La caída de Mikel Albizu, Antza, uno de los jefes máximos de la banda terrorista, supone la culminación de ocho años de lucha contra el terrorismo firme, implacable, y eficaz desde el Gobierno de España. El otro, el batasuno Josu Ternera, sigue prófugo de la justicia mientras el tripartito le protege el escaño. Como se recordará, a este responsable de la matanza de Hipercor el PNV lo nombró miembro de la comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco.
Con pinta de profesor universitario, Antza firmó en 1997 con el PNV el pacto de Estella, que llevaba implícita la tregua-trampa de catorce meses y que culminaría aupando al poder al partido de Juan José Ibarretxe. Tras ocupar el palacio de Ajuria Enea, el Ejecutivo de Vitoria quedó hipotecado con ETA. El pacto de Estella, negado cínicamente por la formación heredera de Sabino Arana, desembocó en la desobediencia desde el nacionalismo gobernante al Tribunal Supremo y el enfrentamiento a las instituciones legítimas del Estado. Su fruto final y definitivo es el Plan Ibarretxe. Un nuevo frente nacionalista en toda regla, aunque con sus discrepancias internas ya que para la banda asesina y sus representantes en la cámara autonómica el plan se queda algo corto.
Se cumple así la apuesta que ETA había hecho por escrito en 1993, de aislar al PNV o “ganárnoslo” para que les condujera a la tierra prometida. El plan secesionista que tramita el parlamento vasco supone la ruptura del marco estatutario y la creación de un espacio jurídico nuevo que excluye a los españoles y a los vascos constitucionalistas y donde sólo los vascos “pata negra” disfrutan de derechos políticos.
Mientras el nacionalismo cerraba filas a escondidas y sellaba su alianza secreta, el jefe de la “oficina política” terrorista, promocionado por Javier Arzalluz, consiguió reunirse en 1999 con una delegación enviada por el Gobierno de José María Aznar. En la localidad suiza de Zurich junto con Belén Gonazález Peñalba, hoy también en prisión, Antza departió durante cinco horas con los enviados designados por Aznar: Ricardo Martí Fluxá, entonces secretario de Estado de Seguridad; Javier Zarzalejos, secretario general de Presidencia, y el sociólogo Pedro Arriola. Aquella reunión, en presencia del obispo de Zamora, Juan María Uriarte, fue prácticamente un monólogo de Antza sobre la “secular opresión del pueblo vasco y la negación de sus derechos”. Nada obtuvo el jefe terrorista y suspendió una cita posterior.
De quien sí obtuvo el rédito esperado fue de Josep Lluis Carod Rovira, a la sazón jefe de la Generalitat de Cataluña en funciones cuando se reunió con él en Perpignan. Antza, Ternera y Carod Rovira pactaron que los terroristas mirarían el mapa antes de poner sus bombas y que Cataluña sería zona libre de atentados. Algo que en efecto ocurrió, cuando apenas un mes después de su entrevista la banda asesina se dirigió a Madrid con 500 kilos de explosivos el mismo día que los terroristas islámicos.
Al margen de los pactos con el nacionalismo independentista catalán, la única diferencia entre Ibarretxe y Antza es que el primero busca la secesión desde los despachos oficiales con chaqueta y corbata y el segundo a punta de revólver. Lo grave es que mientras Antza ha estado todos estos años moviendo “el árbol sin romperlo”, el Partido Nacionalista Vasco ha recogido “las nueces para repartirlas”. La detención de Antza y sus colaboradores pone sobre la mesa de nuevo una verdad tantas veces negada por el nacionalismo de marras, que la ETA puede ser derrotada por la vía policial y que así se avanza por el camino correcto. Los arsenales incautados en esta última gran operación antiterrorista en Francia con más de mil kilos de explosivos y miles de detonadores ponen de manifiesto que no es el momento de acercar presos etarras a las cárceles vascas ni lo es el volver a regalarles los títulos universitarios desde la UPV.