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Columna publicada el 01-07-2006
Rodriguez Zapatero anunció al fin esta semana el inicio formal de una negociación con ETA, un diálogo que lleva en realidad muchos meses desarrollándose. Lo hizo en el plazo fijado por los terroristas y asumiendo las condiciones impuestas por los asesinos, incluyendo esa alambicada fórmula de autodeterminación que consiste en reconocer el derecho exclusivo de los vascos a decidir sobre su futuro. El anuncio se produjo mientras ETA continúa ejerciendo la extorsión y se suceden los actos de terrorismo callejero, incumpliendo así las condiciones mínimas que había impuesto el Parlamento para el inicio del diálogo. Quizá por eso Zapatero no tuvo el valor de hacer esta declaración ante el Pleno de la Cámara y en presencia de todos los diputados.
Con esta declaración el Presidente del Gobierno claudica una vez más al chantaje al que le vienen sometiendo los terroristas. Cada vez que la banda emite un comunicado amenazante, Zapatero acude solícito a dar satisfacción a las exigencias de los asesinos para mantener el alto el fuego. ETA fijó un plazo para el inicio de la negociación y el presidente no se ha atrevido a sobrepasar la fecha fijada por los terroristas, a pesar de que las condiciones para un dialogo son cada vez menores. ETA estableció el contenido político del diálogo y Zapatero ha asumido la necesidad de un nuevo proceso constituyente para el País Vasco y el respeto a un inexistente derecho de autodeterminación para Euskadi. ETA exigió que se reconociera políticamente a Batasuna y Zapatero la consideró de inmediato un interlocutor necesario. ETA exigió solapar la negociación entre las fuerzas políticas vascas con la negociación del Gobierno con la propia banda y Zapatero se desdijo de inmediato de ese principio tan cacareado de “primero la paz y luego la política”.
Hay mucha gente que puede pensar que merece la pena claudicar ante los terroristas si con eso se consigue que no vuelvan a asesinar. Es más, el Gobierno pondrá en marcha a partir de ahora toda la capacidad política y mediática de la que dispone, que no es poca, con el fin de ocultar a los ciudadanos el precio que todos debemos pagar a los terroristas, en términos políticos pero también de dignidad, para convencerles de que dejen de matar. Tras muchas décadas de sufrimiento habrá quien no se resista a ser engañado, aunque al fondo de su conciencia sepa que la paz no puede sustentarse sobre la mentira, ni sobre la injusticia ni sobre la derrota de la libertad.
Tras el anuncio de Zapatero, la dignidad democrática sólo podrá ser restablecida a través de una gran movilización política y social. El liderazgo político de esta auténtica resistencia de la libertad solo puede ser ejercido por el Partido Popular, la única fuerza que no se ha plegado a las exigencias impuestas por los terroristas y que mantiene una voluntad de victoria sobre el terror frente a la voluntad de claudicación impulsada por el gobierno. En estas circunstancias, el PP no puede limitarse con quedar al margen de este proceso, sino que debe oponerse activamente al mismo denunciando toda nueva concesión que el Gobierno otorgue a los terroristas, como ya ha hecho ante la permisividad del Fiscal General del Estado ante determinados delitos, el amparo político dado por el partido socialista a Batasuna o los compromisos adquiridos por el Gobierno para desactivar el Estado de Derecho frente al terror. Sin esa oposición firme y activa del PP, sería inevitable que la sociedad española termine claudicando ante los terroristas, aunque fuera más por indiferencia y cansancio que por convicción. Ese sería en realidad el principio del fin de nuestra democracia.
Junta a ello es imprescindible la movilización social. Esta movilización debe ser sin duda liderara por las victimas del terrorismo, que en ningún caso pueden aceptar que la paz se pague con el aniquilamiento de su verdad, con la traición a su memoria o con la inmensa injusticia de la impunidad de sus asesinos. La sociedad española tiene contraída una inmensa deuda de gratitud a unas victimas que han sido durante décadas un ejemplo de dignidad democrática. Ha llegado el momento de que los ciudadanos libres y honrados les devolvamos una parte de esa deuda con una enérgica rebelión al proceso de rendición al que nos conduce el Gobierno.
Ignacio Cosidó es diputado del Partido Popular por Palencia.

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