Es increíble comprobar lo poco que aceptan el progreso los que se llaman a sí mismos progresistas. Cuanto más extremistas, mayor es su temor atávico y su rechazo instintivo hacia cualquier avance creado por el ingenio no planificado de los seres humanos para hacer la vida mejor y más fácil. En realidad, el pretendido progresismo se comporta casi siempre como un reaccionarismo rancio que se inquieta ante lo nuevo y trata de expulsarlo.
La guerra declarada contra las nuevas formas de viajar por el extremista partido que gobierna en el Ayuntamiento de Barcelona, con Ada Colau al frente, son un buen exponente de ese reaccionarismo. Personas con talento idean plataformas de economía colaborativa como Airbnb o HomeAway, e inmediatamente aparecen los reaccionarios progresistas imponiendo multas, denuncias y prohibiciones. Esto sucede ahora en Barcelona, pero no duden que algo parecido empezará a germinar en la izquierda radical de otros lugares de Europa y de América.
El ataque no es una ocurrencia de última hora. Ya empezaron hace tiempo a declarar hostilidad hacia estas plataformas que permiten a los propietarios hacer lo que tengan por conveniente con sus casas, y a los viajeros elegir libremente dónde alojarse, encontrando con mayor facilidad precios al alcance de sus posibilidades. Nada les importa la libertad del que alquila ni las oportunidades que genera para el que quiere viajar. Nada les llama la atención en el hecho de que miles de personas decidan de manera libre y consciente que quieren llegar a un acuerdo. Ni les importa el hecho de que en las nuevas plataformas de economía colaborativa el juicio del consumidor es transparente, y permite a los siguientes interesados tomar sus decisiones con un buen conocimiento de las condiciones de lo que van a contratar, gracias a las valoraciones dejadas por los anteriores clientes. Por no importarles, ni siquiera les importa que en torno a un 15% del PIB de la ciudad de Barcelona lo genere el hecho de que haya personas que viajan allí. 100.000 barceloneses, según algunas fuentes, tienen un empleo gracias a que hay personas que pasan unos días en esa ciudad.
¿Por qué, entonces, los reaccionarios del progresismo izquierdista les declaran la guerra? Recordemos lo anunciado: multas de hasta 90.000 euros a quienes alquilen su casa sin pedir licencia a la alcaldesa de Podemos. Promoción oficial de la delación, para así poder echar la red encima de los que ponen su casa a disposición de los visitantes. Campaña, en general, de acoso contra lo que llaman apartamentos “ilegales”, como si hiciera falta una ley para poder admitir a personas en casa de uno.
Si el problema es, como se dice, que desde esos pisos se generan molestias a los vecinos, la solución debería ser sancionar a quien moleste, en vez de prohibir que venga nadie.
Si lo que se reprocha es que los propietarios no pagan impuestos por ello, la solución no es prohibir el negocio, sino reclamarle los impuestos a quien no los pague. O, aún mejor, igualar por abajo la fiscalidad de todo el sector de alojamientos turísticos y que todos paguen menos impuestos.
Y si lo que se persigue es una supuesta deficiencia de calidad de tales alojamientos, yo me fiaría mucho más de las valoraciones que dejan escritas en internet los clientes, que de los gustos y fobias de Ada Colau y sus esbirros.
El verdadero problema es otro. El verdadero problema es que, con estas medidas, la izquierda barcelonesa va a privar a los dueños de pisos de una fracción de su propiedad, y va a privar a los que quieren viajar de oportunidades de hacerlo a un precio acorde con sus disponibilidades. Con razón decía Ludwig Von Mises que el socialismo no construye, sino que destruye, porque en su intento de intervenir y planificarlo todo, destruye la colaboración social.
Para las generaciones que compran en eBay, que viajan con BlaBlaCar, que buscan alojamiento con Airbnb, y que les gustaría poder usar Uber, debería estar claro que su estilo de vida no tiene nada que ver con el supuesto progresismo de la izquierda.