En octubre de 2004 fue detenido José Luis Beotegui. Confesó haber cobrado para ETA 6 millones de pesetas de los cocineros Juan María Arzak y Pedro Subijana en concepto de extorsión, el llamado "impuesto revolucionario". Dijo también Beotegui que no estaba seguro de si los también cocineros Carlos Arguiñano y Martín Berasategui habían llegado a pagar la extorsión a la banda.
Los dos primeros cocineros fueron llamados a declarar en calidad de imputados por colaboración con banda armada y los otros dos, en calidad de testigos, al no estar demostrada esa colaboración.
Pese a que, a primera vista, estamos ante un acto terrorista en el que los cocineros serían víctimas de ese terrorismo, la Justicia entiende que el extorsionado tiene el deber de denunciar el hecho delictivo y no permitir que el dinero llegue a una banda que lo usará para su único cometido: matar. Sucede lo mismo, con los debidos matices, cuando se paga el rescate de un secuestro.
En la fase de calificación del delito, la Fiscalía pidió el archivo de la causa al no haber podido encontrar prueba alguna de que esos pagos fueran efectuados. Finalmente, los cocineros no fueron procesados. Son inocentes. Faltó la prueba, que de existir pudo haber sido inculpatoria de un delito de colaboración con banda armada aunque, seguro, habría provocado mucha discusión.
Pero el caso del chivatazo no permite la discusión que pudo suscitar el caso de los cocineros. En el Faisán nadie cae presa de la extorsión: "La bolsa o la vida". Ni siquiera se hace la vista gorda ante una actuación delictiva: delito por omisión. En el Faisán se actúa: policías hacen de centinelas de ETA o. como se dice en el argot, dan el agua a los etarras: ¡que vienen los maderos!
Una vez más en la historia judicial de España, que empieza a ser la historia de España a secas, se salva al autor intelectual de un grave delito y se hace traje a medida al autor material. El primero, simplemente, se esfuma; y al segundo se le sirve la coartada: "El proceso". Y la Audiencia otorga. Por qué se diera el chivatazo no es cosa que tengan que valorar los jueces, a no ser que los delitos ahora necesiten razones. En pleno "proceso" de Zapatero con ETA, Cándido Conde Pumpido presumía de vestir guardapolvos en vez de toga. Marcó tendencia.