Se afirma que la “institucionalización” de la Revolución Mexicana lograda por el general Plutarco Elías Calles con la creación del partido que después se convirtió en el PRI fue el elemento clave que permitió dejar atrás la guerra civil y facilitó la creación de un marco institucional que favoreció el crecimiento económico mexicano.
Parte de ese arreglo institucional fue la creación, por parte de Lázaro Cárdenas, de un sistema corporativista con su apoyo a determinados grupos (obreros, campesinos, burócratas y empresarios), a cambio de una serie de prebendas y privilegios económicos. Aunque este arreglo institucional permitió pacificar al país e introducir a la economía en una senda de crecimiento económico, fenómeno que perduró hasta principios de los años 80, los costos para México del corporativismo priista han sido, son y serán muy elevados.
Primero, está la miseria en la que habita una gran parte de la población rural mexicana. El arreglo institucional del ejido generó un sistema de control político del campesinado mexicano, ejercido a través de los comisarios ejidales que tenían el poder prácticamente absoluto para asignar los predios dentro del ejido, el crédito, las semillas, los insecticidas y los fertilizantes, actuó en contra de la modernización de la producción agrícola y de una mayor productividad de los factores de la producción. Esto, junto con la atomización de la tierra agrícola derivada de la política agraria de dotar de tierra a prácticamente todo aquél que la pidiera y que derivó en el minifundio y el crecimiento de la población rural, tuvo como resultado su empobrecimiento.
Segundo, la ineficiente política agraria desde un punto de vista económico, aunque eficiente desde un punto de vista de control político, se agravó aún más con el arreglo corporativista urbano. La política de desarrollo económico basada en la sustitución de importaciones y que fue el mecanismo utilizado para industrializar al país con el consecuente sesgo en contra de los sectores primarios de la producción, derivó también en un arreglo corporativista que benefició a los empresarios protegidos y los sindicatos. La protección comercial a las empresas nacionales aunada a una política de subsidios fiscales generó rentas anormales para las empresas e indujo la adopción de técnicas relativamente intensivas en el uso del capital. Paralelamente se diseñó una legislación laboral para que los sindicatos y los trabajadores adscritos a las empresas protegidas se apropiaran de una parte de esas rentas anormales. Tales rentas para empresarios y sindicalizados tuvieron un claro costo: por una parte, el menor bienestar de los consumidores que enfrentaron precios de los bienes mayores a los que hubiesen regido con una política de libre comercio y, por otra, el menor bienestar de los productores agrícolas por la política de mantener bajos los precios de los alimentos en las zonas urbanas, como mecanismo para apoyar la industrialización.
Afortunadamente, a partir de 1985, con la decisión de abrir la economía, estas rentas extraordinarias han desaparecido y el corporativismo basado en los sindicatos industriales se ha debilitado significativamente, siendo los claros ganadores los consumidores que ahora tienen una mayor libertad para elegir, enfrentando precios menores y pudiendo adquirir bienes de mayor calidad.
El tercer pilar del corporativismo ha sido el de los empleados públicos, tanto en el gobierno federal como en los gobiernos estatales y municipales y en el sector de empresas estatales. La absoluta falta de definición de los derechos de propiedad sobre los recursos públicos que maneja el gobierno derivó, además de en un espeluznante desperdicio de recursos que perdura, en la creación de un sistema de privilegios y prebendas para estos empleados a costa del bienestar del resto de la población. Un número de trabajadores significativamente mayor al óptimo, sueldos muy por arriba de la productividad social, sindicatos intocables, esquemas de jubilación de empleados públicos que otorgan beneficios exorbitantes a costa de la sustentabilidad de las finanzas públicas y de la propia viabilidad del país son parte de los costos de ese arreglo corporativista.
El costo del corporativismo ha sido enorme y por eso México sigue siendo una economía subdesarrollada, notoriamente injusta y pobre.
© AIPE
Isaac Katz es investigador y catedrático del Instituto Autónomo de México