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El polvo de las togas de los fiscales

¿Cuánto va a que no se disuelven los consistorios controlados por los ilegalizados etarras?

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Está escrito en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. En su boletín del 17 de octubre de 2007, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo aseguraba: "Se volverán a dar las condiciones para que la resolución aprobada en esta Cámara vuelva a tener vigencia". Ni se dieron ni se verificaron las condiciones, pero el Gobierno negoció con los terroristas con dos muertos enterrados bajo los escombros de la T-4, los cadáveres de dos agentes en Capbreton y las pistolas y la dinamita, robadas en Francia y escondidas en "proyectos de zulos", todavía humeantes.

A esta memorable declaración solemne hay que añadir otra no menos célebre para que no flaquee la tan débil memoria de los españoles tan ahítos de la mal llamada paz de Zapatero. Esta vez fue su colega de puñetas, el ínclito Fiscal General del Estado, quien en sede parlamentaria, de nuevo, aclaró el sometimiento del Estado de Derecho a la voluble voluntad de los políticos de turno. "El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino", dijo Cándido Conde-Pumpido en el Senado. Entonces se trataba de no obstaculizar "el proceso", de llamar a Otegi "hombre de paz" y pasear a De Juana con la novia. El Ejecutivo de Zeta y aledaños quebraron la legalidad para bailar al son de los terroristas.

Ahora, cuando llega la tardía pero imprescindible ilegalización de la marca municipal etarra introducida a traición en las instituciones democráticas, los criminales tienen las arcas llenas. Más de 230 millones de euros sólo por sus casi medio millar de concejales, sin contar con las sabrosas subvenciones del Parlamento de Vitoria. La serpiente tiene sus huevos bien colocados al albur de la teta del Estado, con los millones a buen recaudo.

Con una bomba lapa desactivada en los bajos del coche de un policía, De Juana Chaos "controlado" por Rubalcaba, Arnaldo Otegi agazapado en los aledaños de Loyola y lo que es más importante, un Gobierno a la desesperada por la túrmix económica mundial, ¿cuánto va a que no se disuelven los consistorios controlados por los ilegalizados etarras?

Tres sesiones de deliberación le han bastado los 16 togados del Tribunal Supremo para emitir su fallo de ilegalización de la franquicia etarra auspiciada por el Gabinete de Rodríguez Zapatero. Una ilegalización retrasada deliberadamente por el Ejecutivo, que se pone ahora las medallas. Pero la pregunta es: ¿cuándo volverán las togas de los fiscales a tomar contacto con el polvo del camino? Porque lo que es seguro, como dijo el ministro Bermejo, es que volverán.

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