Según parece, lo único ilegal en Cataluña está por venir. Y el Gobierno lo tiene todo listo para poner al Constitucional frente a la Generalidad ante una eventual violación de la Ley. Es más, este viernes a mediodía, la vicepresidenta del Gobierno advertía del hecho de que ni siquiera se había producido todavía la violación en sí misma y aprovechaba para hacer "un llamamiento".
Es costumbre en España que las cosas sucedan mientras los políticos juran que no lo van a permitir. Han comprobado que al día siguiente vuelve a salir el sol, no enmudecen los pájaros y el agua cae de la ducha como siempre. El país sigue en pie. No consentiré que me bajéis los pantalones, dijo con firmeza el hombre desnudo.
No se pagará precio político por el fin de ETA, se repitió en uno y otro gobierno. Y no se hizo otra cosa y no se acabó con la banda, que no mata porque ya puede gobernar. El PSOE de Zapatero ya venía pergeñándolo desde la oposición y desde el mismo momento en que rubricó aquel Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo que en su preámbulo prohibía a los firmantes hasta pactar con el PNV. Ha llovido mucho y se han anegado muchas calles desde entonces. Pero desde el momento en que se rechazó el Plan Ibarretxe en sede parlamentaria –con grandes discursos, hoy vacíos– el Gobierno de España comenzó a rendirse ante los separatismos vasco y catalán. El Estatuto de Cataluña y la llegada al poder de una banda terrorista apenas ya camuflada bajo siglas han sucedido ante nuestras narices. Pero al día siguiente salía el sol y cantaban los pájaros y funcionaba la ducha. España no se va a romper y los pantalones siguen en su sitio. No hay precios políticos. Las líneas rojas no se sobrepasan.
Esta semana la actualidad vino marcada por dos hechos: el referéndum escocés y la ley de consultas del Parlamento catalán. Y había que unirlos en análisis para obtener conclusiones según el interés de cada quien. Escocia y Cataluña; Cataluña y Escocia. Son distintas sí, y Cataluña tiene un autogobierno imposible de imaginar por los escoceses. Ya, pero, ¿en Escocia se viola la Ley común? ¿Se actúa por la vía irreversible de los hechos consumados? ¿Se practica la desobediencia y se llama pública y explícitamente a hacerlo en lo sucesivo? ¿Se pisotean las decisiones de los altos tribunales? Pues esa es la diferencia de verdad, que en Cataluña el supergobierno hiperautónomo con el que soñarían los escoceses sí lo hace. Desde hace mucho tiempo. Esa diferencia no la han querido esgrimir.
Lo ilegal en Cataluña no está por venir. Cada día crece el inventario de lo violado y lo consentido en todos los ámbitos, no sólo en el de la lengua. Sentencias del Supremo, del Tribunal Superior de Justicia y resoluciones del supuesto guardián de la Constitución han sido sistemáticamente ignoradas por el gobierno de la Generalidad. Se han creado instrumentos oficiales para la desobediencia dotados de presupuestos y cargos ejecutivos con nombre y apellidos. Jueces en ejercicio asumen la labor de redactar su Constitución. Exhiben los planes de su futuro Ejército, de su Agencia Tributaria, de su Ley. Se han construido su estado paralelo. No es que incumplan la Ley, es que tienen la suya y lo demás es injerencia.
Todo esto sucede, aunque mañana amanezca, porque nadie ha querido sacar la tarjeta roja ni siquiera por acumulación de amarillas, que tampoco se han mostrado. Mariano Rajoy no es el problema. Tampoco Mas. Visto lo visto, nadie se atreve a ejercer el lado duro de la democracia, necesario para nos lleguen sus beneficios. Se prohibirá el referéndum y quizá no se celebre el día 9 de noviembre pero ya asoman las formas de eso que el diario El País llama "el encaje de Cataluña en España" –o al revés– y que llegará sin que algunos se den cuenta o cuando nos pongan a discutir sobre el referéndum ilegal en Euskal Herria.
Al comparar lo sucedido en Escocia con sus anhelos ha dicho Artur Mas: "¿Qué nos falta a nosotros?". Pues cumplir la Ley. Y que se lo exijan, claro.