El último atentado de ETA es contra la dignidad y quedará impune. Para la banda, el pueblo está formado por terroristas. De ahí que zulo, palabra que usamos alegremente cayendo en su trampa, signifique "cárcel del pueblo". En los años ochenta, muchos periódicos nacionales aún no hablaban de zulos y transcribían directamente el término en español, ya fuera al describir escondites para sus armas o para los casi cien secuestrados por la banda: "La Policía descubre una cárcel del pueblo en…". Pocas veces o ninguna hemos dicho o escrito simplemente "escondite". Es sólo un detalle más que se une a las otras trampas en las que hemos caído: comando, aparato militar, miembro legal de ETA, conflicto vasco, lucha armada, tregua…
En un comunicado enviado el viernes a la BBC, ETA dice que devuelve "al pueblo" las armas que tomaron para liberarlo. En ese pueblo liberado no hay familias del millar de asesinados o las decenas de miles de heridos en atentados. En su argumentación, los terroristas devuelven las armas a los que nunca han dejado de tenerlas a su entera disposición. De hecho, así era como muchos llegaban a empuñarlas: empezaban como pueblo quemando cajeros cubriéndose el acné con pasamontañas o una kefia, pintando nombres en dianas –marcando objetivos– hasta que un día necesitaban oler la pólvora más de cerca y pasaban por las oficinas de reclutamiento donde lo mismo se toma un zurito que se da una propina para un preso o se financia una Glock: las herriko tabernas,las tabernas del pueblo. Este es el pueblo de ETA y ese, su desarme. Según dicen en el comunicado del viernes:
Tomamos las armas por el pueblo vasco y ahora las dejamos en sus manos para seguir avanzando dando pasos al objeto de lograr la paz y la libertad de nuestro pueblo
Cárceles del pueblo, tabernas del pueblo… armas del pueblo. No las entregan a la Guardia Civil sino a la "sociedad civil", como dice la banda en otro fragmento de su invitación a la fiesta de despedida impune tras casi mil muertos.
Pero al oír hablar de armas en poder del pueblo me viene a la memoria un acto del Foro de Érmua, allá por 2005, en el que Mikel Buesa, profesor de Economía y hermano del dirigente socialista vasco Fernando Buesa asesinado cinco años antes por ETA, dijo:
Las víctimas pedimos justicia porque hemos renunciado a la venganza.
La justicia, y más si es rápida, consigue contener el lógico impulso humano tras el asesinato de un ser querido. Por eso Buesa siguió confiando en la actuación policial contra los terroristas:
[La venganza] no es necesaria en un Estado democrático porque el Estado ejerce la violencia legítima sobre los delincuentes.
Zapatero ya estaba entonces inmerso de lleno en la negociación con ETA –llevaba en ello desde 2000, desde que ETA asesinó a Fernando Buesa, político de sus filas– y comenzaba a pagar los plazos de la sangrienta hipoteca a la que ahora se ha subrogado toda la clase política. Sigue hablando Buesa:
Ahora bien, si el señor Rodríguez Zapatero nos va a decir ahora, por ejemplo, que los tres que mataron a mi hermano pueden ser excarcelados porque ETA ha decidido que a lo mejor tiene una tregua durante ocho meses o cuatro meses o seis meses, entonces yo ya no reclamaré la justicia.
Las palabras de Buesa fueron pronunciadas en la sede nacional del PP recién llegado a la oposición, tras una reunión del Foro de Érmua con el entonces secretario general del partido, Ángel Acebes, y el todavía presidente del mismo, Mariano Rajoy. El triste balance es que no ha habido justicia desde entonces. El mero hecho de que haya más de 300 asesinatos sin resolver y de que la banda pueda reírse de vivos y muertos con el teatro del desarme "en manos del pueblo" así lo certifica. Tras acosar a la banda con eficacia durante mucho tiempo se llegó a la decisión de evitar su muerte reanimándola con un "proceso" que alguien tendría que explicarnos. Porque lo empezó Zapatero pero se hizo vinculante y del caso De Juana Chaos se pasó al caso Bolinaga como si fuera Ley. Todo eso requiere una aclaración que me temo inconfesable. Desde entonces hemos consumido años denunciando el precio de las negociaciones con ETA mientras lo pagábamos, alertando de lo que no debía pasar cuando ya había pasado.
Muy pronto, a primeros de julio, conmemoraremos el vigésimo aniversario de dos hechos que conmovieron al mundo civilizado: la liberación por la Guardia Civil de José Antonio Ortega Lara tras 532 días de secuestro –Bolinaga fue su torturador– y el asesinato a cámara lenta, diez días después, de Miguel Ángel Blanco. Muchos celebrarán que hemos llegado a esa fecha con ETA recién desarmada y vencida por la democracia. Otros dirán la verdad al recordar quién ha terminado ganando el pulso de aquel fatídico mes de julio. En la lucha contra ETA, el Estado ha acabado fallando a las víctimas –pese a lo cerca que estuvo de repararlas– al renunciar a la Justicia, el único dique que contiene a la venganza, inevitable sentimiento primero ante el cadáver de un hermano.
Por la profunda convicción democrática de las víctimas Txapote, el asesino de Miguel Ángel Blanco, de Goyo Ordóñez y de Fernando Buesa podrá visitar a su padre enfermo sin temor a la venganza. Tampoco temerá a la Justicia, arropado por el Estado y por ese "pueblo" al que ETA ha devuelto sus armas para que a nadie se olvide a quién sirvieron, a quién mataron y en qué manos siguen.