El pacto por las libertades y contra al terrorismo permanecía todavía como el único gran punto de encuentro entre los dos grandes partidos. Si Dios no lo remedia, el buen talante de Rodríguez Zapatero va a conducir a un desencuentro cuyas consecuencias serán desastrosas para España. En el Congreso de los Diputados el presidente Rodríguez Zapatero acusó de deslealtad a Mariano Rajoy porque el Partido Popular, en contra de lo dispuesto en el pacto, ha llevado el terrorismo al debate partidista. Pero el presidente sólo lee del pacto lo que le conviene. Y olvida que todo él se inspira en un principio esencial: que aunque al Gobierno le corresponde la dirección de la lucha antiterrorista, combatir el terrorismo es una tarea que corresponde a todos los partidos políticos democráticos, estén en el Gobierno o en la oposición.
En consecuencia, cualquier iniciativa del Gobierno no consensuada con el Partido Popular que suponga desvirtuar el alcance de los compromisos asumidos en el pacto supone una violación del mismo. El punto 9 del pacto no puede ser más explícito: “El objetivo de este acuerdo, impulsar conjuntamente las libertades y la política contra el terrorismo, exige una colaboración permanente entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, que implica el intercambio de información, la actuación concertada en los ámbitos recogidos en el presente Acuerdo –reformas legislativas, política penitenciaria, cooperación internacional, movilización ciudadana e instituciones- y la búsqueda de posiciones conjuntas ante todos los acontecimientos que afecten a la política antiterrorista”.
El Partido Popular tiene la convicción, basada en algo más que meras conjeturas, de que el Gobierno está inmerso en una operación de diálogo con ETA con la finalidad de poner en marcha un proceso de paz, enmarcado en la búsqueda de un nuevo marco jurídico. Y conviene recordar que dar pasos en tal sentido sin contar con el Partido Popular es contrario al pacto. Como lo es estar dispuesto a pagar un precio político a cambio del abandono de la violencia, como lo serían el reconocimiento del derecho a la autodeterminación y aceptar fórmulas que puedan conducir a corto, medio o largo plazo a la independencia del País Vasco.
El balance del primer año del Gobierno del buen talante –salvo con la mitad de la población española a la que constantemente se arremete desde el poder– no puede ser más desolador. Se ha desactivado la aplicación de la ley de partidos para permitir el acceso al Parlamento vasco de la izquierda abertzale a través de un partido fraudulento engendrado y amamantado a los pechos de ETA-Batasuna. Se ha decretado la defunción del Estatuto vigente como marco de convivencia. Se está dispuesto a abrir un proceso de negociación y diálogo con la finalidad de alcanzar un nuevo marco político para el País Vasco que permita el cese de la violencia terrorista. La figura del Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo parece haber sido creada para neutralizar la oposición de las víctimas a medidas exigidas por ETA tales como el reagrupamiento de los presos y la amnistía final. En medios penitenciarios circula el rumor de que el plan para el acercamiento de los presos podría estar ya preparado.
¿A dónde nos llevas, presidente?