Las mentiras masivas del gobierno

Decir que este gobierno miente no es desvelar nada nuevo. Lo hemos visto en muchas ocasiones y repetidas veces ha quedado en evidencia. La mezcla de mentiras, medias verdades y propaganda es algo que en Moncloa se utiliza como estrategia habitual. Pero en esta ocasión, las mentiras son tantas y tan nítidas que el resultado no puede sino producir vergüenza. El juicio que se está celebrando en Madrid por la detención ilegal de dos militantes del Partido Popular está dejando al descubierto no sólo uno de los recortes de libertad más flagrantes de nuestra democracia, sino una forma de hacer política donde la persecución política de la oposición es un arma de uso habitual.

La declaraciones contradictorias, balbuceantes e inconexas que estamos escuchando en el juicio, con el delegado del Gobierno a la cabeza, han dejado muy claro que en aquellos días posteriores a la manifestación de las víctimas del terrorismo se azuzó y se instigó a la opinión pública contra dos militantes del Partido Popular cuya única culpa fue estar a unos metros del entonces ministro de Defensa. Un año después, comparar lo dicho ante el juez y lo recogido aquellos días es estremecedor. De entonces son las palabras de Pepín Blanco llamando extremistas a los populares, las declaraciones del ministro Alonso denunciando agresiones, las quejas de José Bono por haber sido agredido, las explicaciones de Constantino Méndez sobre las pruebas documentales de esas agresiones, los reproches de Pérez Rubalcaba al Partido Popular y las mentiras de Conde Pumpido justificando las detenciones por una actitud vociferante. Una auténtica cascada de actitudes burdas y de agitación política pura.

Lo cierto es que este gobierno se está configurando como un verdadero agitador social por medio de las mentiras masivas, la constante desfiguración de la realidad y una estrategia torticera de confusión. La detención ilegal de dos militantes del Partido Popular es el exponente más claro de con quién nos estamos jugando los cuartos. La oposición ya no puede contar con ninguna seguridad jurídica. Quien haya dado la orden de esas detenciones debe pagar política y judicialmente el recorte de libertades que supuso su acción. Además no se puede olvidar que el presidente Zapatero no condenó lo ocurrido y que, por lo tanto, lo acepta. Se mueven como nadie en la mentira.