Rajoy va ser de nuevo presidente del gobierno español. Ha costado un año y un deterioro evidente del sistema político, forzado al máximo hasta conseguir que el parlamento se ajuste al candidato, en lugar de lo contrario. Ya lo ha conseguido: con los 137 diputados del PP y los 32 de Ciudadanos no alcanza la mayoría parlamentaria absoluta, pero la abstención de los diputados socialistas abre la vía a Rajoy para formar un nuevo gobierno. Se duda ahora si será un gobierno estable, si durará meses o años; todo hace pensar que no. Tampoco es fácil saber qué política hará el nuevo gobierno, con un programa de investidura y un pacto parlamentario escasamente concretos, que llegan poco más allá de la apelación a la necesidad de que España salga del impasse político e institucional. Poco se sabe, por tanto, pero hay algo que podemos dar por seguro: el gasto público aumentará, y probablemente no lo hará en una medida escasa, sino que crecerá mucho. Prepare la cartera, amigo contribuyente, y bienvenido a un mundo con muchos partidos en el que ninguno es liberal.
Más del 44 por ciento del PIB español está en poder del Estado, según datos de la OCDE del 2014. Ahí van las pensiones, los hospitales, las universidades públicas, los funcionarios públicos de todas las administraciones, etc. De cada 100 euros, 44 los maneja el sector público, quien evidentemente los extrae de los impuestos que pagan los ciudadanos. No partimos, por tanto, de un gasto público bajo, sino alto, muy alto. Sobre él va a haber una presión constante al alza. Lo poco que el Congreso le apruebe al gobierno de Rajoy va a costar mucho a todos, porque tanto Ciudadanos como el PSOE van a poner siempre como condición que haya más gasto, más servicios públicos, más subsidios. ¿Alguien imagina al Partido Socialista o a Ciudadanos supeditando su apoyo al gobierno a que éste reduzca subvenciones o elimine gratuidades financiadas con impuestos? El PSOE no lo hará, y menos aún con la extrema izquierda de Podemos vociferando en tono revolucionario a su lado. Ni tampoco lo hará Ciudadanos, que pudo haber sido un partido medianamente liberal, pero que eligió ser un partido socialdemócrata más. Basta ver el pacto que suscribió con el PP para permitir la elección de Rajoy.
Pero el propio PP no tiene en este momento un proyecto político de reducción del gasto público. Desde que Rajoy asumió el liderazgo de su partido se dejó de lado la política de libertad económica y responsabilidad individual. El máximo nivel de gasto público como proporción del PIB se alcanzó precisamente en estos años de gobierno de Rajoy, en 2012, cuando llegó al 48 por ciento.
Si el PP tuviera un proyecto político firmemente anclado a las reformas y a la reducción del gasto, podría en algo aguantar la presión de los demás partidos. En 1996 José María Aznar también arrancó un período de gobierno con una precaria minoría y un incierto apoyo parlamentario. Tenía, sin embargo, un proyecto político liberal sólido y explícitamente defendido: bajar impuestos, privatizar y reformar. Al empezar su gobierno el gasto público era un 43% del PIB. Cuando se marchó lo había reducido a un 38%. Cinco puntos menos de peso del sector público, y cinco millones más de empleos creados en esos mismos años: ese fue el resultado de las reformas y de la austeridad.
Se cierra ahora una legislatura en la que Rajoy ha tenido una amplísima mayoría parlamentaria, suficiente para haber aprobado las profundas reformas que España necesita. No se han hecho, con excepción de la reforma del mercado de trabajo. Se ha perdido el tiempo a la vez que se desdibujaba el proyecto político. Ahora, a merced de una izquierda con capacidad para imponer más intervencionismo estatal y mayor gasto público, ha llegado el momento de ver las consecuencias.