Tres semanas después de que José Luis Rodríguez Zapatero anunciara "el inicio del principio del fin de ETA", el juez Fernando Grande Marlaska se le cruza por medio al Ejecutivo y ordena la comparecencia del jefe de la banda en su facción ilegalizada por el Supremo. A pesar de que el proceso de paz lleva aparejado la falta de detenciones de etarras desde el mes de agosto, Cándido Conde-Pumpido anuncia setenta y dos horas antes de producirse la citación judicial que pedirá el ingreso en prisión de Arnaldo Otegi y cía. ¿Por qué esta insólita crónica del encarcelamiento anunciado por parte del Ministerio Público?
¿A cuántos encausados por terrorismo en libertad bajo fianza se les anuncia su ingreso en "el mako" con todo un fin de semana por delante? ¿Ignora Cándido lo ocurrido con Josu Ternera –compañero de fechorías terroristas de Otegi y cía– cuando el Supremo le citó a declarar por los atentados de la casa cuartel de Zaragoza y de Hipercor? ¿A qué se debe el cambio de criterio de quien, menos de un mes antes, se negaba hasta el bochorno a prohibir una asamblea nacional de Batasuna-ETA, a menos que fuera un "acto orgánico" organizado por los mismos a los que ahora anticipa públicamente que meterá entre rejas?
Desgraciadamente no se trata de un viraje de la política sobre el terrorismo (que no antiterrorista) de Rodríguez Zapatero. Las huestes mediáticas de Zetapé así lo han confirmado al asegurar que el encarcelamiento de Otegi no rompe "el proceso". Lo que no cuenta la propaganda monclovita es que el Fiscal General de Zapatero ha iniciado con su ostentoso cambio de actitud su viaje a la presidencia del Tribunal Supremo. También callan algo aún mucho más grave. Y es que el Gobierno pretende modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que la actual composición del CGPJ no se prorrogue. Si los plazos marcados se cumplen, a finales de año dejarán activa tan sólo la comisión permanente y pondrán a los actuales vocales del CGPJ de patitas en la calle, para nombrar así un nuevo Consejo del Poder Judicial "acorde con la legítima situación emanada de las urnas del 14-M de 2004".
Entretanto, lo cierto es que, además de irresponsable, el anuncio de Conde-Pumpido es político y antijurídico. Lo hizo sin tan siquiera tener encima las diligencias policiales que avalen su petición de cárcel. Tenemos, eso sí, un Fiscal General del Estado que quiere ser presidente del Supremo y ahora toca vender el giro "copenicándido".