Las medidas de choque anunciadas por nuestro Gobierno el pasado miércoles y que aún no han sido aprobadas por el Consejo de Ministros, se centran en pensionistas, funcionarios y familias; éstas últimas con la supresión del cheque bebé y la reducción en la ayuda a la dependencia. Con ello se pretende alcanzar un ahorro de unos 15.000 millones de euros a finales de 2011 y reforzar el plan rector que nos llevaría a un déficit público por debajo del 3% del PIB en el año 2013.
Lógicamente, cualquier decisión encaminada a incrementar el ahorro y que contempla una reducción del gasto desbocado en el sector público debe verse como un paso en la buena dirección. Pero, ¿el resto de las medidas?, éstas han añadido una carga más al sector privado, y en esta ocasión sobre los hombros de los segmentos de población más débiles, lo que restará empuje a la tenue recuperación iniciada en España en el primer trimestre del año en curso con una flojísima tasa de crecimiento intertrimestral en el PIB del 0,1%.
Pero ahondando en las medidas adoptadas por nuestro Gobierno se puede concluir en que éstas son claramente antisociales. La versión oficial ha sido la de que no hay otra opción; las medidas se han tomado ante la gravedad del momento. Es cierto, el momento es grave y se tenían que tomar medidas de calado suficiente para contener la falta de credibilidad de nuestro país ante unos mercados que cuestionan abiertamente nuestra capacidad de pago; basta con seguir el diferencial de rendimiento de nuestro bono a diez años respecto al alemán que vuelve a estar por encima de los 100 puntos básicos. A lo que hay que añadir la presión por parte de nuestros socios en la Unión Monetaria Europea para obligarnos a tomar medidas drásticas. Todo esto es cierto, pero de entre todas las medidas posibles a tomar, las elegidas son las más antisociales y, peor aún, equivocadas e insuficientes.
Entre las medidas escogidas por nuestro Gobierno, sólo hay un mínimo recorte de 1.200 millones de euros en las transferencias a las comunidades autónomas. Un recorte tan exiguo es una mayúscula equivocación. La única partida donde se podría haber reducido el déficit público de forma importante y sin consecuencia alguna para el ciudadano de a pie, puesto que no tiene que implicar menoscabo alguno hacia los servicios públicos sería la adaptación urgente de medidas para combatir los excesos, las redundancias y las duplicidades entre las comunidades autónomas y la administración central. La Fundación Progreso y Democracia de la UPyD ha estimado que este ahorro podría alcanzar unos 26.000 millones de euros anualmente sin afectar el servicio a los ciudadanos. La desproporción entre lo anunciado por nuestro Gobierno y sus implicaciones hacia el ciudadano, por un lado, y las cifras de ahorro potenciales sin pérdida alguna de logros sociales, por otro, es una clara señal que advierte que nuestro Ejecutivo se vuelve a equivocar con este ajuste. La eficiencia y la eficacia, Sr. Rodríguez Zapatero, importan y ahora más que nunca.
Si profundizamos en el capítulo de las comunidades, cabe observar que la situación puede devenir explosiva en los meses venideros puesto que éstas están totalmente descontroladas. El control sobre las comunidades viene definido por el Proyecto de Ley de Economía Sostenible; ley que todavía no ha sido aún aprobada por el Congreso y que recoge una novedad: en el supuesto de incumplimiento por parte de las entidades locales, éstas tienen la obligación de remitir la información relativa a la liquidación de sus presupuestos a la Administración General del Estado. En este supuesto, se procederá a retener, a partir del mes de septiembre del ejercicio siguiente al que corresponda aquella liquidación, el importe de las entregas mensuales a cuenta de la participación en los tributos del Estado que le corresponda. Pues bien, diecinueve meses es un plazo infinito para derrochar cuanto dinero se estime. Recordemos que España pasó en dos simples años de tener un superávit en sus cuentas públicas del 2% del PIB a un déficit del 11%. Evidentemente, con estas cifras en mano hay que recortar los plazos de control y atar muy corto a las comunidades autónomas por el bien de todos los españoles.
Por otro lado, el ajuste recientemente anunciado por nuestro Gobierno se queda corto y es a todas luces insuficiente, puesto que no da paso alguno para reforzar nuestra tasa de crecimiento en el medio plazo. Sin una tasa de crecimiento positiva y por encima del 2,5%, ni se crea empleo ni se puede repagar la deuda pública, no salimos de la miseria y el coste supone un esfuerzo hercúleo. Para volver a crecer hay que profundizar en las medidas estructurales que tanto y urgentemente necesitamos: las reformas del mercado de trabajo, energía y educación. Sin el acompañamiento de estas medidas estructurales, las medidas de ajuste anunciadas por nuestro Gobierno recortarán aún más el consumo, ralentizarán el crecimiento económico y harán más difícil que salgamos del agujero en que nos encontramos, sin olvidar la penuria a la que ha sido condenada nuestra población más débil.