La semana pasada el Gobierno anunció un nuevo plan para reforzar el sector financiero español y especialmente las cajas de ahorro. El objetivo es asegurar un sistema financiero más estable y más sólido para el futuro y es positivo en el sentido de que por fin se reconoce que hay un serio problema en dicho sector. Lamentablemente, las decisiones que se han tomado distan mucho de ese objetivo y no han reforzado ni la credibilidad ni la confianza en España; solo basta echar un vistazo al riesgo país para saber el veredicto del mercado: el diferencial de España vuelve a ensancharse a 225 puntos básicos frente al bono alemán habiendo roto la barrera de 200 antes de anunciar dichas medidas financieras.
¿Por qué no convencen estas medidas? En primer lugar, la imposición para septiembre del año en curso de una tasa del 8% de "core capital" para la banca y entre un 9% y 10% para las cajas es mucho más exigente de lo que promueve el Banco de Pagos de Basilea: un 7% en el año 2019. Parece como si el Gobierno quisiera corregir la falta de credibilidad que ha generado en el mercado azotando al sector financiero a ser el más riguroso de todos. Pero que esto se pueda alcanzar, o incluso si se pudiera, que el esfuerzo vaya a valer la pena, es cuanto menos discutible.
En segundo lugar, si los bancos y cajas no están debidamente capitalizados al día de hoy, ¿por qué esperar hasta septiembre para intervenirlos? No es creíble que algunas de las entidades más débiles puedan hacerse con el capital necesario en poco más de siete meses teniendo en cuenta las dificultades existentes hoy día para refinanciarse. Si hay entidades que están lejos de alcanzar el nuevo objetivo de capital a fecha de hoy, lo más seguro es que no lo alcancen en septiembre.
En tercer lugar, antes de hablar de recapitalizaciones, lo lógico es tener claro las verdaderas necesidades de saneamiento de los balances del sistema financiero. La falta de transparencia del sector financiero es su verdadero talón de Aquiles. El Gobierno reconoce un desfase patrimonial de 20.000 millones de euros. Pero la parte problemática del crédito de los bancos y de las cajas asciende a unos 400.000 millones de euros, casi todo ello relacionado con el sector inmobiliario. Si el ajuste final de precios es del orden de un 20% ó 25%, ajuste que todos esperamos en los precios de los inmuebles, estaríamos hablando de una necesidad de capital de entre 80.000 millones y 100.000 millones de euros. Quizá el Gobierno prevé que solo se necesiten 20.000 millones de euros del sector público, suponiendo que el sector privado vaya a ser quien finalmente ponga el resto. ¿Pero quién va invertir en bancos y cajas sub-capitalizadas sin saber con certeza el tamaño del agujero patrimonial?
En cuarto lugar, y aunque estas medidas lograsen su objetivo, tanta necesidad de capital para cajas y bancos dificultaría y aplazaría aún más la salida de la crisis, ya que resultaría aún más difícil que el crédito fluyera hacia el sector privado y no al financiero.
Por último, sí ha sido acertada la solución de conversión de las cajas en sociedades anónimas. Carecía de sentido tener dos tipos de entidades realizando la misma función pero sujetas a distintas reglas de juego que en definitiva son discriminatorios contra los bancos (las cajas podían comprar bancos pero no al revés). Sin embargo, preocupa mucho un periodo de transición tan largo como el contemplado por el Gobierno para una nacionalización de las entidades financieras: cinco largos años de intervención. Es una invitación a un nuevo foco de corrupción. En la primera columna que escribí para Libertad Digital en febrero del pasado año, indicaba que el problema básico de las cajas era su politización. Bien pues, una intervención que va a durar cinco largos años es lisa y llanamente una formula para perpetuar el problema.