Nuestro Gobierno acaba de anunciar una serie de medidas para racionalizar la administración central, reducir el número de altos cargos y reordenar el sector público empresarial. Algo es algo. La finalidad: alcanzar el objetivo de un déficit público del 3% del PIB en el año 2013. Francamente, el objetivo, aunque de obligado cumplimiento, es demasiado ambicioso para estas medidas a todas luces insuficientes; más aún cuando, además, conlleva una segunda intención, tranquilizar a los mercados financieros internacionales. Basta con fijarse y contrastar las medidas iniciadas por nuestros vecinos y la comparativa muestra la escasa relevancia de las nuestras.

Según la Ministra Salgado, las disposiciones aprobadas para la racionalización del gasto público lograrán un ahorro estimado del orden de 16.000 de euros para el año en curso. Cantidad que podría incrementarse hasta un 4% de ahorro en costes de personal de la función pública hasta el año 2013, poniendo límite a la ya anunciada reposición de funcionarios y restringiéndola a un simple 10% del total. Es decir, un ahorro que, de llevarlo a cabo estrictamente y sin subterfugios de contrataciones temporales, supondría un ahorro de cerca de 300 millones de euros al año o lo que es igual al 2% de todo el plan de contención del déficit público; cifrado como objetivo para el año 2013 por nuestro Gobierno en 50.000 millones de euros. 

La acción del Gobierno deja mucho camino por recorrer y no explica cómo va a abordar el resto del déficit. Esto es el primer punto que pone en duda la credibilidad de la medida. Volviendo de nuevo a los hechos de nuestros vecinos, estas medidas quedan muy lejos de la contundencia con que ellos afrontan la situación. En Grecia, por ejemplo, el FMI exige un recorte anual del 16% de gasto en personal, incluyendo la supresión en el sector público de las dos pagas extraordinarias de diciembre y junio. El Gobierno de Papandreu parece dispuesto a aceptar e implementar estas medidas del plan a cambio del paquete económico de rescate. Otra cosa es la huelga general convocada para este miércoles. Veremos que ocurre.

Por otro lado, la situación de Portugal es más relevante para nosotros. Nuestros vecinos lusos se han puesto manos a la obra y decididamente han aprobado la congelación del salario de todos los funcionarios públicos hasta el año 2013 y han cesado las contrataciones de funcionarios nuevos. Junto a esto, han introducido, también, una serie de medidas encaminadas a incrementar los ingresos estatales. El ahorro luso afecta al total del gasto de personal público, es decir, la medida es por lo menos cinco veces más contundente que la española en términos relativos. Ahora bien, nuestros vecinos lusos conscientes de la impopularidad de ésta y otras medidas encaminadas a incrementar los ingresos del Estado y conscientes, por otro lado, de la crítica situación que atraviesa su país, han visto cómo tanto la oposición como el Gobierno de Sócrates unían fuerzas y reclamaban la colaboración a todos los portugueses para poder facilitar su implementación.

Portugal debe servir de ejemplo a España. Sin embargo, hasta la fecha no ha tenido lugar, pese a que España ya está sufriendo la presión de los mercados financieros internacionales, palpable en el incremento del diferencial respecto al bono alemán (por encima de los 100 puntos básicos) y recalcada en la degradación de la calificación de Standard & Poors. A menos que se tomen reformas estructurales de calado la presión exterior no va a ceder. Sorprende observar que es más importante la promesa de un miembro del Gobierno a ciertos colectivos que apuntalar la credibilidad de nuestro Estado. 

Necesitamos severas medidas de contención en el gasto público. Grecia a la fuerza y Portugal en consenso van a llevarlo a cabo. La realidad es que a España le urge actuar. Sin embargo, en España existe un problema adicional de hondo calado: en nuestro país, no sólo el Estado debería de implementar esta disciplina de ahorro, sino también y de forma primordial las comunidades autónomas (CCAA). Hoy por hoy, son las CCAA las que disponen de un presupuesto para su gasto discrecional que supera al Estado en un 75%.

La racionalización de las distintas Administraciones Públicas en España, cuando llegue, debe seguir el patrón portugués y debería de afectar a las CCAA al menos en el mismo grado que a la administración central. De lo contrario, inevitablemente supondrá incrementar el coste de la deuda pública española que varias generaciones de contribuyentes tendrán que sufragar. 

Quizás haya llegado el momento en que los contribuyentes tengamos que decir ¡basta ya! Que se apriete el cinturón el Estado y las CCAA y no el sector privado español.