que se ha convertido en un clásico: "El asaltador de caminos, al contrario que el Estado, una vez que te ha quitado tu dinero te deja en paz y no persiste en seguirte (...), en asumir que es tu soberano por derecho (...) o en protegerte".
Algo similar sucede con estos tributos. Si se cobran... pues, como no queda otra, el fumador los paga; pero de ahí a que lo recaudado se gaste en publicidad paternalista del tipo "no fumes, es por tu bien"... Es algo que invita a pensar que estamos aceptando que los políticos nos dirijan como si fuéramos un rebaño. Y el que bale menos de lo debido, a los lobos.
Como alegóricamente hemos puesto de manifiesto, levantar la voz puede costar muy caro. Es lo que les está pasando a tabaqueras como Philip Morris, a la que por poco acusan de genocida por ejercer el sacrosanto derecho de fijar los precios de sus productos. Tras esta decisión tan horrible, que hace inefectiva la medida socialista de elevar los impuestos del pecado, se han vuelto a elevar los tributos.
A pesar de que nuestro Gobierno se crea original, la idea de que subiendo los impuestos se reduce el tabaquismo es tan febrilmente infantil como creer que despojando a los ricos de todos sus bienes y repartirlos entre los pobres se acabará la pobreza. Claro está que el infantilismo es una enfermedad típicamente de izquierdas, como el conformismo y el consenso lo son de la derecha.
Realmente, la razón por la que los intentos gubernamentales de reducir el consumo mediante los impuestos no obtienen los resultados esperados es muy simple: los bienes inelásticos, es decir, aquellos cuya demanda no varía por estímulos relacionados con el precio, pueden ser gravables con impuestos casi ilimitados porque la gente seguirá demandándolos. Lo mismo sucedería con el alcohol. Eso sí, llegados a un punto, probablemente el mercado negro haría su aparición y colmaría las necesidades de los consumidores.
Cuando la realidad manifiesta la puerilidad de los gobernantes, éstos sostienen contra viento y marea sus opiniones y, después, proceden contra ella con mayor dureza aún.
No obstante, hay ocasiones en las que, con cierto grado de cinismo, hasta acompañan los esquilmes tabaqueros con leyes liberticidas que buscan conversiones paulinas, como veremos a continuación.
2. Ley 28/2005 de Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo
El castigo, como hemos advertido, se llama Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. Con esta norma nos asomamos al noveno círculo infernal, donde, según Dante, el Diablo albergaba a los traidores. Allí, los fumadores deberían estar en el cuarto recinto, la Judesca, donde residían los que traicionaban a los bienhechores.
Los "humanitarios con guillotina", como los denominó la escritora Isabel Paterson, no consienten que sus planes no den los resultados previstos. Por eso los fumadores, al haber hecho caso omiso del Estado, merecen un castigo, que pasa por prohibirles fumar, o imponerles restricciones, en establecimientos –mal llamados "públicos"– como bares, discotecas, restaurantes, hoteles y empresas.
Durante la tramitación de la ley, la ministra Salgado explicó la motivación del Gobierno a la hora de introducir esta norma de la siguiente manera:
"Nuestros niños no verán publicidad de productos del tabaco en la calle, no volverán a escuchar cuñas publicitarias en la radio, no se les volverá a incitar a fumar con la publicidad que hoy les rodea. Miles de menores que salen a los locales de ocio pensados para ellos van a disfrutar de ambientes sin humo de tabaco. Todos nosotros, incluidos, por supuesto, los dos tercios de la población que no fumamos, vamos a poder disfrutar de un aire sin humo de tabaco en los centros de trabajo, vamos a disponer de más espacios sin humo en los lugares de ocio, vamos a poder hacer gestiones en cualquier establecimiento público en un ambiente sin tabaco, y en poco tiempo lo vamos a considerar habitual. Las nuevas generaciones van a ver que lo normal es trabajar o divertirse sin estar rodeados por el humo del tabaco (…) Sabemos, porque nos lo dicen las encuestas, que una buena parte de los fumadores desea la entrada en vigor de la ley porque la consideran una excelente oportunidad y un estímulo para dejar de fumar. Todos los fumadores saben ya que el tabaco es malo para la salud".
Rodríguez Zapatero, por su parte, dijo que quiere que los ciudadanos "consuman menos alcohol y tabaco", y que eso es "ser de izquierdas en el siglo XXI".
Tanto las palabras de la señora Salgado como las del actual presidente del Gobierno mostraban el fin a que aspira la izquierda: controlar a los ciudadanos y acabar con el vicio.
Si el Gobierno tiene que ocuparse de la salud hasta el punto de decidir que fumar es malo, la pregunta que sorprendentemente no se le ha hecho a la ministra en el Congreso es: ¿por qué no se prohíbe? Como el tabaco aún se vende en los estancos y en las máquinas dispensadoras de los bares y restaurantes, hay que entender que no es un veneno, porque no sería razonable que el Estado permitiera el consumo de productos dañinos para la salud. No obstante, la ley juega a prohibir el consumo, a relacionar tabaco y cáncer y a negar a los fabricantes de tabaco posibilidad alguna de publicitar sus productos.
En el preámbulo de la norma se llega a indicar que las autoridades públicas tienen la responsabilidad de limitar "el acceso y disponibilidad de un producto que genera adicción, discapacidad, enfermedad y muerte". Entonces, ¿por qué es legal su distribución, y por qué existe el Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco, si, como ha señalado el Tribunal Europeo de Estrasburgo en el caso Happy Family, imponer un tributo sobre un estupefaciente no es legal, puesto que no es objeto de tráfico mercantil?
Otra de las cuestiones que no se ha tratado es la de si el ciudadano tiene o no el derecho a su propia vida, y si, en el caso de que decida fumar, lo cual afecta a su bienestar, prima la obligación del Estado de velar por su salud frente al mencionado derecho. Si primara tal deber estatal sobre el derecho a la vida, entonces tendríamos que concluir que hay una clara dejación de funciones, por cuanto el poder político no elimina un veneno del mercado.
Así que, a la luz de toda esta normativa, se pueden llegar a unas conclusiones preocupantes:
- El Gobierno quiere obligarnos a ser sanos.
- El Gobierno se cree en el deber de limitar la libertad y el derecho a la vida, que conlleva su corolario: el derecho a suicidarse, aunque sea progresivamente: mediante el consumo de sustancias perjudiciales para salud.
- El presidente del Gobierno, como jefe del Gabinete que ha promulgado la ley, debe ser un adalid de la lucha contra el tabaco. En caso de no demostrar con su propio ejemplo que cumple la ley, ésta deja de tener sentido alguno y él tendría que dimitir.
De las dos primeas conclusiones creo que hemos comentado lo suficiente. De la tercera, por sorpresiva que resulte, todavía tenemos algo más que añadir. El señor Rodríguez Zapatero ha fumado en su lugar de trabajo, como ha puesto de manifiesto, en su edición del 30 de enero de 2006, el diario Libertad Digital, vulnerando de este modo el artículo 7 de la ley en que se dispone la prohibición total de fumar en dichos recintos. Por cierto: las sanciones aplicables a esta infracción (artículo 20) oscilan entre los 601 y los 10.000 euros.
Con lo que volvemos a encontrarnos con la historia de siempre: los progres defienden ideas en las que no creen y que no piensan cumplir pero que gustan de imponer a los ciudadanos.
Con esta ley, que legisla sobre el derecho a la vida e impone restricciones a la libertad individual, el Gobierno de España se abroga un derecho del que carece: determinar qué es lo conviene a los individuos.
3. Conclusión
Decía la ministra: "La ley no va contra nadie, va a favor (sic) de la salud de todos". La señora Salgado miente indecorosamente, porque una norma que determina dónde se puede fumar y dónde no, no sólo ataca radicalmente la libertad individual y el derecho a la vida, también restringe el derecho de propiedad, al establecer hasta los metros cuadrados de bares, restaurantes y hoteles en que se va a permitir que la gente se chute nicotina.
"De mi piel para dentro gobierna el Estado", es el lema de nuestra época. El siguiente paso será limitar el consumo de alcohol. Ya lo ha dicho la ministra, y le ha secundado el presidente. Seguro que las medidas que ultimen serán celebradas con cava, en una habitación con mucho humo.