El Gobierno se está moviendo para neutralizar al máximo los efectos políticos que pueda producir la verdad sobre los atentados del 11 de marzo. En Moncloa parece temer lo que pudiera pasar si se llegara a conocerse todo lo relacionado con la matanza de Madrid, o eso parece a tenor de su vergonzosa actitud con respecto a la investigación durante estos dos años y medio.
Desde hace meses, tanto el diario El País como el ABC han entrado en una ofensiva que tienen como objetivo contrarrestar las noticias que a ese respecto publican el diario El Mundo, Libertad Digital y la Cadena Cope. Es una confrontación mediática dirigida desde el Gobierno –como demuestran las coincidencias en día, hora, texto y "fuentes"– para intentar contrarrestar las investigaciones sobre el 11 de marzo. En Moncloa son conscientes de que las averiguaciones están calando en la opinión pública, que habla ya sin reparo de los "agujeros negros" y de las mentiras del ejecutivo. Ya no son tres gatos quienes comentan la nula credibilidad de la versión oficial de los atentados, ni son pocos quienes piensan que las pruebas oficiales del 11 de marzo son falsas; ya es de uso común preguntarse por qué seguimos sin saber lo que ocurrió aquel triste día de 2004.
Lo cierto es que ante este panorama, y ante la inoperancia de las campañas mediáticas de El País y del ABC, el ejecutivo ha dado un paso más para intentar contener las posibles consecuencias de que policías honrados decidieran hablar más de la cuenta. Especialmente si se refieren a los intentos del Gobierno de borrar cualquier por el que se pudiera relacionar los atentados de Madrid con la banda terrorista ETA.
El pasado viernes, Baltasar Garzón imputó a los tres peritos que habían escrito un informe sobre esa relación, que el juez asegura que falsificaron. Es una decisión que sólo puede leerse como un intento de amedrentar a las Fuerzas de Seguridad del Estado para que nadie hable sobre el 11 de marzo. Ese mensaje ha sido reforzado nítidamente por el secretario de Estado de Seguridad, que ha dicho a los miembros de la Policía Nacional en un acto cerrado a la prensa que el Ministerio va a ser implacable con los que cuestionen "desde dentro o desde fuera" a la citada institución. Dado que no parece que con eso se refiera a quienes decidieron falsificar informes para ocultarle información al juez, no cabe duda de que esto es una amenaza a cualquier policía o guardia civil al que se le ocurra decir una palabra sobre las pruebas de los atentados del 11 de marzo.
El Gobierno tiene ya el miedo suficiente como para tener que recurrir a estos extremos. Saben que ahora muchos están dispuestos a empezar a hablar, a contar lo que saben y dar pistas a quienes están investigando de verdad ese horrible crimen, que desgraciadamente no quienes tienen la responsabilidad y la obligación de hacerlo. El Ministerio ha sido claro: el que hable debe saber lo que le espera. Si se impone una ley del silencio es que hay algo muy grave que no nos quieren contar. Algo que también sucedía en la época de los GAL. Todos sabemos cómo terminó.