Desde entonces, desde los primeros días como presidente del Gobierno, desde las primeras entrevistas –a El País, por supuesto–, el presidente del Gobierno confirma en la fe a sus hermanos progresistas con un dogma que parece sacado del libro rojo del petete doctrinal, con lo que siembra sistemáticamente la sospecha de que aquí, en España, los únicos que quieren imponer algo son los obispos, los "hechiceros", el otro Cándido volteriano dixit, de la tribu atribulada.
La falacia del dogmatismo progresista de Zapatero, amén de alcanzar límites insospechados de demagogia, empieza a cansar. Por más que repita y repita eso de que ninguna fe se impone en democracia, no le vamos a creer. Convendría que demostrara, por ejemplo, qué documento episcopal de los años en curso dice que la fe se impone a la sociedad. Convendría que dedicara algún tiempo a la lectura –menos CNN+, menos Sexta y más libros– del volumen recientemente editado por la Conferencia Episcopal con el título de Moral política, para descubrir que lo que él dice sólo lo dice él, bueno, y su oráculo en materia de dioses y sabios, Gregorio Peces Etcétera.
Cuando el presidente del Gobierno está hablando de la fe se está refiriendo a los fundamentos de la moral. Anclado en una concepción ilustrada sobre las fuentes de la moral, considera que la propuesta ética de la Iglesia carece de la racionalidad, intrínseca e instrumental, necesaria para contribuir al gobierno de lo común. Las normas sobre la práctica personal que tengan trascendencia pública, son, para el presidente del Gobierno, fruto de un consenso entre actores acreditados que exponen sus argumentos más o menos racionalmente y que deciden lo bueno y lo malo en función de la utilidad social. Así, condena a la fe al baúl del pasado dado que considera que ninguna propuesta argumental puede estar avalada por algo que no sea el consenso, como puede ser una revelación o una tradición. Se olvida Zapatero de la historia. Y se olvida de la naturaleza, del orden preestablecido, fundamento de la democracia que, por más que quisiera, establece unos presupuestos de fiabilidad al orden artificial.
Zapatero es un fideísta de sí mismo, de su concepción del progreso, de sus políticas sociales, de su laicismo, religión al modo hispánico de imponer por ley lo que al ejecutivo le plazca. Porque si de imposiciones hablamos, tendríamos que recordar los mal llamados matrimonios homosexuales, la nueva Ley de Educación y su estrella fugaz de Educación doctrinal para la ciudadanía viviente, los divorcios express, la ley biomédica y la memoria histórica contra lo cristiano y contra la Iglesia. La fe de Zapatero en el progreso por el progreso siempre que dé la razón a su forma de entender el progreso es el único dogma aceptado y aceptable en esta insufrible postmodernidad que nos gobierna al modo del pequeño filósofo PP, Philip Petit. En esta historia, quien está en condiciones de imponer, quien tiene el poder, impone, vaya que si impone, porque, entre otras razones, sabe que sólo imponiendo, por la vía legal hacia la vía moral, se acaba sometiendo a la ciudadanía.
Zapatero es un especialista de sí mismo; no olvidemos que los totalitarismos, que despreciaban al verdadero pensador, siempre han buscado que en la sociedad haya unos pocos especialistas, que no intelectuales, con una gran mayoría de pasivos receptores de los mensajes de los especialistas, es decir, el resto. Al presidente del Gobierno parece que le molesta la Iglesia que propone; estaría más a gusto con una Iglesia que impone, a la que podría declarar ilegal. A la actual Iglesia, a lo sumo, la puede condenar al ostracismo de la opinión pública o de la denigración cívica. Pero no puede dar un paso más en esa formulación dogmática que, a estas alturas, ha dejado de ser creíble.