La primera sentencia judicial sobre los macroatentados del 11 de marzo que cambiaron el devenir político de España es un auténtico escándalo judicial en toda regla y pone de manifiesto el agujero negro judicial existente en la lucha contra el terrorismo. Si un joven de Jarrai incendia un portal con cócteles molotov le caen de 15 a 20 años de cárcel. Sin embargo El Gitanillo, por haber transportado 20 kilos de dinamita y habérsela entregado a los moros asesinos del 11-M -a sabiendas de lo que hacía- ni siquiera pondrá un pie en prisión. Es una sinrazón, un desafuero, que atenta doblemente contra los 192 muertos del corredor del Henares y los millares de afectados entre heridos y familiares.
Desde que los cachorros del terrorismo etarra iniciaron la senda del incendio de autobuses, los lanzamientos de cócteles molotov o la quema de cajeros automáticos o de contenedores y estos actos fueron incluidos como delitos de estragos y de colaboración con banda armada, la persecución contra los asesinos en cualquiera de sus vertientes ha avanzado considerablemente. Hasta que entró en vigor la Ley del Menor el 13 de enero de 2001 todos iban a la cárcel. El problema llegó con la dichosa ley.