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ABORTO Y EUTANASIA

La Iglesia en Cataluña y el Estatuto

José Francisco Serrano Oceja

No se ha oído, que sepamos, repetir a ninguno de los negociadores del Estatuto de Cataluña lo que el canónigo Pau Clarís dijo en el siglo XVII: “Muera yo, infamemente, y respire y viva la afligida Catalunya”.

La lectura del documento de los obispos catalanes “Raíces cristianas de Cataluña”, de 27 de diciembre de 1985, permite que nos topemos con más de un criterio interpretativo de lo que ha ocurrido y de lo que va a ocurrir en un futuro no muy lejano. ¿Será este documento episcopal un referente teórico clave del Estatuto, como instrumento jurídico de autogobierno? Tendremos que analizar si la idea que tienen los obispos de un texto que contribuya a que “las formas político-administrativas que el Estado adopte no impidan nunca el desarrollo natural de cada pueblo, sino que, por el contrario, lo favorezcan y lo sirvan” se corresponde con lo acordado en la Moncloa.

Se podría decir que existe una percepción de que los católicos catalanes, con los obispos a la cabeza, no han hecho hasta ahora un juicio moral detallado al Estatuto como instrumento jurídico de autogobierno. Por tanto, se han fijado no en el Estatuto sino en éste Estatuto. ¿Existiría, en este momento histórico y con tales actores ideológicos, un Estatuto que no fuera el pactado por el paladín del laicismo social, señor Zapatero, y sus compañeros de políticas varias? La diferencia entre el Estatuto ideal y éste Estatuto probablemente esconda una argucia que oculta la insuficiencia de un nacionalismo eclesial al que se le han corrompido las bases morales y sus referentes sociales.

¿Ha añorado, desde el Estatuto de la Constitución de 1978, la Iglesia nacionalista un texto que fuera hasta las últimas consecuencias políticas y jurídico-administrativas de la consideración de Cataluña como nación? ¿Se siente cómoda la Iglesia en Cataluña con el Estatuto de Sau, de 1979? Ya el 20 de julio de aquel año decían los obispos: “En el momento político actual los obispos manifestamos –como lo hicimos en anteriores ocasiones– nuestro deseo de que en la legislación civil que se está gestando y que hace referencia a Cataluña queden reconocidos plenamente los derechos de nuestro pueblo a su identidad nacional, manifestada en su realidad cultural e histórica”.

Afirman los obispos que “la existencia de la nación catalana exige una adecuada estructura jurídico-política que haga viable el ejercicio de los derechos mencionados”. Y, añaden, que “esta conciencia de ser una realidad nacional previa que confluye con otras para la formación de un Estado es lo que da sentido nacional a nuestro país y hace que la autonomía y las instituciones propias que con ella han retornado sean vividas no como una moda política, sino como respuesta a unas aspiraciones históricas, profundas e irrenunciables”. Quien tenga oídos, que oiga.

Otra cuestión es pensar que las circunstancias se han ido de las manos. El Estatuto que se va a debatir en las Cortes es el Estatuto de la visión laicista de la vida, de la existencia secular, de la apostasía, ya no silenciosa, sino manifiesta de un pueblo que ha perdido sus raíces y que las encuentra en un marco cargado de un sospechoso estatalismo conducente. Esto último es lo que señaló, en un reciente artículo, el obispo auxiliar de Barcelona, monseñor Joan Carrera, a acentuar “el intervencionismo de la administración en la vida de los ciudadanos”.

Los políticos demócrata-cristianos de Convergencia, con Durán Lleida a la cabeza, se han apresurado a aclarar que el PSOE ha adquirido el compromiso de modificar el Título I del Estatuto, acerca de los Derechos y Deberes en lo referido a “la eutanasia, el aborto y la igualdad de género”. Sin embargo, ERC e ICV-EA se empecinan en condicionar su voto a la defensa de estos “nuevos derechos de la ciudadanía”. El tiempo lo dirá, pero ya se pueden ir encomendando a “san Alfredo Pérez-Rubalcaba” porque lo poco que une a la izquierda no-nacionalista –si es que ya existe– con la nacionalista es la ingeniería de lo “social”, que significa la legitimación de unos derechos inexistentes, contrarios a la dignidad de la persona. Véase los supuestos derechos al matrimonio entre homosexuales, el aborto o la eutanasia.

Otra cuestión es plantearse que si no existiera la percha, no se podrían colgar las vergüenzas. ¿Es suficiente un juicio moral sobre algunos artículos del Estatuto sin hacer una previa reflexión sobre el instrumento jurídico en sí y lo que supone de alteración del orden constitucional y su incidencia en el principio de la solidaridad? Y como éste es el tiempo de las preguntas, una última: si existe un documento sobre las raíces cristianas de Cataluña, ¿por qué no uno de los obispos sobre las raíces cristianas de España?

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