México es un país con una economía llena de distorsiones que impiden que los recursos sean asignados eficientemente, lo que ocasiona que el valor del producto generado, el PIB, sea inferior al que podríamos tener y que logremos menor crecimiento económico. Muchas de estas distorsiones emanan de una legislación y regulación ineficiente que impide que los precios reflejen la escasez relativa de bienes y servicios. Dado que en una economía de mercado los precios indican a los productores cómo asignar los recursos, cuando el Gobierno interviene con regulaciones se impide que los recursos sean asignados eficientemente, con la consecuente pérdida en el bienestar social.
Voy a dar dos ejemplos. El primero es el precio de la gasolina. La decisión del Gobierno de que se incremente de acuerdo al objetivo de inflación y no en función del precio internacional del petróleo implica la existencia de un subsidio creciente al consumo, lo cual provoca que éste sea mayor. En el caso de México, la consecuencia es una tasa de extracción petrolera mayor a la óptima y el agotamiento acelerado de las reservas.
Esta situación se agravará aún más con la decisión tomada en estos días de congelar durante tres meses el precio de la gasolina, ante el aumento en el precio de ciertos alimentos, para así "apoyar a la economía familiar". Además de la falsedad de ese argumento, no se tiene en consideración la pérdida de ingresos para PEMEX y de recursos fiscales para el Gobierno, que se pagarán de una u otra forma, sea a través de menor gasto social del Gobierno, mayores impuestos futuros o mayores tasas de interés derivadas de un mayor endeudamiento gubernamental.
El segundo ejemplo es el precio de la electricidad para uso agrícola. Con el argumento de que es necesario subvencionar la electricidad que los agricultores utilizan para extraer agua de los pozos y así lograr una mayor producción y un mayor ingreso para los productores, esta política ha derivado en una tasa de extracción de agua mayor a la óptima, lo que ha agotado los mantos friáticos y aumenta la salinidad de la tierra. El resultado es que cada día hay menos agua para riego, además de que la tierra se vuelve menos productiva. ¿De qué van a vivir en el futuro los campesinos? ¿Qué subvención adicional habrá que darles?
Estos son dos ejemplos entre otros muchos de cómo el Gobierno interviene en el sistema de precios distorsionándolo y generando un uso ineficiente de los recursos, siempre con el argumento falaz de que es en beneficio de la población. Los políticos y los burócratas no parecen entender que intervenir en los mercados e impedir la libre determinación de los precios sólo deriva en un menor bienestar social.
