Esta primera semana del juicio celebrado por la detención ilegal de dos militantes del Partido Popular ha sido demoledora para los intereses del gobierno. No han tenido que pasar muchos días para que no exista ninguna duda sobre las burdas mentiras de un gobierno que intentó situar al Partido Popular en la radicalidad y en el extremismo y que, al final, se ha visto directamente involucrado en detenciones políticas que en una democracia homologada no tienen lugar bajo ningún concepto.
Una semana de juicio ha sido más que suficiente para tomar nota de lo que es capaz de hacer este gobierno para salirse con la suya. No entienden de libertad. Sólo aceptan la militancia única y el enfrentamiento por el enfrentamiento. En esa prepotencia que sólo se encuentra en el poder, pensaron que podían desmontar a las víctimas del terrorismo con provocación y con insidias y se han encontrado con que su mangoneo ha saltado por los aires.
Cuando un gobierno ha sido capaz de hacer lo que ha hecho con las víctimas del terrorismo, ¿qué cabe esperar? Desde el gobierno se han hecho cambiar declaraciones, se han inventado pruebas, se han manipulado fotografías para inculpar a dos ciudadanos de a pie, se ha mentido descaradamente y se ha utilizado al grupo Prisa para cambiar la realidad de lo ocurrido. Si hacen esto con una manifestación, ¿qué no serán capaces de hacer con el 11 de marzo? Experiencia en el ramo es indudable que tenían.
Una semana de juicio ha dejado claro que las detenciones de dos militantes del Partido Popular han sido ilegales y políticas; la sentencia judicial así lo recogerá. Rodríguez Zapatero y su gobierno se han creído los dueños de lo que han dejado de España. Y piensan que con cuatro gritos, dos golpes en la mesa y una voz nos ponemos todos en tiempo de saludo. Pero no es así; por eso se deberán aclarar las responsabilidades políticas. El delegado del Gobierno en Madrid, el ministro Alonso, el ex-ministro Bono, el Fiscal General del Estado y el presidente del Gobierno deberían, primero, explicar lo qué pasó en el Congreso. Y luego, algunos tendrán que abandonar sus cargos, por no entender los principios básicos de la democracia.
El juicio que se está celebrando sobre las mentiras del gobierno no ha terminado en lo judicial, pero tampoco en lo político. El ejecutivo de Zapatero lo deberá pagar si todavía mantiene algún respeto, siquiera residual, por la democracia. Un recorte de las libertades de los ciudadanos no puede quedar fuera de las responsabilidades políticas.