Cualquier persona que crea en la libertad individual, en la democracia pluralista y en el derecho a un juicio justo se habrá estremecido con la inicua sentencia a más de trece años de prisión contra Leopoldo López, político venezolano cuyo único crimen ha consistido en ser un disidente de la tiranía chavista. Sin embargo, en estos mismos días se ha emitido otra sentencia bien diferente, de condena al régimen bolivariano, y que merece ser celebrada como un triunfo de la libertad de expresión.
Se trata de la sentencia o dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano judicial de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela, en la que resuelve contra el atropello chavista que cerró por motivos políticos las emisiones de la entonces principal cadena televisiva del país.
Desde entonces un heroico Marcel Granier, propietario junto a otros de Radio Caracas Televisión (RCTV) ha defendido con tenacidad y con acierto su derecho a hacer una televisión que no estuviera de rodillas ante el gobierno chavista. Algunas instituciones como Human Rights Foundation y personalidades como Aznar, Vargas Llosa y no muchos más han respaldado la libertad de expresión de la cadena venezolana. La mayor parte de los intelectuales que suelen posicionarse como "comprometidos" brillaron en esta ocasión por su miserable ausencia, cuando no salieron directamente a defender el dictador como hizo la entonces Directora de la Biblioteca Nacional nombrada por Zapatero, Rosa Regás.
El atropello se ejecuta en la primavera del 2007, cuando la cadena televisiva con mayor audiencia de Venezuela, que venía emitiendo sus programas sin impedimento alguno desde 1953, es finalmente cerrada por las autoridades bolivarianas, revocada la licencia bajo la que operaba, después de varios años de amenazas públicas nada veladas, sino muy explícitas, del propio dictador Hugo Chávez.
Pero la historia empezó unos años antes, como la propia sentencia recoge, cuando un Hugo Chávez recién llegado al Gobierno hace aprobar una Ley Orgánica de Telecomunicaciones que deja en sus manos y con plena libertad la renovación o retirada de las licencias para emitir por televisión, en la era anterior a las emisiones por Internet. Es importante fijarse en que Hugo Chávez tarda poco escasamente un año en hacer una ley que le deja manos libres para presionar, chantajear y eventualmente clausurar televisiones privadas. Deberían tomar buena nota esos periodistas y medios de comunicación privados que han encumbrado a los chavistas españoles. Estos no es que hayan aprendido de Chávez a amordazar a los disidentes, sino que le ayudaron a diseñar la manera de hacerlo.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy clara:
Hubo desviación de poder, ya que se hizo uso de una facultad permitida del Estado con el objetivo de alinear editorialmente al medio de comunicación con el Gobierno". Como sigue diciendo la sentencia, "la finalidad real buscaba acallar voces críticas al Gobierno, las cuales se constituyen junto con el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, en las demandas propias de un debate democrático que, justamente, el derecho a la libertad de expresión busca proteger.
Tenía razón Marcel Granier, que lleva ochos años recorriendo el mundo tratando de que no se olvide el liberticidio chavista. Merece por ello, no sólo que se cumpla la sentencia y se le deje concurrir sin discriminaciones ni amenazas, sino que también merece poder vivir libre en una Venezuela libre.