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LA CONSTITUCIÓN EN JUEGO

La Iglesia ausente

La Iglesia es siempre una voz cualificada. Se comprende que unos pidan que esté callada y se mantenga alejada de las cuestiones que atañen a la organización política y social de la comunidad humana; y que otros, en cambio, reclamen que hable, que se note su presencia y que muestre que nada de lo humano le es ajeno.

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En este momento de crisis institucional y social, alejarse de las graves cuestiones y mantener el silencio ¿es lo mejor que puede hacer la Iglesia? ¿Hay una alternativa entre alejarse y hacerse cargo, dentro de su cometido, del curso de la historia?

No sabemos para qué se perpetró la masacre del 11-M. Pero sí sabemos que, casi dos años después de ese pozo de muerte y mentira, España está sumida en una de las crisis más graves de nuestra historia, afrontando una ofensiva nacionalista radical con un gobierno a la deriva, que ha elegido someterse a la presión de los apoyos y exigencias de los grupos minoritarios nacionalistas. Vemos la facilidad con que se desprecian o interpretan interesadamente los grandes principios constitucionales, como se violan sentencias firmes del Tribunal Supremo y como los gobernantes están atrapados por la inmediatez de la gestión sin otro fin que mantener o aumentar el poder personal.

El chalaneo político al que es aficionado el Presidente del Gobierno y la negativa a llegar a acuerdos con el principal partido de la oposición, que aglutina a la mitad de los votantes, entre otros hechos, nos obligan a todos a exigir cordura, entendimiento y espacios para la colaboración antes que el enfrentamiento. Está en juego el modelo del Estado constitucional; están en juego las condiciones de la convivencia y de la paz social; está en juego la garantía efectiva de las libertades; están en juego las exigencias del bien común.

Esta comunidad humana llamada en la Constitución “patria común e indivisible de todos los españoles” (artículo 2), alberga en su seno una comunidad religiosa mayoritaria, portadora de una irrenunciable significación social, cultural, histórica, humanitaria y moral. No es justo que, en más de una ocasión, miembros del Gobierno y del partido gobernante recurran a la amenaza de interpretar de la manera menos benevolente los Acuerdos Iglesia - Estado. Sería más acorde con la voluntad de avanzar en el desarrollo democrático, remover los obstáculos (Constitución, artículo 9) que impidan alcanzar niveles cada vez más elevados de participación y cooperación entre ambos como servicio al hombre.

Benedicto XVI.El pasado 9 de enero, en el saludo al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, Benedicto XVI agradeció las palabras del Decano de los Embajadores y, a renglón seguido, les dijo que algunos de los numerosos y graves problemas que inquietan al mundo de hoy y son objeto de su solicitud lo son “también de la Santa Sede y de la Iglesia católica en todo el mundo, solidaria de todo sufrimiento, de toda esperanza y de todo esfuerzo que acompaña el camino del hombre. Nos sentimos así unidos en una misión común, que nos sitúa siempre ante nuevos y enormes desafíos. Sin embargo, los afrontamos con confianza, con la voluntad de apoyarnos mutuamente –cada uno según su propio cometido– mirando hacia grandes metas comunes”.

Y para que no se perdiera lo que quería remarcar, retomó: “He dicho nuestra misión común. ¿Y cuál es, sino la de la paz? La Iglesia no hace más que difundir el mensaje de Cristo, que vino –como escribe el apóstol Pablo en la Carta a los Efesios– a anunciar la paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca (cf. 2,17). Y vosotros, eximios representantes diplomáticos de vuestros Pueblos, según vuestro estatuto tenéis precisamente este noble objetivo: promover relaciones internacionales amistosas, en las que en realidad se sustenta la paz (Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas)”.

La experiencia histórica dice que así ha sido y debe seguir. En los momentos especialmente críticos de cambios políticos o eclesiales, después del Concilio Vaticano II (1965-67), hacia el final del régimen anterior (1971, 73, y en adelante), por ejemplo, han surgido en la Iglesia figuras carismáticas con una palabra propia en el tiempo oportuno, o la Iglesia se hizo presente en el debate con una palabra unitaria para aportar luz y compromiso a los cambios en curso. En este momento, ¿pertenece a la misión legítima de la Iglesia decir públicamente a los católicos, y a cuantos quieran escuchar su voz, lo que parece mejor para construir la paz social y regir las condiciones del bien común?

La cúpula del Vaticano.La Iglesia “en cuanto que existe en este mundo y vive y actúa con él”, como dice el Concilio, tiene el deber de proclamar aquellos principios que, por encima de las opciones particulares, facilitan el acercamiento y la convergencia de las diferentes posturas, sientan la base común para el consenso y actúa como el antídoto contra el “todo vale” o el vacío moral. Principios y valores que la Doctrina social de la Iglesia no duda en calificar de permanentes e irrenunciables.

El principio de la dignidad de la persona, (Constitución, artículo 10.1) reclama la primacía de los derechos personales universales sobre los derechos particulares y pactados de los pueblos. Sólo sobre esta base irrenunciable, que la Constitución presenta como el fundamento del orden político y de la paz social, son posibles políticas acordes con el desarrollo de las libertades democráticas.

El principio de la integridad de la patria común coopera a la búsqueda de las condiciones más adecuadas, en este momento histórico, para la puesta en práctica de políticas de igualdad y solidaridad, que son también valores superiores y principios de organización de la sociedad garantizados por la Constitución.

El principio del bien común reclama atender a la diversidad en la medida de lo posible, pero exige atender en primer lugar las necesidades de los más pobres. Las opciones políticas preferentes vienen dictadas por la ética de la justicia y la responsabilidad. La búsqueda de la igualdad y la solidaridad de todos los ciudadanos obliga a denunciar que las pretensiones de algunos dirigentes políticos autonómicos son egoístas, insolidarias y creadoras de estructuras de desigualdad entre ciudadanos de la misma comunidad nacional.

El principio de la convivencia y la paz social exige potenciar aquello que, según la experiencia histórica, nos une y buscar el consenso y la negociación sobre aquello que nos diferencia o nos distancia.

Este aprendiz de cristiano en el mundo, miembro de la Iglesia que peregrina en España, cree con toda la humildad que la Iglesia no puede estar ausente del escenario público de la ciudadanía; éste es el lugar para el debate, la información y la participación de todos en las grandes cuestiones que interesan a toda la Nación, sobre todo cuando el juego político ha hurtado a los ciudadanos el conocimiento de las grandes cuestiones.

Juan Souto Coelho es miembro del Instituto Social “León XIII”
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