El incumplimiento de la reglas de Maastricht preocupa a los mercados en general y a los alemanes en particular. Tienen razón, pero los problemas de la Unión Monetaria Europea (UME) y el euro no terminan ahí. Quizá el mayor problema de la UME son los enormes desequilibrios exteriores entre los distintos países de la zona euro, desequilibrios totalmente insostenibles a la larga. Países como Alemania, Finlandia y Holanda, todos ellos con superávit en sus cuentas corrientes y con alta productividad, encuentran su revés en los demás países del euro, y sobre todo en Grecia, Portugal, España, Italia y Francia que tienen abultados déficits exteriores y una baja productividad.

En un mundo donde la convergencia nominal es la prioridad básica y los países infractores están siendo obligados a dar su brazo a torcer, no se puede olvidar que para alcanzar una estabilidad duradera en la zona euro es fundamental reducir aquellos desequilibrios exteriores. En los países del sur de Europa esto supone fomentar el ahorro y la productividad; disposiciones, que por encima de cualquier otra medida económica, ayudarían a generar estabilidad en la zona euro y a componer la Europa potente que todos deseamos.

Pues bien, teniendo en cuenta esta necesidad de la zona euro, sorprende la reacción populista y equivocada de nuestro Gobierno. Tras anunciar un drástico y anti-social ajuste de 15.000 millones de euros, acaba de apuntar de forma vaga e imprecisa que los impuestos subirán "para los ricos", ya que los que más tienen han de hacer un esfuerzo proporcionalmente mayor. Se nos habla de la posibilidad de resucitar el impuesto sobre el patrimonio o subir el de sucesiones, el IRPF o de los SICAV, pero no se concreta absolutamente nada... y, por supuesto, no se aclara que nuestro sistema impositivo ya es de por sí progresivo.

Conviene tenerlo absolutamente claro. Cualquier subida en los impuestos descritos atenta, directa o indirectamente, contra el ahorro nacional y por ello debe considerarse un craso error para una economía como la española, vulnerable y dependiente de la financiación exterior. Las cantidades que se pueden recaudar con estos impuestos son relativamente escasas y casi siempre recaen en las capas medias de la sociedad que no disponen de los subterfugios legales para sortear el temporal. Veamos por ejemplo lo que pasaría con la reintroducción del impuesto sobre el patrimonio. Por lo pronto, habría un estímulo para evitar que ese patrimonio pueda ser objeto del impuesto, lo que seguramente llevaría a una fuga de capitales. Fuga, también alentada por la incertidumbre que supone desconocer qué impuesto y en qué medida sería afectado. Pero, aún más, en el hipotético supuesto de que los capitales no fueran a abandonar el país, la tendencia sería incentivar el consumo de la renta generada en un año antes de proceder al ahorro, puesto que éste sería susceptible de ser gravado. Es decir, todo lo contrario a lo que necesita la economía de nuestro país. 

El aumento de los impuestos que parece proponer nuestro presidente es un remiendo que no resuelve el problema del déficit público y que introduce nuevas distorsiones en la economía. Si se quiere hacer una reforma fiscal en toda regla hay que diseñar un sistema impositivo con todas sus facetas y que intente estimular la creación del empleo y el ahorro nacional. También hay que tener presente que España no es una isla y cualquier modificación en nuestros impuestos, no refrendado por los países de nuestro entorno, abre con seguridad la espita para la fuga de capitales. Antes pasaría un camello por el ojo de una aguja que lograr una recaudación fiscal efectiva a través del aumento de los impuestos descritos.

Si de verdad se quiere hacer algo en el capítulo fiscal que vaya en la buena dirección, tanto para nuestro país como para la zona euro, se debería pensar en reducir las cotizaciones a la seguridad social, compensando de esta forma el incremento del IVA que tendrá lugar el próximo 1 de julio. Esto estimularía el empleo y en principio sería neutral para la recaudación. Otro camino, incluso más potente, sería establecer una lucha determinada contra el fraude. Tengamos presentes las estimaciones que mueve la economía sumergida. Sería lógico que reforzando la inspección y control para evitar la evasión en el pago de impuestos se evitaría la subida fiscal para el resto de ciudadanos que puntualmente sí pagan sus impuestos. Estos dos caminos, reducción de las cotizaciones a la seguridad social y atacar el fraude, son materias que cualquier gobierno sensato debería de estar considerando en el momento presente de acuciada crisis.  Pero, lamentablemente, una vez más a nuestro Gobierno solo parece interesarle posturas electoralistas para compensar una imagen deteriorada por el decretazo anti-social que ha tenido que dictar a las órdenes de Alemania, los EEUU y el FMI.

Sin embargo, también es justo indicar, una vez más, que si los españoles tenemos que afrontar un serio ajuste, con o sin Rodríguez Zapatero como presidente, es justo exigir a Alemania que inicie y estimule el consumo en su país. Esto sí que ayudaría a alcanzar la estabilidad y echaría un capote a la serie de países que tan clamorosamente está reclamando actuaciones la zona euro.