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Los aristopresos y el 155

A la cárcel sólo van los pobres, y los ricos si son del PP. Lo demás es represión franquista.

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Suenan las cacerolas. Antiadherentes, de acero inoxidable y asas bañadas en oro. Es la música de la revolución de cinco estrellas, la asonada de mármoles y parquets flotantes, de esteladas que tapizan balaustradas nobles y áticos de a millón. A la cárcel sólo van los pobres, y los ricos si son del PP. Lo demás es represión franquista. Y tras las cacerolas nos hacen los pucheros para la tele y quiebran la voz para la radio: "Lucharemos hasta el final", sollozó Marta Rovira sin despeinarse bajo la ¿atenta? mirada de Rufián, que en ese preciso minuto sí defendía al Judas de Gerona y al resto del gobierno revolucionario en la sombra.

Pero resulta que los aristócratas golpistas merecen la cárcel porque han violado la ley aun habiendo disfrutado del privilegio de la negociación ad nauseam, del beneficio de la eterna duda monclovita y de los trapicheos de Santamaría. Merecen la cárcel porque anunciaron que desobedecerían y lo hicieron, porque tenían un plan detallado para ello. Merecen la cárcel por delito con las agravantes de premeditación y alevosía.

Y la merecen además en grado preventivo, porque su presidente, Carles el Belga, ha dejado claro que el riesgo de fuga es de libro. Puigdemont lloró la injusticia leyendo desde la recepción de un motel un mensaje para la Al Jazeera pirenaica, salvada del 155 en pro de unas elecciones com Déu mana.

Merecen la cárcel preventiva en la que están y, sin tardar mucho, la que les condene. Y la merecían mucho antes y muchos más. Por marcar, perseguir y castigar a empresarios que rotulaban sus negocios y productos en castellano. Por adoctrinar desde los colegios durante décadas en el odio a España y en la supremacía del catalán puro frente al invasor. Por amedrentar a periodistas e impedir la libertad de expresión vetando la existencia de medios de comunicación críticos. Por robar dinero público a manos llenas. Por presumir de incumplir la ley. Por su xenofobia, por su corrupción. El delito no se cometió la semana pasada.

Hasta aquí la vergüenza ajena por las lágrimas de cava y el irrefrenable regocijo por el hecho de que unos delincuentes pasen noche en el talego y que esa sea su condena después del juicio.

Pero diciembre será otra cosa y por eso sigo criticando que el artículo 155 se aplique para convocar unas elecciones tan cercanas que no casan con la vocación de reinstaurar el orden constitucional. Si fuera que hoy estamos en la división de Poderes, el Judicial está haciendo su trabajo independientemente de que perjudique o beneficie a esa particular aplicación del artículo 155. Son el Gobierno y sus socios coyunturales los que han facilitado una relación de causa y efecto al poner las miras a sólo 50 días de distancia.

Haya o no una candidatura común separatista, el frente antiespañol querrá hacerse notar y contar. Podemos, que está en pérdida crítica de apoyo popular, ya tiene "presos políticos" para reconducir su fracasado mensaje. Le negaron tal condición a Leopoldo López porque tramar contra el régimen de Maduro era propio, según ellos, de delincuentes pero eso, ya se sabe, no es obstáculo para su razonamiento. Ahora los pijos de extrema izquierda por fin pueden converger con la causa separatista sin entrar siquiera en el separatismo. Volverán las tiendas de campaña, las asambleas de iPhone X y la veneración a filósofos de la talla del Follonero, antaño discutible payaso profesional hasta que halló el camino de la seria incompetencia intelectual, mucho más rentable. Si TV3 falla por luto, el adoctrinamiento adolescente se subcontrata con Motos. El corto plazo, y más si es electoral, lo manejan a las mil maravillas. Y, desde luego, si el escenario final puede perjudicar de alguna manera a Mariano Rajoy, el PSOE se habrá apuntado a la fiesta antes de que en La Moncloa lo consideren una posibilidad.

El Gobierno ha querido pues, enfrentarse al inevitable debate sobre los posibles efectos adversos entre el 155 y unas elecciones cuando lo importante era que la Constitución contempla la asunción de competencias de forma exclusiva por el Estado hasta que se restaure el orden legal en la comunidad autónoma que ha incurrido en violación. Sin ese orden y con el control de los aparatos separatistas intacto –recuerden TV3– hay muchas posibilidades de fracasar.

"No sé yo si alguien con tantos amigos en la cárcel es muy de fiar", le dijo Iglesias a Rajoy en el reciente debate de moción de censura. Se refería, claro, a los presos del PP, que son los únicos que, según él, merecen patio vallado. Hoy esa frase cobra un nuevo significado.

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