Estableció la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, los principios y criterios sustantivos de nuestro Sistema Nacional de Salud: su carácter público, su universalidad y su gratuidad; con el objetivo común de garantizar la equidad, en la línea de desarrollo del principio constitucional de igualdad, garantizando así el acceso a las prestaciones y el derecho a la protección de la salud en condiciones de igualdad efectiva en todo el territorio y posibilitando la libre circulación de todos los ciudadanos.
¿Y les parece a ustedes, estimados lectores, que, casi treinta años después, podemos vanagloriarnos de haber conseguido tamaño objetivo? Tengo para mi que no, y paso a exponer el porqué de mi convicción; no sin antes señalar, sin embargo, que para sí quisieran muchos países del orbe –incluyendo a algunos de nuestro entorno– la calidad de la sanidad de que disfrutamos en España.
Duele tener que decirlo pero, por desgracia, si a cualquiera de nosotros se nos ocurre salir de nuestra comunidad autónoma, por cualesquiera razones –trabajo, placer, o simplemente porque nos peta–, a efectos sanitarios es como si hubiéramos viajado a Noruega, Alemania o el Reino Unido de la Gran Bretaña, por no mencionar países sitos en otros continentes. ¿Les parece que exagero? Pues intenten obtener fuera de su comunidad cualquier medicamento cuya receta les haya sido expedida por su facultativo de atención primaria o especialista y verán lo que acontece; o acérquense a cualquier ambulatorio fuera de su territorio habitual para ser atendidos de una enfermedad crónica e intenten que su historial clínico –diagnóstico, pruebas complementarias, tratamiento farmacológico…– pueda ser consultado por el galeno que le atienda. Y de nada les servirá ser portadores de su tarjeta sanitaria con dicha información –si se cuentan ustedes entre los afortunados poseedores de la misma–, porque es totalmente ilegible fuera de su hábitat sanitario, ya que, pásmense, los ordenadores no hablan el mismo lenguaje, a pesar de ser éste binario.
¿Les parece a ustedes razonable que, casi quince años después de finalizado el traslado competencial en materia de sanidad, en el año 2001, lo que tengamos hoy en España sean tantos sistemas sanitarios como comunidades autónomas? Y lo que es peor, funcionando como compartimentos estancos en lo que a intercambio de información, coordinación y control se refiere; vean si no el calendario de vacunaciones de nuestros infantes o el catálogo de prestaciones –cambio de sexo incluido–, a modo de botón de muestra, y asómbrense.
¿A esto llamamos equidad? Visto lo visto, no es de extrañar que alguna formación política –eso sí, minoritaria y con escasas o nulas posibilidades de llegar a gobernar– esté reclamando la recentralización de la sanidad y la educación públicas, bien que con escaso eco, pues que hablamos de devolver al Gobierno del Estado el control y administración de más de 65.000 millones de euros de la sanidad y 45.000 de la educación, y eso son palabras mayores. Y no digo yo que tal vuelta atrás sea la mejor solución, pero algo tendremos que hacer si queremos que el edificio de nuestra sanidad se sostenga, con lo que ha costado levantarlo.
¿Les cabe en la cabeza a ustedes, pacientes lectores, que cuando una comunidad autónoma ha resuelto parcialmente el problema, desarrollando e implementando un modelo único de historia clínica y receta electrónica, que lleva funcionando satisfactoriamente –aunque todo lo humano es perfectible, faltaría más– varios años, que los demás territorios patrios no apliquen la misma herramienta, en lugar de reinventar la rueda tantas veces como autonomías componen el Estado? Pues a mí tampoco, y créanme que lo intento. Y otro tanto acontece con la tarjeta sanitaria única –dentro de poco Europa nos impondrá alguna, ya verán–, la libertad de elección de médico y hospital, la libre circulación de pacientes y personal sanitario….y un largo rosario de diferencias.
Mediada ya la segunda década del siglo XXI, también llamado de las comunicaciones, resulta difícil entender y muy duro aceptar el hecho de que los distintos sistemas de información sanitaria –sea esta clínica, administrativa o financiera– implantados en nuestras autonomías sean incapaces de hablar entre sí; claro que en la mayoría de ellas la situación es todavía peor, si cabe: los centros de salud y los hospitales de la misma comunidad son incapaces de compartir dicha información. Y no me cabe duda alguna de que no nos enfrentamos a un problema tecnológico, sino de falta de respeto a los derechos de los ciudadanos y de escasa voluntad política a la hora de cumplir la ley, en este caso la General de Sanidad.
Se podría argumentar que el 6,25% del PIB es insuficiente para financiar las necesidades sanitaria reales de una población dispersa y envejecida, ya que la longevidad con calidad de vida, aunque la firmaríamos todos al arribar a este mundo, no es barata y hay que pagarla; sin embargo, muy poco o nada se hace para corregir las deficiencias –y por ende los sobrecostes– en la gestión de los recursos disponibles, por mor de la atomización y desconexión entre los componentes de nuestro Sistema Nacional de Salud. Es por ello que se echa de menos en las políticas sanitarias –que debiera ser política, en singular– la práctica de la vieja sentencia aristotélica: "No hace falta un gobierno perfecto; se necesita uno que sea práctico".