En las próximas semanas todos los alumnos de 6° de Educación Primaria de España se van a examinar de matemáticas, comunicación lingüística (que es como ahora llama la burocracia educativa a la lectura y la escritura), inglés, ciencias, etc. Después de un ejercicio público de presión por parte de las Comunidades Autónomas, no les sorprenderá saber que el Gobierno de Rajoy ha cedido: los resultados de los exámenes serán tan secretos que tendrán "difusión únicamente en su comunidad educativa", según informa Libertad Digital. Dicho de otro modo: que los padres no lleguen nunca a enterarse de si los resultados de cada colegio son buenos o malos. Esto no es ninguna minucia, sino algo muy importante: el Estado se compromete a que los ciudadanos no puedan conocer ni comparar el nivel de aprendizaje de los estudiantes.
Esperanza Aguirre fue la primera, y hasta ahora la única, en traer a España este modelo tan sensato de exámenes externos a los alumnos de determinada edad. Desde el 2005 se hacen todos los años, y han servido como un buen impulso para mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Y también han servido para que padres y profesores puedan conocer mejor cada colegio, y comparar sus logros.
Eso es lo que se quiere impedir a nivel nacional. Randy T. Simmons, en su clásico libro sobre Public Choice que lleva el título Beyond Politics. The roots of Government Failure explica muy bien los motivos por los cuales los organismos y decisiones públicas tienden a generar reglas que favorezcan a los propios burócratas, y no a los ciudadanos que utilizan los servicios, en este caso los educativos. Esta norma claramente trata de evitar inconvenientes a la burocracia educativa, a costa de imponer como obligatoria la oscuridad sobre sus resultados.
Al impedir la publicidad de los resultados de cada colegio en el examen de 6° de Primaria lo que se está haciendo, en realidad, es sustraer al debate público el elemento de juicio principal para saber si el actual sistema educativo en su conjunto -y dentro de él cada colegio público, privado o concertado- logra o no su propósito: que los alumnos aprendan. Ya es muy discutible por qué los individuos han de poner en manos del Estado el poder y los recursos para decidir qué y cómo deben aprender los niños. Pero que el Estado se niegue a mostrar los resultados del encargo recibido es sencillamente injusto.
Más escandaloso aún es si lo miramos desde el punto de vista de unos padres que estén tomando una decisión tan importante para ellos como a qué colegio llevarán a su hijo. Para tomar esa decisión se les está privando de su derecho a conocer el rendimiento de cada colegio. Lo que, dicho de otro modo, responde a un razonamiento tan perverso como el siguiente: yo, Administración, sé que ese colegio no es bueno, pero impido que usted, padre, se entere de ello. Y si su hijo no aprende tanto como le gustaría es su problema. Lo importante es que los burócratas de la Educación no se vean obligados a admitir que muchos colegios no consiguen buenos resultados, porque en ese caso tendrían que someterse a la opinión pública, y quizá admitir que el sistema educativo falla en demasiadas ocasiones.
Un reciente y brillante artículo de Alicia Delibes publicado en este mismo medio ahonda en los orígenes del asalto que los socialistas de todos los partidos emprendieron hace décadas contra el aprendizaje y el conocimiento en la escuela. La decisión de mantener en secreto los resultados del examen a los alumnos de 6° de Primaria es un caso más en el que los intereses de los funcionarios educativos han pasado por encima del verdadero sentido de la Educación: aprender.