La Fundación Progreso y Democracia acaba de publicar un libro sobre las duplicidades, redundancias y excesos de un Estado con tres administraciones. ¡Aleluya!, bienvenido sea. Es el primer estudio que empieza a destapar las escandalosas ineficiencias e ineficacias de nuestras administraciones públicas. Es un estudio que debería haberlo llevado a cabo hace tiempo el Estado o aquellas administraciones públicas competentes, dado que son ellas quienes disponen de toda la información para realizarlo en profundidad y de forma completa.

A pesar de ser sólo un primer paso que se centra en las comunidades autónomas, el presente estudio rompe el hielo y apunta a cifras que producen absoluto vértigo. Estableciendo un baremo basado en tres comunidades identificadas como eficientes, el sobrecoste anual estimado para el conjunto de las comunidades autónomas está por encima de los 26.000 millones de euros, o lo que es igual al 2,6% del PIB de España. Es decir, los ciudadanos españoles podrían ahorrase todos los años más de 26.000 millones de euros y, atención, sin perder un solo servicio. Para ello sólo se tendría que poner en marcha las mismas medidas implementadas por las comunidades autónomas reveladas en el estudio como las más eficientes y que no despilfarran el dinero de todos los ciudadanos. 

Si se ponen estos más de 26.000 millones de euros en perspectiva, se entiende el agujero negro que supone el modus operandi del Estado de las autonomías. Ahora bien, los datos obtenidos no deben diluirse en una crítica política sobre el sistema autonómico propiamente dicho, no. El estudio es relevante porque, por fin se pone en blanco y negro cifras económicas concretas y que son consecuencia directa y exclusiva del modus operandi de las autonomías. Ni más ni menos, cifra el monto del enorme derroche que se ha consentido en su nombre. Por ejemplo y buscando la perspectiva de lo que suponen los miles de millones indicados: todo el gasto en la seguridad social del Estado español representa el 3% del PIB, es decir, son cantidades del mismo orden de magnitud que el sobrecoste de las comunidades autónomas, el referido 2,6% del PIB.

Pero ahondemos más en este agujero negro y lo que revela el estudio. Recientemente, el Gobierno del Sr. Rodriguez Zapatero ha indicado la toma de medidas con el objetivo de reducir el déficit público en 50.000 millones de euros durante los tres próximos años. El reparto de tareas las ha establecido en un 80% de reducción para el Estado, dejando la reducción del 20% entre las demás Administraciones Públicas. Pues bien, con los datos revelados en el estudio de la UPyD, los porcentajes de reducción deberían ser justo a la inversa. El 20% para el Estado y el 80% de reducción ajustado entre las comunidades autónomas. Éstas sí pueden y deben apretarse el holgado cinturón que han ido adquiriendo.

El informe clasifica la ineficiencia entre las comunidades autónomas mediante los capítulos de su presupuesto. Así pues, en el Capítulo I (Personal) el sobrecoste detectado es de 12.800 millones de euros, algo más del 1,2% del PIB. De nuevo, el baremo establecido se basa en determinar tres comunidades eficientes que en relación a este primer capítulo son: Murcia, País Vasco y Cataluña. En el Capitulo II (Gasto Corriente), el sobrecoste supera los 13.000 millones, o bien el 1,3% del PIB. Las tres Comunidades más eficientes en relación a este segundo capítulo son Murcia, Andalucía y Castilla y León.

La metodología del informe refleja un estudio valiente pero preliminar. Supone, por ejemplo, que todos los servicios son homogéneos entre las distintas comunidades autónomas cuando esto no es así. Sirva de ejemplo el caso de Murcia la cual no cuenta con oficinas de representación, mal llamadas embajadas, en el exterior como es, por otro lado, el caso de Cataluña. Pero aunque pudiera argumentarse ciertos errores en parte del cálculo, las cifras obtenidas son tan escandalosas que aún reducidas, seguiría siendo un escándalo. 

Los autores del informe no sólo miden la eficiencia, o bien la relación entre los recursos que gasta la administración en su propio funcionamiento en comparación con los recursos que gestiona; también se adentran en el concepto de la eficacia que relaciona los recursos gestionados por la administración y el desarrollo del área gestionada. Desglosando la tasa de crecimiento del PIB de cada comunidad autónoma lo relacionan, entre otras variables, con la ratio del gasto personal y corriente con el presupuesto total. La media nacional de esta ratio es del 46%, es decir, como media nacional las comunidades autónomas gastan el 46% para gestionar el 54% restante del presupuesto. Los autores clasifican las comunidades entre eficientes (menos gasto y mayor crecimiento), previsibles (más gasto y mayor crecimiento), estancadas (menos gasto y menos crecimiento) y gastadoras (más gasto y menos crecimiento). Con tanto gasto espurio en Cataluña, no debe extrañar que esta se clasifique como gastadora, mientras que Murcia brilla como eficiente.

Finalmente, los autores insisten en que este estudio debe considerarse estrictamente preliminar y, por lo tanto, invitan a aquellas entidades que cuentan con toda la información, el Estado y las demás administraciones publicas, a que se pongan manos a la obra y empiecen a detectar dónde ciertamente se pueden ahorrar miles de millones de euros sin menoscabar el servicio a los ciudadanos. La situación actual de crisis económica, unida al elevado endeudamiento del Estado español, hace ineludible adoptar medidas orientadas a maximizar la eficiencia y la eficacia en la gestión de recursos por parte de las diferentes administraciones públicas. Esto es algo que mayoritariamente quiere y se merece el ciudadano español.