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Columna publicada el 18-09-2005
La posibilidad de conocer la verdad sobre lo que ocurrió el 11-M por la vía judicial tiene un futuro incierto. La Fiscalía proyecta la parcelación del sumario del 11-M para enviar a los a distintos imputados a otros juzgados siguiendo la vieja táctica de la justicia gala. Y es que, a pesar de que todo lo que rodea a la instrucción del 11-M es anómalo e inusual, existen indicios más que preocupantes sobre las intenciones de la Fiscalía sobre el despiece del sumario en varios asuntos diferentes, a imagen y semejanza de los años de la grandeur de la corrupción de Mitterrand y que tan excelentes resultados le dio al amigo de Felipe González ya que jamás se llegaron a conocer a fondo los complejos casos de corrupción que afectaron a sus gobiernos y a él mismo.
En la Audiencia Nacional impera la ley del silencio. Ningún juez ni fiscal se atreve ni tan siquiera a preguntar por el caso que con enfermizo celo llevan el juez Juan del Olmo y la fiscal Olga Sánchez. Incluso a la otra fiscal asignada en exclusiva a la instrucción, María José Checa, se le suministra la información con cuentagotas. Cualquier insinuación sobre el tema convierte al curioso en sospechoso de ser enemigo del Gobierno. Pero todo apunta a que la Fiscalía no tiene en sus planes ni siquiera en pedir el procesamiento de medio centenar de imputados porque harían el caso “inmanejable”. Se pretende así desviar al resto de los acusados a distintos juzgados donde se les abrirán causas relacionadas con el tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, falsificación de documentos o estafa, entre otros.
